Tener una contraseña válida y contar con autorización para ingresar a un sistema no significa necesariamente que la información de una empresa esté protegida. En un entorno donde las organizaciones dependen cada vez más de plataformas digitales para gestionar sus operaciones, uno de los riesgos menos visibles de la ciberseguridad puede encontrarse dentro de sus propios sistemas.
Una cuenta comprometida, un colaborador con permisos excesivos o un tercero que utiliza indebidamente sus credenciales pueden abrir la puerta a la consulta, modificación o extracción de información confidencial, incluso cuando la empresa dispone de herramientas para proteger sus redes y dispositivos.
La magnitud de este desafío se refleja en el Informe de Investigaciones de Filtraciones de Datos 2025, que señala que el 22 % de las filtraciones analizadas con una vía inicial de acceso identificada involucró el uso indebido de credenciales. Asimismo, la participación de terceros en las filtraciones alcanzó el 30 %, el doble de la proporción registrada el año anterior.
Aunque se trata de cifras internacionales, ponen sobre la mesa una realidad que también merece atención en República Dominicana, especialmente entre las organizaciones que administran información financiera, comercial y datos personales de clientes.
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Para Alonso Ramírez, gerente regional de Ciberseguridad de GBM, uno de los principales desafíos consiste en superar la idea de que impedir accesos no autorizados es suficiente para garantizar la seguridad de la información.
“Durante años, la ciberseguridad se ha concentrado en impedir accesos no autorizados. Sin embargo, una contraseña válida no garantiza que las actividades dentro de una base de datos sean seguras. Las empresas necesitan saber quién accede a su información crítica, qué hace con ella y si ese comportamiento representa un riesgo”, explica el especialista.
Cuando el riesgo está dentro de la organización
Los incidentes de seguridad no siempre comienzan con ataques sofisticados desde el exterior. En ocasiones, el punto de partida puede ser una cuenta legítima utilizada de manera indebida o un acceso autorizado que termina comprometiendo información sensible.
Esta situación representa un desafío para las empresas, ya que las actividades sospechosas pueden confundirse con operaciones habituales cuando no existen mecanismos adecuados de supervisión.
Consultas inusuales a bases de datos, extracción masiva de registros o utilización de privilegios que exceden las necesidades de una función son algunas de las señales que pueden advertir sobre posibles incidentes.
“Uno de los mayores riesgos es asumir que un usuario autorizado siempre realiza actividades legítimas. Una cuenta comprometida puede pasar inadvertida si únicamente se verifica que el acceso sea válido. Por eso, analizar el comportamiento de los usuarios y detectar operaciones inusuales es fundamental para anticipar posibles incidentes”, señala Ramírez.
Ante este panorama, las organizaciones necesitan fortalecer sus controles internos, revisar periódicamente los permisos otorgados y mantener visibilidad sobre las operaciones que se realizan con la información crítica.
La inteligencia artificial y las herramientas de análisis de comportamiento también están adquiriendo relevancia, al permitir identificar patrones inusuales y facilitar la detección temprana de actividades que podrían representar una amenaza.
Una filtración de datos puede afectar mucho más que las finanzas
Las consecuencias de un incidente de seguridad pueden extenderse más allá de la pérdida de exposición de información. Una filtración también puede provocar interrupciones operativas, gastos de recuperación, alteraciones reputacionales y pérdida de confianza entre clientes y aliados comerciales.
De acuerdo con el informe “Cost of a Data Breach Report 2025” de IBM, el costo promedio mundial de una filtración de datos fue de US$4.44 millones. La investigación también encontró que las organizaciones que identificaron internamente sus incidentes registraron costos aproximadamente US$900,000 menores que aquellas cuyos casos fueron revelados por un atacante.
Si bien estos resultados no corresponden específicamente al mercado dominicano, evidencian la importancia de invertir en capacidades de detección temprana y respuesta oportuna.
En República Dominicana, la protección de la información también tiene una dimensión normativa. La Ley 172-13 establece disposiciones para la protección integral de los datos personales, lo que refuerza la necesidad de mantener controles sobre el tratamiento y uso de información confidencial.
Para las empresas, esto implica comprender que la seguridad digital no debe limitarse a instalar herramientas tecnológicas, sino que requiere políticas internas, supervisión continua y una cultura organizacional orientada a la prevención.
De proteger el acceso a proteger la información
Frente a amenazas cada vez más complejas, los especialistas destacan la importancia de adoptar estrategias que permitan identificar dónde se encuentran los datos sensibles, quiénes tienen acceso a ellos y qué operaciones realizan.
Entre las medidas que pueden contribuir a reducir riesgos se encuentran la revisión periódica de privilegios, el monitoreo de actividades en bases de datos, la identificación de comportamientos inusuales y la generación de registros que faciliten las auditorías y la investigación de incidentes.
“Proteger la información no consiste únicamente en impedir que alguien ingrese a los sistemas, sino en mantener visibilidad sobre cómo se utilizan los datos. La supervisión continua permite detectar amenazas, investigar incidentes y contar con evidencia para las auditorías, fortaleciendo tanto la seguridad como la confianza de los clientes”, agrega Ramírez.
Para el sector empresarial dominicano, el desafío consiste en avanzar hacia una visión más integral de la ciberseguridad, en la que la protección de los datos acompañe cada etapa de su utilización.
En definitiva, la seguridad de una organización no termina cuando alguien introduce correctamente una contraseña. También depende de su capacidad para reconocer cuándo una actividad aparentemente legítima puede convertirse en una amenaza para la información y la continuidad del negocio.
