Los representantes de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se mostraron contentos este martes con las medidas de coerción impuestas a los implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, expresó que estas medidas impuestas por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, son un reconocimiento a la contundencia de los procesos que presenta el Ministerio Público.
“Esto es un reconocimiento a la contundencia de los procesos que presenta el Ministerio Público ante los tribunales. Nosotros hemos repetido una y mil veces que presentamos los procesos ante los tribunales blindados y esto es una muestra más de que no lo decimos por decir, sino que cumplimos con las palabras”, manifestó Camacho.
Sostuvo, además, que la decisión de la jueza contra los implicados en la alegada estructura de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G, es una muestra más de que la lucha contra la corrupción avanza en la República Dominicana.
“Este proceso de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana no hay fuerza humana que lo pueda detener”, expresó el procurador adjunto.
La magistrada Romero declaró el caso complejo y dictó 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo a los generales Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y Boanerges Reyes Batista, subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
También, dictó prisión preventiva al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón.
Mientras que el teniente coronel Erasmo Roger Pérez, el coronel Miguel Ventura Pichardo, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz y los civil César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega, pasaron a ser colaboradores del Ministerio Público, y se ha ganado como premio un arresto domiciliario, que impuso la jueza como medida de coerción, en vez de ser enviado a la prisión como el resto de los encartados.
Mientras que al teniente coronel Kelman Santana Martínez, la jueza le impuso como medida cautelar presentación periódica e impedimento de salida del país.
La defensa del general Carlos Torres Rubiou consideró arbitraria la medida de coerción dictada por la magistrada Romero, debido a que el órgano persecutor “puso a implicados a mentir”, en el tribunal. Sostuvo que va a esperar a tener la resolución que emita el tribunal para analizar si apela o no fallo.
“Este proceso, lo voy a decir hoy aunque duela, se ha sustentado en testimonios escurríos”, expresó el abogado Cándido Simón.
La primera revisión obligatoria de la medida de coerción contra los implicados en la supuesta red de corrupción será el 14 de marzo en el 2022.
El expediente
Dice el Ministerio Público que mientras el mayor general Adán Cáceres, quien guarda prisión preventiva desde hace unos meses por el caso Coral, dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), instaló un entramado corrupto mediante el cual sustraía fondos a través de las nóminas oficiales.
Esto se extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cuando era dirigida por el general Carlos Torres Rubiou. Las acusaciones contra los implicados, tres de ellos generales activos, van desde coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y hasta testaferrato.
