Los Ángeles (EE.UU.), 29 jun. (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. se negó este lunes a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para julio y agosto, y que se convertirán en las primeras muertes dictadas a nivel federal desde 2003 que se hacen efectivas.
Los jueces de la máxima instancia judicial del país rechazaron, sin emitir ningún comentario, la apelación de cuatro reclusos que fueron condenados por matar a menores.
De este modo, la primera ejecución será el próximo 13 de julio.
La resolución del Supremo llegó después de que el fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenara el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.
De hecho, la última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
Para estas ejecuciones federales se empleará un único fármaco, el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país.
El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está «de nuevo en el lado equivocado de la historia».
«El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel – y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás», afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que «desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas». EFE
