La salida forzada del presidente Juan Bosch del poder representó un duro revés para los sectores de izquierda que comenzaban a ganar espacio en el país
La madrugada del 25 de septiembre de 1963 quedó marcada por uno de los episodios más trascendentales de la historia dominicana: el golpe de Estado que puso fin al gobierno del presidente Juan Bosch, apenas siete meses después de su llegada al poder. El derrocamiento abrió una nueva etapa de tensiones políticas y representó un duro revés para los sectores de izquierda que comenzaban a ganar espacio en el país.
Esta semana, Zona Retro rememora los acontecimientos que rodearon aquel quiebre institucional y el escenario de transformaciones políticas y sociales que marcó los días previos y posteriores al golpe.
Desmantelan locales de izquierda
Desde las primeras horas de la mañana del 26 de septiembre, fuerzas policiales habían comenzado a desmantelar los locales de los partidos de izquierda y a retirar sus pertenencias. Un contingente había llegado a la sede de la Agrupación Política 14 de Junio con la orden de “echar todo para fuera”, según había informado uno de los oficiales.
La acción se extendió también al local del Movimiento Popular Dominicano (MPD), organización que se autodefinía como “marxista-leninista”. Al mismo tiempo, la Policía Montada había establecido un cerco en los alrededores de la Ciudad Universitaria, con instrucciones de impedir el acceso al sector.
No se había establecido de inmediato si aún permanecían estudiantes en las instalaciones universitarias ni cuál había sido su reacción ante la situación. En otros puntos de la capital, la presencia policial también comenzaba a hacerse sentir. En la calle El Conde, contingentes apostados en la zona habían dispersado en varias ocasiones a grupos de personas que gritaban consignas como “Abajo el gobierno” y “Esto será una nueva dictadura”.
Contra el comunismo
Las autoridades justificaban parte de estas acciones como medidas destinadas a mantener el orden. Según declaraciones ofrecidas por los propios oficiales que participaron en los operativos, sus instrucciones se limitaban a “resguardar el orden” en la ciudad y no contemplaban cometer agresiones. También señalaron que el propósito del nuevo gobierno era combatir al comunismo y que no buscaba instaurar una tiranía.
Las medidas de control comenzaron a afectar incluso la circulación cotidiana. Según informaciones de la época, varias personas habían sido detenidas por la Policía tras permanecer en las aceras de la calle El Conde. Entre las instrucciones impartidas a los agentes estaba la de mantener a la población en movimiento y evitar que se detuviera o formara grupos en las esquinas.
A pesar de este ambiente, durante las primeras 24 horas posteriores al derrocamiento de Bosch por la Junta Militar que asumió el poder no se habían reportado incidentes de gravedad en el perímetro de la capital.
Incidentes en medio de la tensión
Uno de los hechos registrados ocurrió en Villa Consuelo, donde, según los reportes, personas no identificadas habían roto los cristales de varios vehículos que transitaban habitualmente por esa vía. No se habían reportado personas heridas como consecuencia del hecho.
Fuera de la calle El Conde y de otras arterias próximas al parque Independencia, los demás sectores de la ciudad permanecían en relativa calma, aunque la tensión seguía siendo visible.
En El Conde, una de las zonas donde el ambiente había estado más cargado, el tránsito fue desviado y solo vehículos policiales y oficiales tenían permitido el acceso. La vigilancia se reforzó con importantes contingentes de la Policía Montada y de los llamados “cascos blancos”.
La presencia de las fuerzas de seguridad también se extendía a otros puntos estratégicos. Los edificios que albergaban oficinas públicas permanecían bajo vigilancia policial, al igual que los bancos comerciales y estatales. Como medida preventiva, los principales establecimientos comerciales, tanto de tejidos como de alimentos, habían reforzado sus accesos con planchas de acero y gruesos tablones.
La ciudad bajo vigilancia
Desde temprano, los puestos policiales habían sido reforzados con agentes armados con ametralladoras. El puente Duarte, por su parte, había sido ocupado como medida preventiva por miembros de la Aviación Militar Dominicana, apostados en ambas cabeceras y en la parte central de la estructura.
Los edificios de los bancos comerciales también se encontraban bajo protección militar. En medio de aquel despliegue, a las 8:00 de la mañana, fuerzas policiales habían ingresado al local del Movimiento Popular Dominicano (MPD), de donde retiraron los muebles y demás pertenencias que se encontraban en su interior. Los objetos fueron trasladados posteriormente al destacamento policial de Villa Francisca.
La tensión también se manifestó en otros espacios públicos. Grupos que, según las informaciones de la época, podrían haber estado vinculados a esa agrupación habían lanzado piedras en el parque Enriquillo, rompiendo varias bombillas del alumbrado público.
En los medios de comunicación también se habían reforzado las medidas de seguridad. En los accesos de Radio Santo Domingo se estableció una estricta vigilancia policial y solo se permitía la entrada a las personas que eran identificadas o autorizadas desde el interior de la emisora.
Ambiente caldeado
Con el paso de las horas, la tensión continuaba presente en distintos sectores de la capital. La Policía había detenido a varias personas, algunas acusadas de “estar agitando” y otras simplemente por vestir camisas negras.
En las calles El Conde y de Ciudad Nueva, grupos de jóvenes habían sacado los zafacones de las viviendas y los habían colocado en medio de las vías, obstaculizando el tránsito.
La vigilancia se extendía también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que permanecía bajo custodia de miembros de la Policía Nacional pertenecientes al Escuadrón de Caballería. En el Palacio de la Policía Nacional, entretanto, la seguridad había sido reforzada con varias unidades blindadas, cuya presencia no había sido registrada hasta ese momento.
Las acciones policiales también alcanzaron las estructuras partidarias. Según las informaciones de la época, fuerzas policiales habían registrado los distintos comités del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Desde tempranas horas de la mañana, ninguno de sus principales dirigentes se encontraba en sus respectivas residencias. En la calle Espaillat, la tensión volvió a expresarse cuando grupos de jóvenes fueron dispersados mediante el lanzamiento de varias bombas lacrimógenas por parte de agentes policiales.
Ocupan armas
Fuentes de la Policía Nacional habían informado que, durante un allanamiento realizado en el local del Movimiento Popular Dominicano (MPD), fueron ocupadas varias ametralladoras desarmadas y otras armas de fuego. Según el reporte, las armas se encontraban ocultas en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle Caracas número 65, en la capital.
Las armas fueron llevadas inicialmente al destacamento policial de Villa Francisca y posteriormente trasladadas al Cuartel General de la Policía Nacional. No obstante, las autoridades no habían informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con el hallazgo.
Intento de censura a la prensa
La presión sobre los medios de comunicación también se hizo sentir durante aquellas primeras horas. En la mañana fue ordenado el cierre del periódico La Tarde Dominicana, aunque la medida no llegó a prolongarse. Más tarde, luego de las gestiones realizadas por sus directores, la orden fue revocada y el diario pudo continuar sus operaciones.
El director ejecutivo relató que, alrededor de las 9:15 de la mañana, un coronel de la Policía Nacional se presentó en las oficinas del periódico acompañado de varios oficiales y agentes. El oficial le comunicó que acudía en cumplimiento de “órdenes superiores de clausurar el periódico”, dejando en evidencia el nivel de control que comenzaba a extenderse sobre los medios de comunicación en la capital.
Para el final de aquellas primeras horas, Santo Domingo había cambiado su ritmo. Las calles estaban vigiladas, los locales políticos eran intervenidos, los accesos a las emisoras permanecían controlados y cualquier concentración podía provocar la intervención policial. La ciudad entraba así en una nueva etapa política, todavía marcada por la incertidumbre sobre lo que vendría después del derrocamiento de Juan Bosch.
