El Ministerio Público solicitó la noche de este viernes la variación favorable de medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria a una de los 12 implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
Así lo afirma el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien se negó a ofrecer el nombre de la acusada a la que se le solicitó una medida menos gravosa.
“Hemos solicitado al tribunal imponer como medida de coerción a los imputados la prisión preventiva. Solo en un caso hemos pedido al tribunal, por la actitud que asumió una imputada que incluso admitió los hechos y esta es otra muestra de la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público, que imponga arresto domiciliario”, explicó el procurador adjunto.
Sin embargo, los representantes legales de Esmeralda Ortega, una de los dos encartados del grupo que no son militares, informó que su cliente ha estado colaborando en la investigación que está realizando el Ministerio Público.
“Propuso 28 diligencias de investigación para que el Ministerio Público indagara a lo interno del Banco todas las situaciones que ellos dicen y alucen que supuestamente se constituía en un ilícito penal”, manifestó la abogada Yolenny Cruz.
En el supuesto entramado donde hasta ahora solo hay 13 implicados, además, de la señora Esmeralda Ortega, señalada por el órgano persecutor como la jefa de operaciones bancarias realizadas para poder mover las transacciones ilícitas de la red, solamente hay otra mujer vinculada que es la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.
Wilson Camacho, se refirió a una mujer contra quien el Ministerio Público pedirá al tribunal arresto domiciliario, pero no especificó el nombre de las dos féminas que componen el grupo.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, recesó para el próximo lunes a las 10 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a los altos oficiales implicados en la supuesta red de corrupción.
Los demás implicados en el caso, son los generales Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, subjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Los otros siete militares y un civil, son el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, coronel Miguel Ventura Pichardo, teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel Kelman Santana Martínez, mayor José Manuel Rosario Pirón y César Félix Ramos Ovalle.
