SANTO DOMINGO. – El juicio de fondo contra Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros acusados de corrupción administrativa fue recesado la mañana de este lunes y continuará en horas de la tarde, tras una jornada en la que la defensa presentó sus argumentos ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Entre los imputados se encuentra Lina Ercilia de la Cruz Vargas, exconsultora jurídica de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quien se señala por el Ministerio Público por su supuesta participación en una red que falsificaba documentos y se beneficiaba de fondos públicos.
Defensa pide absolución por falta de pruebas
Los abogados de De la Cruz Vargas refutaron la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y solicitaron la absolución total de su clienta. Sostienen que se involucro injustamente en el expediente de la Operación Pulpo por haberse negado a firmar contratos cuestionables durante su paso por la OISOE.
En su intervención personal, visiblemente afectada, De la Cruz manifestó que su inclusión en el caso responde a una represalia y aseguró no haber cometido ninguno de los delitos que se le imputan.
Receso y reanudación: ¿qué viene ahora?
El tribunal decidió suspender temporalmente la audiencia para continuar en horas de la tarde con las presentaciones de más defensas y posiblemente declaraciones de nuevos testigos. El juicio se encuentra en una etapa clave, en la que se delinean los alegatos finales y se anticipan futuras sentencias.
El Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 10 años de prisión, además del pago de 200 salarios mínimos, para varios de los imputados, incluidos miembros del círculo cercano al expresidente Medina.
Ministerio Público insiste en pruebas contundentes
A lo largo del proceso, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha presentado múltiples documentos, interceptaciones telefónicas y testimonios que, según su narrativa, evidencian un esquema de sobornos y desvío de fondos públicos durante los gobiernos del PLD.
El juicio es uno de los procesos más simbólicos del combate a la corrupción en República Dominicana y forma parte de una serie de casos que han implicado a exfuncionarios y allegados al poder político de la pasada administración.
