Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), presentó este lunes una denuncia ante la Procuraduría para que investiguen una alegada mafia millonaria en los tres corredores de transporte público que han sido inaugurados recientemente.
Mediante una instancia, el dirigente choferil aseguró que con el nuevo sistema de transporte en las avenidas Winston Churchill, Núñez de Cáceres y Charles de Gaulle, se han incurrido una serie de violaciones a la leyes, entre ellas, sobrevaluaciones, aplicación de un peaje sombra, monopolios y la alteración de los precios de los autobuses importados para usarlos en los corredores, para beneficiar a «un grupito».
«Una mafia que involucra sobreevaluaciones de autobuses entre 20 y 40 mil dólares para beneficiar a un grupito de funcionarios funcionarios pasado y presente», manifestó Hubieres al hablar con la prensa previo a depositar el documento.
«Por ejemplo, en el corredor de la Charles, de más de mil personas, agarran a 10 personas, lo constituyen en una empresa para que sean dueños de todo, eso se llama robo», dijo el dirigente choferil, que se hizo acompañar de decenas de personas.
Además, en la instancia indicó que se debe investigarse a la exdirectora y al actual titular del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos y Rafael Arias, respectivamente, así como a sus respectivos consejos administrativos.
También precisó que se ha despojado a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) de sus propiedades para dárselas a «tigres aunque lleven el nombre de empresarios».
En la denuncia presentada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, el dirigente manifestó que «estamos en presencia de una estructura conformada entre particulares, funcionarios públicos, así como exfuncionarios pertenecientes a la presente y pasada gestión de gobierno».
Calificó estos como asociación de malhechores, colación de funcionarios, estafa y robo al Estado, por lo que piden a las autoridades del Ministerio Público iniciar una investigación al respecto.
