Santiago. Con relación al caso Falcón, el juez Miguel Báez, de la Oficina de Atención Permanente de esta demarcación judicial, dictó 18 meses de prisión preventiva a Juan Carlos Mosquea Eduardo, dio libertad pura y simple a Rafael Alejandro Pérez Pérez y declaró el caso complejo.
La decisión del magistrado Báez se produce luego de al menos seis aplazamientos y recesos, acogiendo la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo e imponer 18 meses de prisión como medida de coerción contra Mosquea Eduardo.
La fiscalizadora Surely Jáquez, representante del Ministerio Público, dijo que las pruebas contra el prófugo Mosquea Eduardo, hermano de Erick Randhiel Mosquea, señalado como el cabecilla de la red de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos, son contundentes en demasía, y en cuanto a la libertad del padrastro Pérez Pérez, dijo que van a prever la posibilidad de apelar la decisión.
Arbano Landestoy Ramos, abogado defensor de Pérez Pérez, dijo que el tribunal no halló indicios de que este haya estado vinculado a alguna actividad ilícita.
Al salir de la audiencia y ser cuestionado sobre la medida que le impuso el juez, Mosquea Eduardo se mostró tranquilo y dijo que entiende que es un proceso, al tiempo de recordar que es hermano de padre de Erick Randhiel Mosquea. Sus abogados habían establecido que algunos de sus bienes son herencia de su padre.
El abogado Carlos Balbuena, representante de la defensa de Mosquea Eduardo, expresó que van a hacer la propuesta de diligencia tendente a que la sentencia emitida por el juez sea aclarada, porque el patrimonio de su defendido tiene justificación, y para esto van a proponer una auditoría contable con una reconocida firma de auditoría que pueda esclarecer las dudas que tiene el magistrado para haber dado esa medida.
“El Ministerio Público lo acusa de lavado de activos producto de actividad que nace de asuntos del narcotráfico, pero el tribunal analizó el tema y lo que estableció en su decisión es que ha enriquecido su patrimonio sin justificación legal, y son dos cosas distintas, y por eso nosotros entendemos que aunque dictó prisión preventiva, los motivos del juez nos dan la razón en lo que estamos planteando porque no hemos tenido tiempo suficiente para poder obtener los soportes totales para justificar que el patrimonio de Juan Carlos es legal”, expresó el abogado.
Asimismo, Balbuena dijo que lo demostrarán en las propuestas de diligencias que va a formular al Ministerio Público para establecer ese criterio y poder en un momento determinado revisar la medida y hacer ver al tribunal que el patrimonio es conforme a lo establecido por la ley. Además, dijo que Juan Carlos tiene una empresa bananera, en la cual el Ministerio Público realizó su actividad y su pesquisa, que no exporta banana, sino que produce o vende, afirmando que eso está documentado, pero evidentemente el juez no podía analizar las cientos de pruebas y provisionalmente tomó la decisión, pero están seguros que cuando se formule la auditoría contable y se aporte como lo manda la ley, van a lograr que esa medida que firmó el juez sea revisable.
