El reparto de miembros entre partidos sería un retroceso y se debe optar por perfiles independientes, pero probados
Los senadores y, consecuentemente los partidos políticos, tendrán que hilar fino en el criterio que aplicarán y a quiénes elegirán como nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), pues la crisis que generó la suspensión de las elecciones de febrero hizo que la ciudadanía esté más pendiente, exigente y activa en los temas vinculados al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, sobre todo por la historia de fracasos que acompañan al árbitro electoral.
El Senado tendrá que elegir la nueva JCE para el mes de octubre conforme establecen la Constitución y el reglamento interno de ese órgano y se espera que en los próximas semanas elija los miembros de la comisión especial que tendrán esa misión y se apruebe el reglamento que normará el proceso.
Una de las tareas más difíciles y, hasta ahora, misión imposible, del sistema institucional del país, ha sido lograr independencia y credibilidad en la JCE, que históricamente, en lugar de ser un árbitro que genere solución en las luchas políticas por el poder, se ha convertido en parte del problema, en ocasiones por sus propios errores y en otras por ser blanco de ataque por parte de los partidos y los políticos. En busca de lograr independencia y credibilidad, en ocasiones se ha recurrido a figuras independientes de la militancia política partidista y, en otras, al reparto de los miembros entre los partidos políticos más importantes, pero ninguna fórmula garantiza un resultado exitoso.
Los cabildeos y estrategias de los aspirantes al órgano ya han empezado, cada uno acomoda a sus intereses el criterio que debe predominar, unos quieren la criticada fórmula del reparto de los integrantes entre los partidos con representación senatorial, mientras otros apuestan a perfiles independientes.
La historia evidencia que ni la imposición de un partido por ser mayoría, la fórmula del reparto, ni perfiles independientes de los partidos políticos, han dado resultado para generar la confianza y la credibilidad que necesita la Junta.
El Senado es dominado mayoritariamente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con 19 legisladores, pero no suficientes para elegir los miembros de la JCE, pues se necesitan dos terceras partes, por lo que tendrá que hacer acuerdos con los partidos de oposición, Fuerza del Pueblo que tiene ocho votos, y el PLD que cuenta con cuatro.
Pero ¿con cuál criterio se elegirán los nuevos miembros de la JCE?
El presidente de la República, Luis Abinader, posicionó desde la oposición el criterio de independencia de los integrantes de los órganos electorales y rechazó la fórmula del reparto entre partidos. Más aún, el gobernante ha sido la voz cantante de la independencia incluso en instituciones que son dependientes del Poder Ejecutivo como el Ministerio Público, donde designó a una funcionaria de reconocida autonomía, la exjueza Mirián Germán Brito, que no solo ha mostrado criterio de soberanía de los partidos políticos, sino también del empresariado y la sociedad civil.
Abinader, líder del PRM que tiene mayoría en el Senado, podría auspiciar el criterio de independencia en la selección de los nuevos miembros de la JCE para lo que contaría con el apoyo de los senadores de la Fuerza del Pueblo y un voto que tiene el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Sobre ese tema, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tiene cuatro senadores no ha emitido opinión, o al menos no se conoce.
Pero el resultado de la gestión de los actuales miembros de la JCE indica que no ser militante de un partido político no es suficiente para garantizar el éxito y ganar la confianza y la credibilidad que necesita el órgano electoral. ¿Quiénes entonces podrían ir a la JCE?
Ya hay nombres de figuras que empiezan a considerarse para ser uno de los cinco miembros de la JCE. En los círculos donde el tema ha empezado a tomar fuerza, el nombre del presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo, siempre sale para presidir la JCE por su paso ante el TSE, cargo en el que demostró independencia, sobre todo del poder cuando tuvo que enfrentar las presiones del entonces gobernante PLD por una sentencia que perjudicó al PRD, su aliado principal. Hasta el momento el magistrado Jáquez no ha expresado públicamente si aspira o no a presidir la JCE, pero estuvo en la lista de postulantes a esa posición en el 2016, pero quedó fuera y luego fue elegido presidente del TSE.
De los jueces del TSE se comenta que aspiran a ir a la JCE Ramón Madera Arias y Santiago Sosa. Otros nombres que empiezan a sonar son los de los exmiembros de ese órgano, Eddy Olivares, Salvador Ramos y José Ángel Aquino.
Fracaso histórico, muestra 3 botones
Para muestra de que todos esos modelos han fracasado, tres botones. Los actuales miembros de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín, fueron elegidos de consenso de todos los partidos por no tener militancia política y sus nombres prestancia social.
Los demás integrantes Henry Mejía y Rosario Graciano, fueron valorados por la experiencia en el órgano, pues ambos provienen de las filas de partidos políticos. Sin embargo, en su gestión se generó la crisis de credibilidad y confianza más grave que ha tenido el órgano electoral por la suspensión de las elecciones municipales de febrero por un fallo en el voto electrónico que los miembros de la JCE insistieron en imponer a pesar de todas las advertencias.
El fracaso de la imposición por parte del partido dominante ha sido la constante en la falta de confianza y credibilidad. La última experiencia fue en el 1998, cuando el Senado dominado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presidido por Andrés Bautista, escogió a Manuel Ramón Morel Cerda como presidente de la JCE, lo que generó críticas del PLD y el PRSC y la desconfianza fueron el pan nuestro de cada día. En el 2002, el Senado en control del PRD, volvió a ratificar a Morel Cerda como presidente de la JCE lo que generó una crisis que terminó con la renuncia del jurista de la presidencia del organismo, luego de una intensa presión del PLD y el PRSC que incluyó el retiro de los diputados de esos partidos de las sesiones. El PRSC denominó la escogencia de Morel por parte del Senado como “el Morelazo”.
Esa crisis trajo como “solución” el reparto de los miembros de la JCE entre los partidos. La crisis también trajo importantes cambios en el organismo y el más significativo fue que se dividió en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa, una propuesta del partido Reformista. Luis Arias fue el presidente del pleno de la JCE, mientras que la Cámara Administrativa quedó bajo el mando de Nelson Gómez, del PRD y la Contenciosa de Salvador Ramos.
En ese periodo inició el reparto entre los principales partidos de los integrantes del órgano electoral, es decir, donde el PLD, el PRD y el PRSC garantizaban un representante con la finalidad de “defender sus intereses”. El modelo del reparto prevaleció aún después de la eliminación de la cámara contenciosa con la reforma constitucional del 2010que creó el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la JCE volvió a tener 5 miembros.
El criterio del reparto incluyó la presidencia para el PLD que tenía mayoría (Roberto Rosario) y un miembro (Rosario Graciano); un miembro para el PRD, luego PRM (Eddy Olivares); uno al PRSC (Francisco Féliz Féliz) y uno para la sociedad civil (José Ángel Aquino).
Esa gestión logró importantes avances para la JCE pero en el 2016 terminó dividida no solo por el tema electoral sino por el registro civil producto de la sentencia 168/13 y una crisis de credibilidad en las elecciones generales del 2016 por las dificultades del uso de los escáneres para el registro de concurrentes y el conteo de las boletas. La composición del TSE también fue producto de un reparto entre los partidos con un resultado negativo por falta de credibilidad y acusación de parcialidad hacia el PLD y el PRD de Miguel Vargas.
El reparto en el TSE respondió al mismo criterio de la JCE. Tres miembros para el PLD, Mabel Féliz y José Manuel Hernández Peguero (para entonces vinculados a Leonel Fernández) y John Guilliani (del sector de Danilo Medina); uno para el PRD, Marino Mendoza y un representante de la sociedad civil, Mariano Rodríguez, quien fue el presidente.
Ese modelo se caracterizó por miembros que en lugar de generar credibilidad se ocupaban de defender los intereses de los partidos que representaban y así cada resultado electoral estuvo salpicado de una campaña de descrédito.
