El exsenador Tommy Galán, imputado en el caso Odebrecht, pidió este jueves al tribunal que conoce el juicio, ser absuelto por no probarse la acusación, y en consecuencia declararlo no culpable de incurrir en soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
A través de sus abogados, el exlegislador solicitó, además, levantar la inmovilización de sus fondos y el impedimento de salida del país que pesa en su contra.
También, requirió de las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que se rechace la petición del Ministerio Público de imponerle cinco años de prisión y el decomiso de bienes y cuentas bancarias.
Los abogados les dijeron a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo que esperan justicia, pues, aseguraron que el imputado no debió estar sometido por no haber incurrido en los alegados ilícitos.
Dijeron que el caso Odebrecht se está hundiendo.
Al terminar hoy sus alegatos finales y externar las conclusiones, Galán agotó su última oportunidad de convencer a las magistradas de que no recibió sobornos de la constructora brasileña para favorecerla con la adjudicación de obras públicas.
Durante estos tres días, la defensa del exsenador aseguró que el expediente contra el exsenador fue elaborado a base de especulaciones y con el solo objetivo de sofocar la crisis social y política generada por los sobornos dados por la constructora
Indicó que la acusación de sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que pesa contra Galán, sirvió para garantizar la impunidad de la empresa y de sus “sus verdaderos beneficiarios”.
Los abogados afirmaron que el Ministerio Público fue irresponsable al someter a la justicia a Galán, quien, dijeron, es un “chivo expiatorio” ya que nunca influenció en el Senado a favor de Odebrecht.
Manifestaron que durante el proceso han demostrado “fehacientemente” que el imputado no incurrió en ninguno de estos ilícitos y que tampoco las pruebas que presentó Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo evidenciaron.
Contra Galán, los fiscales de la Pepca solicitaron que se le imponga cinco años de prisión y se ordene el decomiso de bienes y cuentas bancarias.
El juicio continúa el próximo lunes, día en el cual la defensa de Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), comenzará a presentar sus alegatos finales.
