Identifica a militares que supuestamente desviaron fondos

Los 13 imputados están arrestados desde el miércoles a espera de que un tribunal les conozca medida de coerción.
El órgano acusador presentó testimonios de unos 30 alistados como prueba contra imputados caso Coral 5G

Durante las diligencias investigativas y los interrogatorios que se han realizado, los fiscales anticorrupción han identificado a varios de los militares que presuntamente fueron usados para distraer fondos de entidades castrenses.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha dicho que estos alistados figuraban en las nóminas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización que presuntamente dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

El órgano acusador no solo ha interrogado a los militares para comprobar los ilícitos que le atribuyen a Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otros oficiales, sino que presentará estas declaraciones ante los tribunales.

En el documento presentado ante el tribunal que le conocerá medida de coerción a Torres Robiou y los otros 12 arrestados durante la Operación Coral 5G (una continuación del caso con el mismo nombre y que llevó a la cárcel a Cáceres Silvestre y otros seis imputados), la Pepca aporta como prueba el testimonio de al menos 30 de estos militares, así como otras “informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso”.

Los recolectores del dinero

Explican que los agentes de distintos rangos indicaron que la mayor parte del dinero que recibían a través de nómina sin trabajar, debían ser entregados mediante transferencias a varios “recolectores”, entre ellos el teniente Vicente Girón Jiménez (hermano del mayor Raúl Alejandro Girón, imputado en la trama desde mayo y que está colaborando con el Ministerio Público); el primer teniente Johan Camacho, el teniente Wilber Batista y el mayor Anselmo Vásquez Mejía, quienes aún no han sido apresados.

Uno de estos testimonios asegura que el primer teniente Johan Camacho (antes mencionado) hizo que a partir de mayo de este año le depositaran por concepto de nómina a otro primer teniente la suma de RD$30,000, de la cual solo se quedaba con dos mil y los otros RD$28,000 debían serle transferido.

Sobre las múltiples transacciones provenientes de los fondos sustraídos del Cusep y el Cestur, aunque solamente se ha identificado a una sola persona, el Ministerio Público asegura que otras autoridades bancarias ayudaban a que estas no levantaran sospechas.

En su investigación, el órgano de persecución penal ha dicho que las operaciones financieras, llevadas en su mayoría en efectivo, con dinero desviado de los referidos cuerpos castrenses, de los cuales se habría beneficiado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y los demás imputados en los casos Coral y Coral 5G, no levantaron ningún tipo de alerta o reporte, debido a que autoridades bancarias guardaban “una estrecha relación con parte de los miembros de este grupo criminal”, las cuales facilitaban la realización de estas transacciones.

Los fiscales anticorrupción no establecen la cantidad de funcionarios bancarios involucrados y solo explican que entre estos está Esmeralda Ortega Polanco, quien fue arrestada y le sindican ser “la jefa de las operaciones bancarizadas para poder mover las transacciones ilícitas en el sistema bancario”.
Bancaria relacionada con Núñez de Aza, cerebro financiero

Según indican, Ortega Polanco, alias 550, desempeñó la función de gerente de Oficina en la sucursal del Banco de Reservas, ubicada en la avenida Venezuela, municipio Santo Domingo, en la cual supuestamente se realizaban la mayoría de las transacciones bancarias por parte de la estructura militar criminal, por instrucciones del coronel Rafael Núñez de Aza, preso en Najayo por el mismo caso (desde mayo), y quien alegadamente mantenía un vínculo de amistad con la encartada.

Núñez de Aza, supuestamente es el cerebro financiero de la red de desvío de fondos del Cusep, el Cestur y hasta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). La organización estaría liderada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, quien también está cumpliendo prisión preventiva.

La solicitud de medida de coerción indica que el mismo esquema de desvío de fondos, que también implica la simulación de contratos y viáticos con funciones falsas, habría sido implementado en el Consejo Nacional de la Niñez (Conani) por su exdirectora Greybby María Cuello Coste, quien es esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, detenido el pasado miércoles.

De acuerdo a la Pepca, Torres Robiou en componenda con su cónyuge Cuello Coste buscaban, a través del nombramiento de Núñez de Aza como director financiero del Conani y de otros militares, replicar la misma estructura financiera de corrupción que mantenía en el Cestur.

En el documento explica que Cuello Coste no consiguió estos nombramientos pues instituciones como el Conani no admiten que militares sean designados en cargos administrativos. Ante esto, dice el órgano acusador, cambió las designaciones para hacerlas compatibles con funciones militares, sin embargo, agrega, en la práctica Núñez de Aza ocupaba la función de director financiero, cargo que ejercía al mismo tiempo en el Cusep.

La Pepca explicó que según los reportes de ejecución presupuestaria del Conani, entre abril y agosto del 2020, cuando Greybby Cuello Coste (no apresada) era la directora y el imputado Núñez de Aza era el encargado financiero de manera secreta, la institución manejó recursos por alrededor de RD$405,434,966.59.
También, indican que muchas veces la tarjeta de crédito de la exdirectora del Conani fue pagada con dinero del Cestur, entidad que era dirigida por su esposo Torres Robiou.

La Pepca solicita la fusión de los dos expedientes

El ministerio ha pedido la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los 13 arrestados durante la Operación Coral 5G.
El jueves en la mañana la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer la medida de coerción.

El órgano acusador también solicitó al referido tribunal que por economía procesal y por tratarse de la misma red criminal ordene la fusión de este proceso con el del mayor general Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Tanner Flete, el mayor Raúl Alejandro Girón y el sargento Alejandro Montero, implicados en el caso Coral y sometidos a la justicia en mayo pasado.

Los cargos que pesan contra los 13 encartados

Además del general Torres Robiou, exdirector del Cestur, son imputados en el caso Coral 5G (una continuación del otro con caso con el mismo nombre), los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, quienes fueron subjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Son acusados por el Ministerio Público de coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato. También tienen la misma acusación el capitán de Navío Franklin Mata Flores, los coroneles Carlos de la Cruz y Miguel Ventura; el teniente Erasmo Pérez Núñez y Kelman Santana. También el mayor José Rosario Pirón y la primer teniente Jehohanan Rodríguez. En tanto, están acusados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega.

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