Dar el paso al proyecto de ley tasa cero sin consenso ni consulta previa ya tiene un costo político para el gobierno
En lo que va de este año el gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido varias propuestas que han unificado a la oposición política del país, y más aún, la han acercado a las demandas sociales de diversos sectores nacionales.
El último ejemplo es el proyecto de ley tasa cero para la importación de 69 productos de consumo masivo, que tiene el rechazo de la oposición partidista y los sectores productivos del país.
Desde el punto de vista político, el gobierno se arriesga a sufrir un gran revés desde tres perspectivas. Y ante esa realidad tendrá que evaluar cuál sería la salida que erosione menos la gestión de menos de dos años del PRM.
Primero, si aprueba la ley y la aplica, es obvio que se enajenará el apoyo de sectores empresariales que hasta ahora lucen cerca y en colaboración con el gobierno de Luis Abinader.
El segundo escenario es si el gobierno ante las críticas deja sin efecto el proyecto, afianzará la idea de improvisación y poca ponderación con que se viene percibiendo al acostumbrarse desde el inicio de la gestión a dejar sin efecto medidas que generan críticas y rechazo. Sobre ese punto el gobernante ha dicho que siempre estará abierto a consultas.
“Me critican mucho porque hacemos consultas y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido. Bueno, pues que me sigan criticando, porque yo voy a seguir consultando”, expresó el presidente Abinader en octubre pasado tras anunciar que no sometería nuevos impuestos.
El tercer escenario sería si el gobierno aprueba la iniciativa con mayoría simple y no con mayoría calificada podría ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y ese hecho también pondría en cuestionamiento la capacidad del gobierno, sobre todo porque hay advertencias de que la iniciativa necesita mayoría calificada.
Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que fue aprobada en primera lectura cumpliendo los requisitos constitucionales.
Manifestó que la iniciativa obtuvo la mayoría calificada requerida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 de la Constitución y el reglamento de la institución. Explicó que en la sesión de 162 diputados presentes, 99 votaron por la pieza en la primera lectura.
Pacheco sostuvo que el artículo 103 del reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores que, estando físicamente en el Hemiciclo, no votaren, se les considerará “ausentes para esa votación, por lo que las 2 terceras partes requeridas para esta ley se calcularon a partir de los que votaron”.
Sin embargo, los diputados de oposición que se retiraron del hemiciclo afirman que si se aprueba esa ley será declarada inconstitucional por violar el artículo 112 de la Constitución.
La ley de tasa cero es para parte de las iniciativas del gobierno que el presidente anunció recientemente para enfrentar la inflación. Otro efecto político de la medida es que está acercando a la oposición con sectores que lucían más alineados al gobierno.
Por ejemplo, Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, se reunió con la Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD) para tratar el controversial tema.
Pero además del sector industrial, los productores agrícolas el avícola han pegado el grito al cielo por el impacto que tendría esa medida en la producción nacional, como la posible pérdida de empleos y quiebre de empresas.
Más temas que unifican oposición
Otros casos son el proyecto de reforma constitucional que ha presentado el gobierno en el Consejo Económico y Social (CES) que generó el rechazo de los partidos de oposición y ha encontrado poco apoyo en otros actores sociales y de figuras vinculadas al mundo jurídico.
Igualmente, el fideicomiso para la administración de la Termoeléctrica Punta Catalina que el presidente Abinader ha congelado en el CES, provocó rechazo de los partidos políticos y de amplios sectores sociales. Luego de crecientes e intensas críticas, el gobernante en un discurso al país anunció que la discusión del contrato pasaría al CES, pero no ha ocurrido nada.
Ese tema, de paso empezó a generar cuestionamientos al uso frecuente de la figura del fideicomiso que hace el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRM).
Al inicio de su gobierno, el presidente Abinader tuvo que dejar sin efecto una serie de impuestos que incluyó en el presupuesto del 2021. Ese plan generó críticas tan ácidas que en menos de 48 horas el gobernante tuvo que dirigir un discurso al país para anunciar que sometería un nuevo proyecto de presupuesto que dejara sin efecto esas medidas.
Cuando Abinader anunció que ese plan quedaría sin efecto también comunicó que convocaría al Consejo Económico y Social (CES) para discutir el Pacto Fiscal que sigue pendiente a pesar del mandato de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Luego de mucho tiempo de debatirse el tema en la opinión pública y del rechazo de partidos políticos y sectores sociales, en un discurso al país Abinader informó que no sometería un paquete de reforma fiscal.
Otros temas que unifican a la oposición política
Desde la perspectiva partidista, otro tema que ha unificado a la oposición tiene que ver con la denuncia de una supuesta compra de alcaldes de los partidos de oposición por parte del PRM a través de la Liga Municipal Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron denuncia ante la Junta Central Electoral (JCE). El órgano designó una comisión que encabeza Hilario Espiñeira para investigar la denuncia. Los partidos de oposición también coincidieron en rechazar el intento del gobierno de reducir el 50% de los recursos a los partidos en el presupuesto del pasado año. Una batalla que ganaron con el apoyo del presidente de la JCE, Román Jáquez. En el caso de la mesa de diálogo sobre la reforma constitucional, los partidos de oposición se retiraron juntos el mismo día, pero no fue una estrategia conjunta como ha ocurrido, sino coincidencia como ha pasado con otros temas.
