La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, rubricó un acuerdo de cooperación interinstitucional para la habilitación de unidades de salud mental en los centros penitenciarios.
Germán Brito firmó el convenio con Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y Marisol Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El documento había sido rubricado por Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, y Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud.
La procuradora agradeció a las entidades participantes en el proyecto, por su aporte a la estabilidad física y emocional de los internos y garantizó el acceso a servicios integrales a las personas privadas de libertad.
“La actual situación de pandemia ahonda aún más los sufrimientos que puedan experimentar las personas privadas de libertad, por lo que agradecemos a cada institución y a cada una de las personas que han intervenido para este acuerdo, por sus aportes para la salud mental de la población penitenciaria y sus familiares”, sostuvo la funcionaria.
La acción se inscribe en el marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.
En este sentido, Germán Brito dijo que el Ministerio Público se compromete a disponer del espacio físico donde funcionarán las Unidades de Salud Mental (USM) en cada centro y a contratar el personal de apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
Las primeras dos se instalarán en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, que están bajo la responsabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria.
