Organizaciones de provincias fronterizas reclaman atención del Gobierno para desarrollo de la zona

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Organizaciones de siete provincias fronterizas reclamaron este martes en el Palacio Nacional la intervención del Gobierno para que se extienda el período de la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo para que en la zona continúe el avance y se sigan instalando empresas.

Dirmaris Cuello, vocera de las organizaciones protestantes, dijo que el retiro de los incentivos afectaría en gran medida a las compañías que operan bajo ese amparo y de otras que pretenden instalarse.

Explicó que con las empresas que operan en la zona fronteriza se generan unos 16 mil empleos directos.

Los pobladores de las provincias Bahoruco, Pedernales, Independencia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi  y Elías Piña, que trasladaron al Palacio Nacional abordaron un autobús a las 2:00 de la madrugada para entregar un documento al presidente Luis Abinader, para que se mantengan los incentivos.

Advirtieron que no están dispuestos a perder lo que les ha costado tanto. No permitiéremos que se mutile el avance y desarrollo que tiene la provincia Santiago Rodríguez y que tenemos seguridad que es el sentir de todas las provincias fronterizas, que tienen empresas acogidas a la Ley.

Invitaron  a los ciudadanos fronterizos a levantar su voz, en todos los escenarios que les sea posible para que los incentivos de esta ley, no mueran.

Indicó que el  Comité de Apoyo en Santiago Rodríguez a la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo junto a varias organizaciones representativas de la frontera, levantaron su voz de protesta en contra del proyecto de modificación a esa legislación, que ya fue aprobada en dos lecturas consecutivas por los diputados, por considerar que de ser promulgada así, lesionaría de manera severa a las empresas que operan bajo ese amparo.

Una delegación de hombres y mujeres, que se desplazaron  denunciaron que se trata de una trama que busca sabotear el Proyecto de fomento la inversion y la generacion de empleos de Ley 28-01, que crea Zonas Francas en la frontera, razón por la cual,  pancartas en manos, llegaron hasta el Palacio Nacional y luego al Congreso Nacional, para exigir al presidente Luis Abinader y a los congresistas que devuelvan y revisen cuanto antes la pieza legislativa.

“Los pueblos fronterizos, incluída la provincia Santiago Rodríguez, rechazan categóricamente las modificaciones presentadas y aprobadas en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados el pasado 30 de diciembre 2020, en donde se estrangula las empresas que están operando y niega la oportunidad a nuevas empresas que quieran instalarse amparadas en los beneficios que la Ley otorga hasta este momento”, dijeron los comisionados.

Dijeron que en la actualidad Santiago Rodríguez cuenta con 14 empresas acogidas a la Ley 28- 01, dando esto sustento a más de tres mil familias de manera directa, logrando cambiar la vida, para bien de los lugareños.

El Comité de Apoyo a la Ley 28-01 recordó que sabiendo que de esa legislación perime las exenciones para la zona, el 1 de febrero 2021, los miembros que lo componen se ven en la obligación de, una vez más, levantar la voz de los fronterizos a favor de que el desarrollo industrial permanezca y siga llegando a las provincias: Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabon, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales y que además de ampliar el periodo de vigencia de los incentivos, se amplíen los años de su vigencia en favor de los deprimidos pueblos de la frontera.

“No se entiende que legisladores fronterizos se hayan prestado para mutilar la ley en detrimento de su propio pueblo. Por ejemplo de artículos claves como el #4, que limita el espacio de venta y operatividad de las empresas, en donde reza: el disfrute de la exencion de impuestos sobre las operaciones o actividades que realicen exclusivamente en las provincias previstas en el artículo 3 de la presente ley”.

Los integrantes del comité dijeron que para ellos, estas modificaciones es algo tan lamentable como inconcebible porque carecen del espíritu de desarrollo y asfixian, e incluso cercenan, los beneficios constitucionales.

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