Ruta a la muerte: las fallas que facilitan el camino de feminicidas

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Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. Kelvin Mota
El 10% de las víctimas de feminicidios ya había denunciado a sus agresores, pero el Estado no evitó sus crímenes

La calle Puerto Rico, de Alma Rosa, en Santo Domingo Este, es un hervidero de mujeres llorosas, enojadas, asustadas y hartas, que decidieron denunciar la violencia de parejas o exparejas y las violaciones sexuales de conocidos o extraños. Ellas forman fila ante una Fiscalía que representa una de las mayores conquistas de las luchas sociales para enfrentar la violencia machista en la República Dominicana.

Pero las fiscalías, junto a la Policía y el sistema de justicia, fallan con frecuencia en detener a los agresores y en proteger a las víctimas antes de que ocurra el feminicidio. Las víctimas o alguien cercano a ellas ya habían denunciado a sus agresores ante las autoridades en, al menos, el 10% de los feminicidios íntimos que ocurren en el país, de acuerdo con un levantamiento de casos realizado para esta investigación. Pese a las advertencias, no lograron evitar los crímenes.

Entre las mujeres que aguardan su turno en la acera para entrar a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, se destaca una embarazada que da el pecho a un niño pequeño. A punto de estallar en llanto, llama la atención de la asistente que recibe los casos. Es jueves, ya ha pasado el mediodía. La asistente llama con un gesto a la mujer y le habla frente al grupo.

Asistente. –Tú sabes que hoy, a la hora que llegaste, las denuncias están agotadas. Si tú me aseguras que vas a estar aquí mañana a las 7:00, te pongo un turno para mañana. Me dices si vas a venir…

Denunciante. -Yo la quiero (la orden de alejamiento o protección), temo por mi vida, me amenaza con un machete

Asistente. -¿Va con un machete a tu casa?

Denunciante. -Porque yo no quiero estar con él, yo tengo tres meses dejá de él

Asistente -¿Entiendes que corres peligro?

Denunciante -Claro que sí

Asistente –¿No tenías a quien dejarle el niño para venir a resolver?

La mujer no contesta, mira a la asistente, mira a las demás, contiene las lágrimas. Vive en un sector empobrecido en Los Mina, un barrio popular de Santo Domingo Este.

Asistente -¿Estás dispuesta a irte a una casa de acogida en lo que sale cualquier documento para arrestarlo a él?

Denunciante. -No, porque yo no tengo ese solo niño, tengo más niños

La asistente guarda silencio. Habla con el policía que la acompaña en la puerta, trata de encontrar una solución, pero proteger la vida de las mujeres requiere a veces de salidas que no están en el manual.

La mujer que tiene al frente ya ha superado el primer obstáculo para enfrentar la violencia machista: ha salido a denunciar a su agresor en un país donde el 98% de las mujeres que sufren violencia en sus familias guardan silencio y solo el 6 % denuncia a parejas o exparejas agresoras, según la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018). Además, 41 de cada 100 mujeres que han tenido pareja han sido víctimas de violencia machista y el 68% ha sufrido algún tipo de violencia, según la encuesta.

Esta mujer, que espera en la acera de la Fiscalía de Santo Domingo Este, la que superó la primera barrera, quiere una orden de protección o alejamiento. La quiere ya, de inmediato, para evitar que el hombre la mate. Sus responsabilidades familiares le impiden aceptar ser resguardada en la casa de acogida. La asistente no puede tramitar en ese instante una orden de arresto para que detengan al presunto agresor. Tampoco hay trabajadoras sociales o psicólogas disponibles para apoyar a la mujer mientras toma la decisión: debe aceptar ir a la casa de acogida en ese momento o volver a su hogar donde la expareja puede matarla con un machete.

La asistente comenta: “Después la prensa viene aquí a decir que por qué no la dejaron aquí, tú ves, y después nadie supo qué fue lo que pasó. ¡Usted tiene un peligro, quédese aquí hasta que tenga un documento y su vida no corra peligro en la calle!

Denunciante - ¿Y mis otros hijos entonces?

Una mujer de la fila -: Que la familia se haga cargo de ellos, le propone ella que también espera para poner una denuncia

La denunciante vuelve a guardar silencio. Llora.

Otra mujer de la fila- ¿Y si te acompañan a buscar a los otros niños?

La asistente escucha, pero no le ofrece esa opción.
Denunciante.- Es que tengo mi marido ahora, es mi expareja que me quiere matar, dice mientras se encuentra cada vez más nerviosa.

Finalmente, con su niño a cuestas y sus ojos llorosos, ella ha decidido irse y regresar al otro día. Tiene miedo de que su expareja la mate, miedo de que su actual pareja y su expareja se enfrenten y ocurra una tragedia, miedo de ir a una casa de acogida y dejar atrás a alguno de sus seis hijos. No es la primera vez que se presenta en esta fiscalía: ya estuvo en dos ocasiones para denunciar a su expareja, cuando todavía estaban juntos.

Para ella, la esperanza es una orden de protección o arresto que emita el juez de instrucción para que la Policía evite la tragedia. Entre 2018 y 2019 se emitieron 38,113 órdenes de protección a víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, según datos de la Procuraduría.

Una orden no salva vidas

Pero una orden, esa esperanza a la que se aferran las víctimas de violencia, no siempre salva vidas. Bethania Ortega Custodio, de 21 años, fue apuñalada seis veces presuntamente por su expareja Esteban Díaz Canela, de 52, quien violó la orden de alejamiento que le había impuesto un tribunal dos meses antes del hecho, que ocurrió en diciembre de 2019, en Maimón, provincia Monseñor Nouel, reportaron los diarios basados en informaciones de la Policía. Ella sobrevivió.

A Belkis Almonte, en Santo Domingo, no la salvaron de la muerte ninguna de las seis órdenes de alejamiento gestionadas por la Fiscalía. De acuerdo con la Policía, fue asesinada a balazos por su expareja, el abogado Víctor Radhamés Almonte, quien luego se suicidó.

“Ella tiene seis órdenes de alejamiento y de apresamiento en contra de Víctor, pero las autoridades le hicieron poco caso a ese grito de auxilio que mi hija mantuvo por cinco meses”, dijo el padre de Belkis, Elías Almonte, durante el velatorio de su hija, en diciembre de 2018. La familia de Belkis también contó a la prensa que durante esos cinco meses ella trató de esconderse de su agresor durmiendo en casas de distintos parientes. Un día, él la encontró. Dejó dos hijos huérfanos.

Compleja barrera cultural e institucional

“A través del proceso de socialización se transmiten las distorsiones cognitivas, es decir, ideas erróneas acerca de la mujer, la familia, la pareja, la violencia y el amor. Éstas condicionan a las mujeres a permanecer en una relación de violencia, porque supuestamente el amor todo lo puede, con lo cual promueve la tolerancia y la normalización de la violencia asumiendo que se hace por el bien de la familia y los hijos”, explica la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, Soraya Lara.

Por eso, cuando las mujeres llegan a la fiscalía o a cualquier institución a buscar ayuda, ya han superado una barrera cultural: la presión de la familia y de la comunidad para que “salve el matrimonio” y no “haga daño” al padre de sus hijos, o la sumisión a los hombres que se transmite desde algunas iglesias cristianas, explica Sonia Perozo, de la fundación “Rescatando Mariposas”.

Segundo obstáculo

Las dificultades para poner la denuncia y obtener la protección debida es el segundo obstáculo. Yildalina Tatem Brache, activista que ha acompañado mujeres en sus procesos judiciales, explica que a veces hay que ir dos días consecutivos para denunciar, incluso en casos en los que unas horas de más pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

A pesar de su situación desesperada, la mujer que se fue a casa sin su orden de protección puede, al menos, denunciar en una fiscalía especializada, donde le ofrecen servicios de protección y psicología. En municipios del Suroeste, como Tamayo y Vicente Noble, tales servicios no existen. Las mujeres deben desplazarse a las cabeceras de provincia si quieren denunciar en fiscalías especializadas, lo que se dificulta para quienes viven en una de las regiones más empobrecidas del país.

Pero si esa mujer empobrecida llega al sistema, y su caso recibe toda la atención posible en el actual marco legal, puede ser que el único mecanismo para protegerla sea encerrarla en una casa de acogida, cuando haya cupo.

Ana Andrea Villa Camacho, directora de Violencia de Género de la Procuraduría General, explica que, en casos graves, si las mujeres no aceptan ir a la casa de acogida el riesgo de feminicidio aumenta, porque es el único mecanismo efectivo para protegerlas mientras se encuentra al imputado o se espera por la medida de coerción. Y agrega que con frecuencia se imponen medidas, como la presentación periódica del agresor, que no se corresponde con la gravedad del riesgo de feminicidio.

“En otras ocasiones, el tribunal, al conocer sobre la medida de coerción presentada por el Ministerio Público, decide no imponer la modalidad consistente en prisión preventiva, quedando la víctima expuesta a futuro”, dice Villa Camacho.

En su desesperación, algunas mujeres acuden a los medios de comunicación, confrontan al agresor y a las autoridades públicamente para intentar sobrevivir.

En septiembre de 2019, Yolanda del Carmen Chira Villegas habló con varios canales de televisión para pedir protección a las autoridades: “Yo vengo aquí (Fiscalía) porque vine a apresar una ex pareja mía, que la relación ya no funcionaba, yo quise alejarme de él, pero él intentó secuestrarme, intentó a cada rato llamarme, matarme. Me quiere matar. Lo último que hizo fue que contactó cuatro delincuentes para que me quemen con el carro, adentro. Tengo la evidencia de eso porque los delincuentes me la mandaron. Yo no quiero ser una más, lamentablemente. Yo soy una muchacha que le gusta trabajar y tiene el día a día. Yo no quiero que me mate”, dijo.

La misma estrategia de denunciar ante los medios utilizó en enero de 2020 Michelle Zabala Castaños, agredida por su expareja a pesar de tener orden de alejamiento. “Yo estoy cansada de ir a la policía, no hacen nada, no me dicen nada, solamente me dan una hoja con la orden de alejamiento, la llevo a Los Alcarrizos y nada. Todo el tiempo lo mismo. Tengo miedo, porque él me dice que quiere estar conmigo a la mala y hasta me amenaza con quemar a mis dos hijos”, declaró a la prensa. Tras la denuncia, Castaños fue protegida en una de las casas de acogida del Ministerio de la Mujer.

El lento camino de la justicia

Ya dentro del sistema, las denuncias no suelen terminar en sanción para los agresores. La lentitud y las limitaciones económicas de las víctimas para afrontar los gastos de traslado y gestión de documentos pueden ser otro gran obstáculo para lograr la justicia. Menos del 5 % de las denuncias terminan judicializadas, de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría.

Juana Rosario, exabogada del Ministerio de la Mujer, dio seguimiento al caso de Florángel Peguero, una joven de 22 años, de un sector empobrecido en Sabana Perdida de Santo Domingo Este, que inició con una denuncia por agresión en 2008 y terminó en la Suprema Corte de Justicia una década después.

Rosario acompañó a Florángel Peguero a iniciar el proceso judicial contra su agresor, Víctor Robinson Ferreras. El 10 de julio del 2009 Ferreras fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva tras agredirla. El 20 de octubre, el Ministerio Público inició el proceso formal de acusación, pero la víctima desistió y el hombre fue liberado en diciembre de ese año, tras un acuerdo.

Rosario abandonó el caso porque las abogadas del Ministerio no pueden conciliar en temas de violencia de género. La ley, sin embargo, deja cierto margen para el acuerdo entre las partes, por eso las organizaciones feministas reclaman que se apruebe un nuevo marco jurídico.

“Urge la aprobación y entrada en vigor de la ley que han propuesto diferentes entidades tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Nos referimos al Proyecto de Ley Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que tiene por objeto proteger y garantizar el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecer el Sistema Integral contra la Violencia hacia las Mujeres”, explica Villa Camacho.

Años han pasado en ese debate legal, mientras en el día a día, mujeres son asesinadas en actos de violencia machista. “Dije en la corte que me iba a desapoderar porque nosotros (en el Ministerio de la Mujer) no hacemos acuerdos, y que ella estaba en peligro, y bajé (del estrado)”, aclara Rosario, al recordar cómo la Justicia desprotegió a Florángel, una joven de 22 años con cuatro niños.

“Era una chica muy vulnerable, le hablé del peligro en el que estaba, la psicóloga también habló con ella, pero decidió seguir con el acuerdo”, añade la abogada. Tras ese arreglo, el agresor, que se encontraba detenido, fue liberado, y a los 15 días asesinó a Florángel Peguero, el 10 de enero de 2010. Una vez más, a Rosario le fue asignado el caso: acompañó a la familia de Florángel en una batalla larga y lenta.

La lentitud en los procesos judiciales en general, incluyendo a los feminicidios, provoca demoras de más de un año para lograr la sentencia en primera instancia, lo que, a juicio de Rosario, desgasta a familias que, como la de Florángel, se encuentran muy empobrecidas y no tienen recursos para transportarse con frecuencia a los tribunales. En el caso de los feminicidios, el Ministerio de la Mujer ofrece los servicios de abogadas especializadas sin costo para las familias de las víctimas.

Tan desgastante fue el proceso para condenar al asesino de Florángel, que incluyó dos apelaciones, que la familia, empobrecida y sin dinero, en la práctica, abandonó el caso. “Lo terminé sola”, concluye Rosario. La Suprema Corte finalmente ratificó la sentencia de 20 años de cárcel para el feminicida, explica la abogada. Una triste victoria para el equipo de abogadas del Ministerio de la Mujer y para la Justicia.
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Este reportaje fue realizado por Riamny Méndez para Espacio de Comunicación Insular en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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