SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este domingo que depositó en la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
El órgano judicial acusó de incurrir en esa actividad ilícita a los exfuncionarios de CORDE, el exdirector de esa entidad, Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas SIDENET S.R.L., Inversiones Fernández Parache y Asociados, S.R.L (INFEPA), TITULATEC S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
Solicitó que se dicte auto de apertura a juicio en su contra, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los acusa de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual destacó fueron encontradas pruebas suficientes y con méritos para que los encartados sean enviados a juicio de fondo, ya que las mismas los vinculan a la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, mediante maniobras fraudulentas en la que resultaron estafadas miles de familias residentes en ese populoso sector.
Resultó que la acusación se sustenta en las declaraciones de 52 testigos, que incluyen funcionarios públicos de diferentes instituciones, moradores del sector Los Tres Brazos en calidad de víctimas, peritos, técnicos, agrimensores, agentes policiales y toda persona con información útil sobre el proceso.
La acusación establece que un grupo de funcionarios públicos conformados por los exdirectivos de CORDE, la ex directora nacional del Registro de Títulos y dos agrimensores se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano vendiendo todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a precios pírricos a un grupo de empresarios agrupados en la compañía INFEPA.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que harán los mayores esfuerzos para que este hecho no quede impune y dijo que “todo aquel, sea quien sea, que haya infringido la ley, tendrá que enfrentar las consecuencias”.
Reiteró “Los que queremos un país mejor somos más y más fuertes que quienes lo traicionan. Creo en nuestra nación y creo en la voluntad de su gente. Igual que en otros casos, seguiremos trabajando, sin miedo y sin tregua, para que estos imputados sean enviados a juicio de fondo. El Estado dominicano y las familias del sector Los Tres Brazos pueden estar seguros de ello”.
Jean Rodríguez reiteró el compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que llamó a la sociedad a estar vigilante del curso que seguirá llevando este caso en los tribunales.
