Proveerán títulos a las áreas protegidas

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El acuerdo fue firmado por Luis Henry Molina y Orlando Jorge Mera.

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribieron ayer un acuerdo con el cual dotarán de títulos las áreas protegidas del país.

Este convenio, que marca un precedente en ese sentido, tiene el objetivo de preservar el medioambiente y fortalecer la seguridad jurídica.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina y el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Entre los puntos que se compromete el CPJ, a través del Registro Inmobiliario, está la provisión de asistencia legal y técnico-catastral; apoyar los procesos de titulación e inscripción registral de las áreas protegidas.

Compromisos asumidos

Además, el CPJ se comprometió a proveer información registral y catastral sobre las áreas protegidas para el establecimiento y actualización de perímetros y posterior determinación de los terrenos pertenecientes al Estado Dominicano en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

De su lado, Medio Ambiente y Recursos Naturales se comprometió a dar información actualizada y consolidada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como de otras zonas vinculadas directamente a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, para el uso de los órganos del Registro Inmobiliario.

“Con el acuerdo de colaboración que suscribimos hoy con el Consejo del Poder Judicial, iniciamos de manera formal, la meta de lograr que las 127 Áreas Protegidas sean provistas de su correspondiente Certificado de Título o Matrícula a nombre del Estado Dominicano”, explicó Jorge Mera.

Impartirán programas de sostenibilidad

El Ministerio, además, apoyará la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas medio ambientales en las dependencias del Poder Judicial, así como la implementación de programas de formación en temas medioambientales y de gestión de las áreas protegidas en las instituciones del Poder Judicial y endosar los procesos de certificación ambiental.

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