TParticipación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reclaman transparencia sobre los procesos de compras en el estado de emergencia.
El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó ayer al presidente Danilo Medina mayor preción y detalles en las acciones ejecutadas, para así determinar su alcance, costos y efectividad.
En un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil indicó que espera que la comisión bicameral designada para tales fines ejerza su función de fiscalización y seguimiento ante los poderes especiales otorgados al Presidente de la República.
“Luego de cursar una solicitud, Participación Ciudadana recibió de la comisión bicameral el primer y segundo informe remitido por el presidente Medina al Congreso. Estos contienen una larga relación de actividades y medidas tomadas desde la declaración de emergencia, la mayoría de las cuales son ya de conocimiento público, pero carecen de información financiera, económica y estadísticas que permitan medir su efectividad y costos”, sostuvo.
Entre las exigencias de Participación figura una relación de las donaciones recibidas por el gobierno, por fuente y montos, así como los nombres de las instituciones y organizaciones a las que fueron destinadas. También partidas presupuestarias que han sido afectadas y detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos públicos destinados al combate de la pandemia y a la asistencia económica a instituciones y personas.
También información de las compras efectuadas bajo el amparo del estado de emergencia, por empresa y montos.
Finjus demanda modificación ley
La Finjus demando una modificación de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas para mejorar los mecanismos de transparencia.
“La sociedad ha planteado la urgencia de que esa importante ley y sus reglamentos sea reformada sustancialmente de manera que puedan evitarse las irregularidades en los procedimientos, la falta de transparencia y la distracción de los recursos públicos hacia intereses particulares, especialmente en la actual coyuntura de crisis que ha generado la pandemia”, sostiene en un comunicado firmado por su presidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Aseguró que desde el año 2017, existe un anteproyecto legislativo que ha sido analizado por distintas instituciones del Estado, y que ha contado con el visto bueno de importantes instituciones sociales.
