A propósito del financiamiento a los candidatos y candidatas en procesos electorales a nivel de precampaña y campaña, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, explicó que la ley actual establece topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación.

“Por ejemplo, las informaciones que manejamos desde nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas, fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope”, reveló Jáquez Liranzo.

Ante esto, recordó que la propuesta de la JCE contempla en el caso de los topes, reducirlos en la precampaña en un 75 % y en la campaña a un 65 %.

“Por ejemplo, si fuese un candidato presidencial el tope sería en una precampaña, de aproximadamente unos 500 millones de pesos, nosotros proponemos reducirlo a unos 200 millones de pesos; pero también se reduce el tiempo de la campaña de 115 días a 60 días. Ya en la campaña proponemos 65 % de reducción, pasaría de 900 millones de pesos aproximadamente, a unos 400 millones de pesos”, explicó.

Ante la observación de si se presenta la oposición de los partidos en esta parte de la propuesta, Jáquez Liranzo recordó que hay una realidad y una doble partida destinada a los candidatos (financiamiento privado y público).

“Usted va a recibir fondos del Estado y estos son los gastos que hacen individualmente los candidatos y candidatas para su precampaña y campaña, que normalmente se agencian de esa contribución privada”, dijo. Apuntó que esa fiscalización debe ser, según la propuesta de ley de la JCE, cada dos semanas a partir de la proclama con un registro y un software de contabilidad y auditoría que debe ser estandarizado.

Señaló que incluso partidos políticos que han ido a la JCE han dicho “nosotros estamos totalmente de acuerdo en ser fiscalizados”.

El presidente de la JCE explico que entre las sanciones en caso de que un candidato o candidata viole lo establecido a los topes de financiamiento, la propuesta de modificación a las leyes de Partido y de Régimen Electoral contempla multas e inhabilitación de la candidatura para el periodo vigente y también el próximo.
“El que no hace el reporte, que ojalá sea digital, porque la documentación se borra… si no cumple con esto podría ser inhabilitada su candidatura al cargo de elección popular al que usted aspira con una multa de 100 a 200 salarios mínimos”, dijo Jáquez Liranzo.

Unidad de Fiscalización pasó a ser Dirección

Jáquez señaló que en la ley vigente encontraron una Unidad de Fiscalización que a su vez dependía de la Dirección Financiera de la JCE que reportaba al Pleno. “Inmediatamente llegamos a esa unidad le dimos categoría de Dirección y que despache directamente con el Pleno. Segundo, ahí mismo dijimos que esa unidad de fiscalización no podía exclusivamente solo fiscalizar el año electoral, sino cada mes de todos los años. Eso es con relación a financiamiento público”.

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