En la mayoría de los países, el acceso al agua potable a través de los sistemas públicos es un indicador clave de desarrollo y calidad de vida. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025) muestran una realidad particular en República Dominicana: ocho de cada diez hogares dependen del agua embotellada para satisfacer una necesidad tan básica como beber agua.
El informe revela que el 85.1% de los hogares dominicanos consume agua embotellada como principal fuente para beber, una cifra que plantea interrogantes sobre la confianza de la población en la calidad del agua suministrada por los sistemas públicos. Más allá de las implicaciones sanitarias, este comportamiento representa un gasto recurrente para millones de familias y abre el debate sobre el acceso efectivo a servicios de agua potable seguros y confiables.
El dato resulta llamativo porque coincide con reportes oficiales que muestran niveles elevados de cumplimiento en los controles de calidad del agua. De acuerdo con el más reciente informe de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), correspondiente a mayo de 2026, los indicadores de vigilancia de la calidad del agua se mantuvieron por encima del 80% en todas las áreas evaluadas y superaron el 96% en algunas zonas. La diferencia entre la percepción de los ciudadanos y los resultados técnicos abre una pregunta de fondo: ¿El dominicano compran agua por falta de confianza?
La compra habitual de botellones representa un gasto anual significativo
Si tomamos un precio promedio de RD$105 por botellón (entre RD$90 y RD$120) y una familia consume entre 8 y 12 botellones al mes, el gasto anual oscilaría aproximadamente entre RD$10,000 y RD$15,000 por hogar. Multiplicado por millones de hogares, se trata de una economía paralela de gran magnitud construida alrededor de una necesidad básica.
Más que una discusión sobre calidad del agua, el dato parece reflejar una cuestión de confianza. Mientras los organismos responsables defienden los estándares de potabilidad, la conducta de los consumidores muestra que una amplia mayoría sigue prefiriendo pagar por agua embotellada. El desafío para las autoridades no es solo garantizar agua segura, sino también convencer a la población de que puede consumirla con tranquilidad.
