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“¡ Que hay más criminal, en un orador, que hablar contra sus propios sentimientos !”.

Demóstenes

Quien se excusa se acusa”

Anónimo francés

Con el país entero a la expectativa, el presidente Balaguer  le habló la noche del jueves 18 de mayo, casi dos días después de la suspensión del proceso electoral. Su voz era firme y no lucía afectada por los efectos de las presiones que desde distintos puntos del exterior estuviera recibiendo desde la misma mañana del grave incidente.

Su discurso estaba dirigido a calmar la creciente ansiedad pública y a detener la ola de protestas internacionales que anegaban, en forma de telegramas y cartas, los escritorios del Palacio Nacional, incluyendo el suyo propio. Y aunque se comprometía firmemente a respetar el fallo final de la Junta y aseguró que mientras él fuera el Presidente “ aquí no habrá golpe de estado”, no tuvo palabra alguna de censura contra la acción militar. Si  bien esta comparecencia tendría en lo inmediato el efecto de un bálsamo sobre la tensa situación nacional, calmando los ánimos y ansiedades que dominaban ya las calles de las ciudades, contribuiría en cambio a aumentar las sospechas de la oposición y de los observadores de la OEA con respecto a su propio papel en la actuación del alto mando militar. El desarrollo de los eventos en las horas y días siguientes así lo confirmarían.

El timbre ronco de su voz se entremezclaba con gestos adustos y severos. Su reconocida habilidad de tribuno se exponía ante la nación en toda su magnitud y destreza. Toda una nación le escuchaba y miraba por los aparatos de radio y televisión con una curiosa combinación de sentimientos múltiples, entre la fascinación que producían sus movimientos y palabras y la expectación reinante. Era una vez más el hombre adiestrado para desempeñarse en las situaciones más difíciles y escabrosas. Los escenarios en que usualmente solía superar a sus adversarios, en base a su ilimitada habilidad, paciencia y tenacidad estaban listos y a su disposición. Alguna veta inagotable de adrenalina tenía que estar surcando las venas de ese hombre sentado en su escritorio, alzando de pronto la voz para enfatizar su indignación y modulándola otras veces en registros graves, para apelar a los sentimientos de solidaridad de un pueblo inclinado siempre a ceder a este clase de exhortaciones dramáticas.

Allí, ante lo que parecía casi el final de su excitante y exitosa carrera política, al borde de una nueva caída, en lo que pudiera ser el ocaso de su vida política a sus 72 años, ciego, las dotes histriónicas de este hombre singular se exhibían en todo su magnífico esplendor. En definitiva estaba ante una de sus mejores actuaciones.

El Presidente denunció que las elecciones estuvieron viciadas por una serie de “irregularidades”, lo que no alteraba, sin embargo, su inquebrantable decisión de acatar el veredicto electoral y exhortó a los seguidores del Partido Reformista a hacer lo mismo. Gran parte de su alocución estuvo dirigida a censurar lo que calificó de interferencia de países amigos y de “nuestra propia América” en los asuntos domésticos dominicanos lamentándose de que esas interferencias “ se hallen auspiciadas por dominicanos que anteponen su propio interés al interés nacional”. No mencionó a ningún país ni a ningún líder por sus nombres, pero obviamente se refería a las protestas del Presidente de Venezuela y a las gestiones diplomáticas norteamericanas.

Sin mencionar tampoco la interrupción militar como la instigadora de la crisis, su discurso tuvo la intención de justificarla como un acto salvador del propio proceso frente a las supuestas amenazas de desorden que existían en su contra. Pido al pueblo, dijo, que “tenga fe en mí “ y en las Fuerzas Armadas. El fallo que diera la Junta sería acatado “ al pie de la letra”.

El comunicado de la JCE de horas antes dando seguridades de una pronta normalización del recuento de los sufragios, confería a la comparecencia de Balaguer un marco favorable y otorgaba a sus promesas un alto nivel de credibilidad entre la gran masa de electores no comprometidos con uno u otro partido. Era el gran núcleo de votantes que decidía el curso de una elección y que el Presidente había identificado tantas veces en el pasado como  la “masa silente” ; a la que siempre apelaba, especialmente en aquellos momentos de desesperación o en la vecindad de una derrota virtual, e incluso inevitable, como parecía ser esta vez el caso.

“Yo he dicho, lo mantuve durante toda la campaña electoral y lo he sostenido y demostrado siempre que en mis manos no perecería la constitucionalidad”. Fue un discurso breve, sin artificios, que intentaba cortar, con la precisión de un cirujano, la parte podrida de la herida por la que sangraba el endeble sistema político del país que le había sustentado durante más de un decenio y que él, en cierta medida, ayudara a edificar justo a su medida.

Tras enumerar una serie de irregularidades que, a su juicio, se cometieron antes y durante el proceso de votación, a lo largo y ancho del país, Balaguer recalcó que estaba consciente, al igual que todos los miembros de su partido, de que las elecciones estaban viciadas por esas “graves irregularidades”. Y apuntó a seguidas : “ En una enumeración que no tiene carácter limitativo, podría citar el hecho de que la Dirección del Registro de la JCE enviara a la ciudad de La Vega una lista de 26,000 sufragantes que estaban supuestos a votar en esa ciudad, pero que se hallaban registradas en la de Santiago”. También se quejó de que la Dirección del Registro confeccionó dos listas de votantes, una de las cuales, la última, elaborada pocos días antes de las elecciones, “ no fue entregada al Partido Reformista”. A causa de esto, el partido de gobierno “no dispuso de la información correspondiente con los nombres de sus militantes que debían ejercer el derecho del sufragio en determinadas mesas electorales”.

No eran estas las únicas razones de quejas. También se había permitido, por descuido o por omisión, por razones que él decía ignorar, que “las mesas electorales estuvieran constituidas en su mayor parte por adeptos de un sólo partido, sin tomar ninguna providencia para garantizar el derecho del partido que se hallaba en minoría”. La Dirección del Registro tampoco supo informar con la oportunidad debida a los distintos organismos electorales, la resolución de la Junta en virtud de la cual se dispuso que los electores “debían ejercer su derecho en mesas de su residencia” y no necesariamente en la mesa cuyo número figuraba en los cintillos correspondientes a las elecciones anteriores, de 1974. Luego vino una crítica dura a los propios dirigentes de su partido por permitir que tales “irregularidades” ocurrieran. “ A estas graves irregularidades que no atribuyo a mala fe, sino a omisiones, a descuidos, a razones  en definitiva que  ignoro, puede agregarse el hecho de que el propio Partido Reformista cometió errores incalificables”. Entre estos, citó “la designación de alrededor de 800 delegados escogidos entre empleados públicos y adeptos calificados para que representaran en calidad de delegados en las distintas mesas electorales del partido, pero que se excusaron a última hora”.

Según Balaguer, esto ocasionó que los desertores tuvieran que ser reemplazados en el último momento “por jovencitas incapacitadas cuya voz apenas se dejaba oír  en presencia de las personas altamente calificadas” que representaban en cambio al partido contrario. Y después de esos errores, se quejaba el Presidente, “nuestros amigos, nuestros correligionarios del Partido Reformista están dando gritos de Jeremías ante el muro de las lamentaciones, como los moros de Granada, que lloraban como mujeres lo que no supieron defender como hombres”. No obstante, dijo que sean cuales sean las irregularidades de que estuviera viciado el proceso electoral “ lo importante para el país es que se acepten sus resultados tales como estos sean proclamados por el primer organismo electoral de la República”.

A seguidas, Balaguer pasó al tema de la interrupción planteándolo en términos diametralmente distintos a como se venía discutiendo. Las protestas contra el gobierno y sus cuerpos armados constituían un agravio. Calificó de “injuriosas” las sospechas de que la interrupción de los cómputos que él atribuyó a un oficial del Ejército “sorprendido por el rumor de un supuesto golpe de estado” fuera el fruto de un plan gubernamental. Y que a la vez haya servido “ de pretexto a algunas naciones poderosas, a algunas naciones amigas, para interferir indebidamente en los asuntos domésticos de la República Dominicana”.

Con un severo ademán de su mano derecha, que enfatizó una expresión adusta de su rostro, el Presidente dijo que rechazaba “con toda energía esa interferencia porque nadie ni nada pueden inmiscuirse en asuntos que son de competencia exclusiva, de acuerdo con nuestra propia Constitución y de acuerdo con la ley internacional, de nuestro país, porque están reservados a la soberanía dominicana”. Era deplorable, agregó, que se recurra a la Internacional Socialista, como había hecho el PRD desde la misma madrugada del miércoles 17, de “ la cual recibo todos los días varios cablegramas con mensajes que  representan una interferencia en los asuntos domésticos dominicanos, que se recurra a otros países de nuestra propia América, para que también amenacen con interrumpir la supuesta ayuda que nos prestan o para que expresen preocupaciones por la forma en que se desenvuelve el proceso electoral en la República Dominicana”.

Mientras Balaguer hablaba, informaría en su edición del día siguiente El Caribe, las agencias internacionales de noticias informaban desde Washington de una iniciativa venezolana para reunir algún órgano de la OEA a fin de analizar la situación dominicana. El representante de ese país ante el organismo regional , José M. Machín, advirtió que esa suspensión “inquieta a toda América y, actuando de esa forma (los militares dominicanos) se burlan de los principios de nuestra organización”. Las agencias destacaron que Machín empleó un tono enérgico y “apasionado”. Momentos antes, el Departamento de Estado norteamericano insistió en que cualquier “subversión” del proceso comicial podría conducir a un enfriamiento de las relaciones entre los dos países.

Buena parte del resto del discurso presidencial estaba marcadamente dirigido a respaldar la acción militar. “…las Fuerzas Armadas son las primeras en obedecer los dictados de la Constitución” y en obedecer asimismo “el fallo de la JCE como lo aceptaré yo mismo”. Tanto él como las Fuerzas Armadas “ antepondrán el supremo interés de la patria a sus propios intereses” y en ningún momento” actuarán  como un “cuerpo deliberante” en contra del espíritu de las leyes que las rigen. Más adelante, el Presidente exhortó al pueblo a poner fin a la ola de rumores que arropaban literalmente al país, condenando de paso los llamados “intempestivos a huelgas, huelgas políticas sobre el supuesto de que no se respetará el fallo de la JCE”.

La indignación del Presidente creció. “ ¿ De dónde saca (refiriéndose obviamente a Majluta) que ese fallo no va a ser respetado ? ¿ Acaso los que dirigimos la nación no somos hombres conscientes de nuestros deberes, que anteponemos a nuestro propio interés el interés supremo de la República que nos ha sido confiado ? ¿ Quién puede dudar, quién puede dudar ( aquí alzó la voz y se detuvo un instante para aumentar el énfasis) que quien habla puede desacatar el fallo de un organismo electoral o ejercer en este país por una hora siquiera una Presidencia usurpada ?. No, el que habla es y será Presidente mientras tenga el respaldo de la Constitución de la República ; es y será Presidente mientras se sienta apoyado por la voluntad popular, pero no ejercerá ni ha ejercido jamás ese derecho contra la expresa voluntad de sus conciudadanos”.

Entonces pidió que cesaran los comunicados en su contra. Dijo que esas protestas escritas “ lo que hacen es contribuir a que aumenten las tensiones políticas, a que crezca la ansiedad en nuestro pueblo, a que se cree la falsa imagen de un supuesto golpe de estado, de supuestas perturbaciones del orden público, en un país donde existe mayor tranquilidad que en cualquier otra nación del continente americano”. Los dominicanos podían tener fe en él, expresó, así como en las Fuerzas Armadas. “ Aquí hay un proceso electoral limpio y se respetará al pie de la letra el fallo de la Junta Central Electoral. Sea quien sea el candidato electo, será aceptado, se le entregará el poder normalmente, y no sólo se le dará el acatamiento debido de acuerdo con la ley, sino que se le ofrecerá si es necesario toda la cooperación que requiera cuando se trate de ser útil no a él ni a su partido, sino de ser útil al supremo interés de la República, al supremo interés de todos los dominicanos”.

Todo esto debido a que lo que estaba en juego y en debate en esas elecciones no era la suerte de un partido ni la de un candidato, sino la del país. “ Qué importa el destino de un partido o el destino de un hombre frente al de cinco millones de habitantes, y qué importa la suerte de una agrupación política en presencia de la necesidad de mantener a toda costa la constitucionalidad y de evitar que perezca en nuestras manos, en manos de esta generación, la democracia dominicana”. Balaguer concluía con un alarde mayor de persuasión y humildad : “No importa ningún sacrificio de orden personal, lo que nos interesa y debe interesarnos a todos es que nuestra incipiente democracia no perezca, que la tranquilidad de la familia dominicana se mantenga, que nuestro desarrollo no se interrumpa y que sean cuales sean las personas que asuman la responsabilidad de dirigir los destinos de los dominicanos, contemos con un país cuyo nombre se pueda pronunciar con honra en el extranjero, con un país al que todos nos sintamos ligados con orgullo”.

A finales de mayo, el suspendido director del Departamento de Cómputos de la Junta Central Electoral, licenciado Felipe Neris Cabrera Febrillet, a quien el Partido Reformista hacía en parte responsable de las “irregularidades” que viciaban el proceso, ofreció su versión personal del conflicto, en una extensa carta enviada al director del Listín Diario, Rafael Herrera Cabral : “Para mí una cosa es dislocación de listados y otra, bien diferente, la desubicación de electores adrede o no…”  Según el técnico, dislocar significa, en términos de registro de electores, “ enviar uno o varios listados perfectamente bien confeccionados si se quiere, a un municipio equivocado o a un local errado dentro de un municipio”. En obvia referencia a las observaciones del presidente Balaguer, Cabrera Febrillet  expresaba sus dudas de que listados de mesas correspondientes a un municipio fueran enviados a otro “sin que tal irregularidad se advirtiera antes de las pasadas elecciones”. La razón era que cada secretario de junta “ conocía muy bien la cantidad de mesas, y en consecuencia, de listados, que debían funcionar en sus respectivos municipios”. Y agregaba : “ Días antes de la fecha en que se realizaron las últimas elecciones, la Junta Central Electoral tomó la acertada precaución de enviar inspectores a cada municipio para que hicieran  entrega personal y bajo inventario, de los listados de votación de cada demarcación electoral ; los secretarios de juntas los recibieron conformes, y no se produjo, ni en el momento de la entrega ni en los días subsiguientes, queja alguna en el sentido de que en algún lugar haya faltado o sobrado ninguna lista definitiva de inscritos”. Según Cabrera Febrillet , “cada secretario de junta conocía, puesto que disponen de controles para ello,  el número de inscritos vigentes en sus respectivos municipios ; considerando que cada lista consignaba el total de electores, era sumamente fácil comprobar, mediante la suma de los totales parciales, que el conjunto de ellos totalizaba la suma de inscritos que por otros medios era conocida por dichos secretarios”. En vista de ello, sustentaba en su carta, “resulta evidente el hecho de que el señor Presidente de la República, había sido mal informado por los que le llevaron la noticia, presumiblemente de buena fe, en el sentido de que 26,000 electores de La Vega, fueron enviados (a votar) al municipio de Santiago”. Y en cuanto a que dentro de un municipio haya existido la posibilidad de que se enviaran por error involuntario listados a recintos o locales equivocados, Cabrera Febrillet sostuvo que” resulta cuesta arriba creerlo, si se piensa que en el 98% de los casos, los sitios de votación en las elecciones generales del año 1974, fueron los mismos que se usaron en el recién pasado evento electoral”.

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Temprano en la mañana del viernes 19 de mayo, Balaguer remitió una carta a los generales Beauchamps Javier y Nivar Seijas,  ordenando que se pusiera fin a la ocupación de los locales de la Junta. La medida tenía el propósito de evitar, según explicó el Presidente a los dos generales, que se aprovechara la presencia de esos contingentes como una interferencia en asuntos de la exclusiva competencia de las autoridades electorales. Además de cumplir con las garantías que ofreciera al pueblo la noche anterior y propiciar con ello una vuelta a la normalidad, su decisión se encaminaba también, sin lugar a dudas, a mejorar la impresión que los observadores de la OEA , prestos en las próximas horas a retornar a Washington, pudieran llevarse de la situación nacional y , especialmente, de sus actuaciones como Presidente frente a la crisis. Aparentemente era ya muy tarde.

El texto de la carta de Balaguer del 19 de mayo a los generales Beauchamps Javier y Nivar Seijas, es como sigue : “Les recomiendo que ordenen mediante las providencias que sean de lugar, el retiro inmediato de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estén prestando servicio en organismos y dependencias de la Junta Central Electoral. Esta determinación obedece a la necesidad de que no se tome como pretexto la presencia de ningún militar dentro de los edificios en que funcionan organismos electorales, ni en las cercanía de estos, para alegar supuestas interferencias de los cuerpos armados en el proceso electoral cuya responsabilidad compete íntegramente, de acuerdo con la ley, al organismo instituido con esos fines. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo ningún concepto deben actuar en nada que se relacione con el proceso electoral en curso, salvo en algún caso específico de extrema gravedad, en que reciban una solicitud escrita del presidente de la Junta Central Electoral”.

Nada podía ya cambiar el contenido del informe de los observadores. Mientras Beauchamps Javier y Nivar Seijas ordenaban el regreso de sus tropas a los cuarteles se daba a conocer en Washington un texto preliminar de las conclusiones de los enviados oficiales de la OEA, que abandonaban el país “preocupados” por la falta de información sobre los resultados electorales. Un despacho de UPI procedente de la capital norteamericana recibido en uno de los teletipos de la oficina de prensa del Palacio Nacional adelantaba que en un texto entregado al presidente del Consejo de la organización, los observadores expresaban : “ No podemos terminar este informe sin mencionar nuestra honda preocupación por el velo de silencio que actualmente existe en relación con los datos electorales”.

 La interrupción del escrutinio había durado 30 horas, sin que se aclararan suficientemente sus causas. Al adquirir conocimiento de la acción militar, los ex presidentes Plaza, Pastrana Borrero y Méndez Montenegro dicen en su informe que visitaron el local de la Junta : “ Sus miembros nos hicieron conocer que integrantes de las Fuerzas Armadas de baja graduación los habían obligado, hacía pocas horas, a abandonar el recinto, pero que en forma pronta elementos de la misma institución les habían ofrecido garantías”. Esta explicación contradecía la que el Presidente Balaguer les ofreciera según la cual él  sólo tuvo conocimiento  de ese hecho hasta muchas horas después en la mañana del miércoles 17 y que la interrupción se había debido “ a la desaparición del presidente de la Junta, Manuel Joaquín Castillo, cuyo paradero se ignoraba” todavía  al momento de su entrevista.

De acuerdo con la versión de UPI, los observadores señalaban que “la confrontación democrática se cumplió de manera intensa a lo largo de los tres meses que la ley autoriza, con respecto al derecho de reunión, y que los candidatos de las agrupaciones partidarias pudieron visitar sin indebidas interferencias oficiales las provincias que integran el territorio de la República”. Los comicios fueron normales y la fuerza pública “ con discreta actitud” garantizó su desarrollo. El alto volumen de la votación era la prueba más elocuente, continuaba el informe. Las observaciones de los enviados no arrojaban muchas dudas respecto al clima en que los candidatos de oposición pudieron llevar a cabo sus campañas. Pero no parecía la conclusión que Balaguer hubiera deseado en lo que concierne a lo ocurrido una vez cerrado el proceso de votación e iniciado el conteo de los votos.

El interés de la OEA en la pulcritud del proceso dominicano no acababa con la labor de los tres ex presidentes. Un despacho procedente de Washington informaba el viernes 19, que la entidad regional contemplaba enviar a Santo Domingo otra misión de observadores, para relevar la que había concluido su mandato. Otra información confirmaba la decisión venezolana de solicitar en breve una reunión del órgano de consulta para considerar la crítica situación dominicana. El impacto local del discurso del Presidente parecía haber sido más profundo que el logrado en los ambientes internacionales.

Al margen de cualquier interpretación, una cosa estaba sí bien clara y era la acelerada desconfianza, por ejemplo, que el gobierno de Balaguer inspiraba en la prensa internacional y en otros círculos de peso en la opinión pública. Lo demostraba el editorial del  diario New York Times de esa fecha instando a la administración de Carter a ejercer “toda su influencia” en favor del respeto del sufragio universal en la República Dominicana. “ Diecisiete años después del fin del trujillismo y ya transcurridos 13 desde la intervención norteamericana en la guerra civil dominicana de 1965, Estados Unidos debe influir con todo el peso de su diplomacia para garantizar que la amenazada elección presidencial actual siga su curso hasta el final”. Según el Times, ese deber es tanto mayor que, en el pasado, los gobiernos norteamericanos se entrometieron demasiado y demasiado a la ligera en la vida política de aquella nación. El gobierno de Carter, insistía el editorial, alentó abiertamente a que se celebren las ya próximas elecciones en Perú, Ecuador y Bolivia, “ y en ese sentido, y sin garantizar nada, unos honrados comicios dominicanos demostrarían al menos que no todos los comicios previstos tienen por qué ser farsas electorales”.

Parecía, sin embargo,  que el efecto bálsamo de la alocución presidencial de la noche anterior, comenzaba a tener impacto. En una declaración a través del programa radial del PRD, el presidente del partido, Salvador Jorge Blanco, reconoció que estaba en marcha “un rescate de la autoridad civil”. Tras describir el discurso como “halagador y alentador”, el también candidato a senador dijo que el mismo tendía a restablecer la autoridad civil a la Junta Central Electoral, con el fin de que esta reanudara normalmente sus labores. También reconocía que con esa comparecencia, el Presidente auspiciaba “ cierto grado de tranquilidad en la capital”, por lo que exhortó a la militancia de su partido a “mantener la sensatez y la prudencia”, evitando toda provocación que condujera a desórdenes innecesarios.

Poco antes, Jorge Blanco visitó el local de la Junta para llevar una carta al presidente del organismo informándole que el PRD poseía informes de “resultados adulterados”. Allí recibió las garantías del licenciado Castillo de que la JCE mantendría la veracidad del escrutinio para hacer respetar el voto mayoritario , tarea en la que “pondría toda su hombría de bien”. Cualquier adulteración, le dijo , era insuficiente, además, para influir en los cómputos reales, ya que los mismos serían desechados enérgicamente por la Junta.

Con los locales de la JCE libre de la presencia de militares armados, el candidato del PRD Guzmán convocó a una rueda de prensa para señalar que el Presidente de la República había en su discurso admitido virtualmente su derrota electoral y que estaba seguro que nada impediría que él , como candidato ganador, asumiera la Primera Magistratura el 16 de agosto siguiente. Creía que la crisis desatada por la ventaja conquistada por su partido, tal como mostraban los cómputos al momento de ser interrumpidos por la fuerza, estaba superada tras esa comparecencia.” Admitió nuestro triunfo”, dijo, “ es una confesión de que el Partido Reformista ha perdido las elecciones”. Ya nadie podía impedir su juramentación, en vista de que “las Fuerzas Armadas tienen conciencia de la seria situación del pueblo dominicano”. Tampoco podía ya pensarse en un fraude electoral, pues Balaguer había censurado la conducta de sus propios seguidores.

El despacho del corresponsal Van Bennekom, de UPI, que transmitió al mundo las declaraciones de Guzmán, observaba que tras el discurso de Balaguer “la nación volvió hoy lentamente a la normalidad, al reanudarse las actividades laborales y abrir sus puertas los comercios, tiendas, oficinas del gobierno y bancos”.  También ocurría con las medidas de fuerza adoptadas por las autoridades. El cable reconocía que la presencia militar en las calles de la capital disminuía visiblemente, como era el caso de las patrullas de vehículos tripulados por tropas fuertemente armadas. Las demandas del PRD se limitaban ese día a la puesta en libertad de sus muchos partidarios arrestados y golpeados por la Policía en los distritos obreros.

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El repentino optimismo perredeísta duraría poco. El gobierno aprovechó la pausa que siguió al cese de la ocupación militar de los edificios de la Junta para elaborar tranquila y sosegadamente su estrategia de acción, acumulando datos y evidencias que sustentarían el alegato presidencial de que las elecciones estaban viciadas de “irregularidades”.

Resultaba claro que muy poco margen le quedaba a Balaguer para desconocer la ventaja de su opositor. Estaba comprometido a entregar el poder si el dictamen final de la Junta le fuera, como parecía, desfavorable. Pero disponía de otros recursos. Uno de ellos era el de la impugnación legal, que los abogados de su partido habían emprendido ya con una precisión envidiable. La compleja tarea fue encargada a Marino Vinicio Castillo (Vincho), uno de los mejores juristas del país y, sin duda, un político tenaz y corajudo, de mucho temple e inclinado a la polémica, pero sobre todo, un intelectual recio, intransigente en la defensa de sus ideas. Sin ser realmente un reformista, Vincho Castillo se había convertido en un funcionario leal al gobierno y su nivel de intimidad con el Presidente trascendía la importancia de su cargo de presidente de la Refinería de Petróleo.

El proceso de impugnación acapararía la atención del gobierno y su partido en todo el resto de mayo y reviviría la pugna electoral con más intensidad que nunca en las semanas posteriores. La crisis electoral dominicana estaba aún lejos de haberse disipado, como creía el candidato opositor Guzmán y otros dirigentes del PRD.

Balaguer no se daba por vencido. Había ahora que vencerle en el plano legal, como ya ocurriera en el ámbito estricto de las elecciones. Pero esta vez no dejaría que sus colaboradores, como los moros de Granada, lloraran como mujeres lo que no habían sabido defender como hombres. Por lo menos, no en lo que a él concernía.

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El proceso de impugnación de las elecciones, comenzó formalmente con la publicación el 22 de mayo de un comunicado del secretario administrativo de la Presidencia, doctor José A. Quezada, cuyo texto era el siguiente :

“En sentido general la situación actual del país es normal, aunque como es natural, tratándose de una etapa post-electoral, la ciudadanía está en expectativa pendiente del veredicto final de la Junta Central Electoral. Tal como ha declarado públicamente el Excelentísimo Señor Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, si el Partido Reformista pierde en buena lid, será acatado democráticamente el fallo de la Junta. Sin embargo, de todos los confines del país han llegado informes sobre serias irregularidades cometidas en los Colegios Electorales el día de los sufragios, 16 del mes de mayo en curso, que vician el proceso, ya que se ha impedido a miles de compatriotas ejercer el sagrado derecho del voto, burlándose así la ingenuidad y buena fe de gran parte del electorado dominicano. Estamos en la mejor disposición de hacer valer ese derecho burlado, por medio de los mecanismos legales garantizados por la Constitución y las leyes de la República, ya que todo ciudadano, en nuestro sistema democrático, tiene facultad para la libre expresión de su voluntad a través del voto”.

Entretanto, la lentitud del conteo se tornaba desesperante. Nueve días después de las elecciones no se tenían datos concretos sobre el cómputo final. El 25 de mayo, las actas provisionales de otros 10 municipios seguían afianzando la ventaja del PRD, que alcanzaba ya los 140,000 votos. Los cómputos hasta ese día arrojaban 645,058 sufragios para Guzmán contra 504,809 para Balaguer, faltando por computar 22 municipios de los 83 que tenía entonces el país. El presidente de la JCE dijo que el escrutinio oficial proseguiría al día siguiente, confiando en que ese mismo día, 26 de mayo, pudieran saberse los resultados finales. Igualmente dictó una resolución que permitía a cualquier partido político disponer de los cómputos y documentos de cada una de las mesas electorales, una vez se definiera el problema de los  aproximadamente 17,000 votos observados. La causa del retraso de la labor de la JCE  radicaba en “las diversas interrupciones y violaciones de sus recintos que causaron una dislocación de su sistema de trabajo”.

El proceso de impugnación del Partido Reformista estaba en marcha. Un pedido de sus abogados a la Junta reclamaba permiso para recabar informaciones y datos en base a las actas levantadas en las mesas electorales. La resolución última anunciada por el licenciado Castillo no colmaba plenamente las aspiraciones del partido de Balaguer. Las acusaciones se habían revertido. Ahora era el Partido Reformista el que formalmente alegaba la comisión de un fraude en su contra. Las impugnaciones afectarían los resultados en centenares de mesas en el Distrito Nacional y todo el país.

La promesa del presidente de la JCE de ofrecer el día 26 los cómputos definitivos se quedaba sólo en promesa y el fallo final tendría que esperar todavía muchas semanas. Pero la divulgación por la Junta de las cifras totales preliminares ese día, aunque no constituía una proclamación oficial de los ganadores de la justa, equivalía, en los hechos, a una virtual proclamación. Los datos mostraban una ventaja prácticamente imposible de superar de 171,317 votos a favor del candidato del PRD, que había alcanzando el respaldo de 862,766 electores contra  691,449 que votaron a favor de Balaguer. Los cómputos provisionales incluían los sufragios de la Alianza Social Demócrata , aliada del PRD, y Unión Cívica Nacional, aliada del gobierno. Aunque todavía provisionales, estos cómputos definían el cuadro electoral, en vista de que sólo quedaban pendientes de contabilizar las votaciones en dos municipios—Higuey y Miches y una reducida cantidad de votos observados en el Distrito Nacional. En el ilógico caso hipotético que todos esos votos se atribuyeran al Presidente no alcanzaría a aproximarse siquiera a su rival.

Guzmán y Balaguer hablaron esa misma noche al país. Guzmán lo hizo  a través de frecuencias de radio y televisión y Balaguer mediante un mensaje escrito remitido a los medios. El primero dijo que gobernaría sin revanchismo y que haría un régimen de “unidad nacional”, con la utlización de hombres y mujeres comprometidos “ con la defensa de la honestidad, la democracia y la justicia social”. Tras apelar al sentido de colaboración del pueblo, el virtual Presidente electo indicó que a partir de esa noche tendrá que recurrir “al espíritu de trabajo de todos, para iniciar la construcción de un futuro más promisorio para los hijos de esta patria…” “ No hay vencidos ni vencedores. La lucha política ha terminado”, expresó. Balaguer, en cambio, felicitó a los candidatos del PRD. Dirigiéndose a Guzmán dijo : “ Al felicitarle formulo cordiales votos porque Dios le ilumine en sus empeños en favor del engrandecimiento nacional y de una mayor unificación de la familia dominicana”. Y al referirse a Majluta expuso : “ Reciba mis más cálidas felicitaciones con mis mejores votos por el creciente éxito de su brillante carrera política”.

En los dos días siguientes, Guzmán recibió mensajes de felicitación del presidente Carter, de su colega venezolano Carlos Andrés Pérez y del presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo y de muchos otros líderes  internacionales que habían velado por el respeto a su victoria. “ Este es un día muy importante para la República Dominicana y para las relaciones  entre nuestros dos países”, decía el mensaje de Carter tras señalar que “ los ciudadanos de su país han completado su proceso electoral y han votado libremente por usted—el candidato del partido de oposición—para su próximo presidente”. Según Carter, los votantes dominicanos acababan de ofrecer “ un ejemplo para el resto del mundo, y de eso deberían estar orgullosos”. El texto era señal inequívoca del apoyo a los resultados de las elecciones y de repudio anticipado a cualquier intento de desnaturalizar la voluntad de los electores. “ Espero con agrado su inauguración en agosto”, señalaba, “ y trabajar con usted para mantener y fortalecer las excelentes relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos. Espero que las divisiones temporales que resultan de cualquier campaña política sean reconciliadas pronto, y que la unidad de la República Dominicana sea fortalecida para los retos del desarrollo que tendrán que ser enfrentados”.

Por su parte, el mandatario venezolano congratuló a Guzmán  “ por la confianza que le ha otorgado el pueblo en los históricos comicios que honran por igual al pueblo, al gobierno y a los partidos políticos”. Pérez dijo que con el triunfo de su aliado dominicano “ culmina un periodo de transición que ha vencido las más difíciles pruebas para incorporar definitivamente a las patrias que practican con auténtica sinceridad los principios de la democracia representativa”. De acuerdo con el líder venezolano, el proceso dominicano había sido seguido con interés por todas las naciones del mundo. “ Los libres comicios dominicanos son un signo estimulante y alentador de nuestra América Latina, sobre todo cuando varias naciones latinoamericanas se preparan a realizar elecciones en el curso de este año”. La experiencia dominicana debía servir de ejemplo a esos países.

Guzmán respondería al día siguiente, sábado 27 de mayo, el mensaje de felicitación de Balaguer en los términos siguientes : “Al agradecer atentamente a los términos de su sentido mensaje de felicitación me satisface extenderle un sincero reconocimiento por su ejemplar contribución a la causa de la democracia dominicana”.

Los cálculos hechos sobre los cómputos provisionales daban al PRD no sólo el gobierno sino el control de ambas cámaras del Congreso. Tentativamente, daban virtualmente al PRD 13 senadores contra 12 del Reformista y 48 bancas en la Cámara de Diputados contra 38 del partido balaguerista. Esa distribución generaría una fuerte lucha legal para no entregar el poder sin una cuota importante del mismo.

 La  aparente renuencia del gobierno de admitir su derrota electoral, pese a  todas las evidencias sobre el triunfo del candidato opositor y al intercambio de mensajes entre los dos candidatos tras conocerse las cifras provisionales de las elecciones, añadía otro ingrediente a la crisis. Esta observación reflejaba el sentir de una parte importante de la prensa internacional que continuaba  ocupada en la observación del desarrollo de los acontecimientos dominicanos.

J.Paul Wyatt, corresponsal de UPI, escribió que la continua ausencia de una declaración de alguien en el gobierno que admita la derrota del presidente Balaguer “parece dejar abierta la posibilidad de que el  mandatario aún cuestione la validez de toda la elección”. Con Guzmán reteniendo una ventaja insuperable, “parecería matemática y prácticamente imposible esperar que Balaguer reduzca la diferencia y finalmente supere a Guzmán. Alrededor de una tercera parte de los votos deben ser escrutados”. El corresponsal resaltaba un anuncio oficial de que tan pronto como la Junta proclame finalmente al ganador, lo cual podría demorarse todavía hasta dos semanas, los reformistas presentarían “pruebas irrefutables” de fraude electoral.

El análisis incursionaba en los más complejos vericuetos de la ley electoral dominicana. De presentarse tales pruebas, comentaba Wyatt, “corresponderá  a la Junta, un organismo semi autónomo pero cuyos tres miembros fueron designados por Balaguer, examinar la evidencia”. Conforme a sus propias leyes, proseguía el análisis, “la Junta no tiene facultades para declarar la nulidad de las elecciones y convocar nuevos comicios. Debido a ello, lo que los reformistas probablemente pedirán es que la Junta se pronuncie sobre la validez de las denuncias individuales de fraude. Aun si la Junta fallase a favor de los reformistas en todas esas denuncias, parece dudoso que puedan rescatarse suficientes votos del caudal del Partido Revolucionario Dominicano de Guzmán y acreditarlos a Balaguer para cambiar el resultado final. Además, semejante cambio masivo de votos plantearía toda clase de interrogantes sobre la parcialidad de la Junta”.

Las elucubraciones periodísticas de Wyatt tendrían la magia de una predicción.

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Los esfuerzos legales para impugnar, sobre la base de “irregularidades” en cientos de mesas, el resultado de los comicios, avanzaron con la presentación de dos instancias ante el propio tribunal electoral de recusación contra el presidente de la JCE. Los abogados de Balaguer basaban su demanda en recientes declaraciones del licenciado Castillo que entendían eran muestras fehacientes de su parcialidad en favor del candidato opositor. También estaba, aunque no figuraba en la impugnación, la resolución que aplazaba para después del final del recuento y análisis de los votos observados el pedido reformista de escrutar las actas oficiales de cada una de las mesas impugnadas.

El presidente del organismo no esperó una decisión de la JCE y se abstuvo de acudir a su despacho desde el 29 de mayo, fecha en que el Directorio del Distrito del Partido Reformista presentará su demanda. Días después, utilizando los mismos argumentos, el Directorio Central Ejecutivo, el máximo organismo de dirección del partido, presentó ante la Junta una recusación similar contra el juez electoral. Con carácter interino asumió de inmediato la presidencia su sustituto Hugo Vargas Suberví. El cambio parecía profundizar el estancamiento en que estaba sumida la crisis. Era como volver a las horas amargas de la madrugada del 17 de mayo.

La base de la demanda radicaba en declaraciones que el licenciado Castillo ofreciera a la prensa nacional el 24 de mayo calificando el proceso electoral de “ completamente limpio y libre”. También se refirió en aquella oportunidad al porcentaje de abstención registrado el día de las votaciones, situándolo entre un 25 a un 30 por ciento. Según el presidente de la JCE este nivel “ es completamente normal” y puso como ejemplo que en Estados Unidos la abstención alcanza hasta un 50 por ciento. “Hay que tener en cuenta”, dijo, “ que miles de dominicanos que viven en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, y otros que se han cambiado de municipios y no lo han avisado con tiempo no pudiendo trasladarse el día de las votaciones a los lugares que le corresponde votar, y éstos son considerados también en el marco de las abstenciones. Creo que la votación ha sido muy buena. Tanto como lo esperábamos”.

En esto consistía realmente la base de la recusación contra el magistrado de la JCE. Según explicaban en sus dos instancias, el Partido Reformista entendía que el presidente del organismo “ emitió opinión propiamente dicha acerca del proceso electoral que aún no ha concluido, sobre asuntos electorales que tienen actualmente carácter contencioso, y contra los cuales tienen los partidos políticos que concurrieron a las elecciones el derecho de impugnaciones por no haberse agotado los plazos para ejercer esos derechos”.

La JCE se pronunció sobre el caso el 7 de junio. En una extensa resolución basada en nueve “considerandos”, resolvió primero fusionar las dos instancias de recusación ; segundo rechazar, “por falta de calidad” la primera de las dos instancias presentada por el Directorio del Distrito ; tercero, admitir, en cambio, la instancia contra el presidente del organismo elevada por el Directorio Central del Partido Reformista, y cuarto, comunicar tal decisión a las partes y que fuera publicada de conformidad con la ley. En cuanto a la solicitud de que Castillo fuera sustituido por otra persona designada por el Senado de la República, la JCE la rechazó por estimarla “improcedente, de manera que el funcionario permanecía al frente del organismo si bien estaba impedido de actuar en los casos presentados en su contra.

Con posterioridad a esa decisión, el 13 de junio, Castillo escribió al presidente del Senado, doctor Adriano Uribe Silva, dirigente del Partido Reformista, justificando su decisión de no acudir a su oficina mientras la JCE no resolviera las instancias de impugnaciones de los comicios pasados. La breve comunicación decía : “ Cúmpleme informar al Senado de la República que por razones de delicadeza personal he decidido abstenerme de asistir a mi despacho de la Junta Central Electoral, como lo he hecho desde que fue admitida mi recusación, mientras la Junta no resuelva las impugnaciones de las elecciones celebradas el pasado 16 de mayo, considerando que mi abstención no interrumpe las labores normales de dicho organismo, ya que la misma Ley Electoral establece el procedimiento a seguir en caso de ausencia del titular”. Unos días después, presentó renuncia de su cargo.

En su entrevista con el autor, el  lunes 15 de enero de 1996, 18 años después de estos hechos, el doctor Práxedes Castillo, hijo del entonces presidente de la JCE, dijo que la recusación reformista abatió a su padre. “Eso le hizo mucho daño. La recusación provocó prácticamente su muerte, le hizo daño porque él era un hombre demasiado recto”. Declaró que su padre se retiró después de toda actividad.  Se quedaba en su oficina de abogados pero no veía clientes. Fue el epílogo de una carrera política que surgiera a principios de los años 30 y que lo había exaltado a las más altas posiciones, como la de senador, secretario de Interior y Policía y vicepresidente de la República, bajo la administración provisional de Héctor García Godoy, al final de la cruenta guerra civil de 1965.

Castillo  llegó a la JCE como miembro en marzo de 1967. Se le designó siete años después como presidente del organismo, tras la muerte de su titular licenciado Angel Liz, ocurrida el 17 de diciembre de 1973.

Para muchos sectores del país, las congratulaciones de la noche del 26 de mayo del presidente Balaguer a Guzmán y Majluta no significaban una admisión de su derrota electoral. Las impugnaciones de los comicios y el pedido de celebración de elecciones complementarias indicaban su renuencia a rendirse a las evidencias que arrojaban los datos preliminares de los comicios.

Se referían a cifras finales que no eran todavía definitivas. Y el Partido Reformista aspiraba obviamente a modificar ese cuadro, contra la mayoría de las corrientes de opinión.En efecto, las exhortaciones a Balaguer para que reconociera públicamente el triunfo de su rival, provenían de todas partes. El 8 de junio, el vespertino El Nacional publicó declaraciones del jurista y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC),Mario Read Vittini, pidiendo al jefe del Estado que admitiera el triunfo de Guzmán aunque hiciera reservas de impugnar cualquier resultado parcial que considere viciado dentro del proceso de votación del 16 de mayo. Nadie le discute a Balaguer, dijo el político, “ el indudable ascendiente “ y la autoridad sobre sus subordinados ,tanto dentro de su partido como en la esfera gubernamental. Por eso se imponía que pusiera coto “ a la angustiosa inquietud que vive la familia dominicana haciendo una declaración concreta y formal en ese sentido”. La importancia específica de este tipo de declaración pública se ligaba al hecho de que provenía de sectores más próximos al reformismo que al partido de Guzmán.

Todavía a mediados de junio seguía sin aclararse la situación, con el proceso de impugnación cobrando cuerpo. El día 19 de ese mes, un anuncio de la Junta oscureció aún más el ya sombrío panorama. Cantidades enormes de carnets electorales en blanco habían sido sustraídos de uno de los archivos del organismo. El presidente interino Vargas Suberví calificó la situación de “grave y delicada”. Los documentos robados carecían de validez para fines electorales y muchos menos para influir en el veredicto final de los cómputos. Pero arrojaban más dudas en la opinión pública sobre la credibilidad de la JCE.

La agencia UPI dio crédito a la versión publicada por el tabloide  El  Sol de que activistas del Partido Reformista mantenían una campaña para recolectar carnets electorales “ y de ese modo justificar una solicitud de que las elecciones sean anuladas o que se celebren elecciones complementarias”. Para neutralizar el efecto negativo del robo de documentos, Vargas Suberví dio seguridades de que en la Junta se trabaja “ sin coacción militar, sin coacción policial y sin coacción del gobierno”.

Empero, la credibilidad del organismo continuaba descendiendo. El 20 de junio, las tres principales universidades del país—la estatal Autónoma de Santo Domingo (UASD), y las privadas Católica Madre y Maestra (UCAMAIMA) y Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), protestaron por la presencia de técnicos chilenos en el organismo central electoral y ofrecieron su propio personal y equipo para verificar los cómputos todavía inconclusos, transcurridos un mes y cuatro días de las votaciones. Con su oferta, las academias confiaban en lograr “una conclusión confiable de todas estas infortunadas incidencias”. Lo inexplicable era que habiendo en el país profesionales capacitados para examinar las listas de electores, la JCE apelara al empleo de técnicos chilenos para hacerlo.

La instancia de las universidades se unía a la que ya presentara en el mismo tenor el Partido Quisqueyano Demócrata (PQD), del ex general Elías Wessin y Wessin. La única explicación que podía dar la Junta de su dilación en ofrecer los resultados definitivos de las elecciones, descansaba en la impugnación presentada por los reformistas. En efecto, mientras no concluyera cada uno de los casos específicos de impugnación, presentado por mesas individuales, el organismo estaba incapacitado de dar las cifras finales de las elecciones del 16 de mayo.

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El 1 de junio, el Partido Reformista publicó en los diarios nacionales un comunicado explicando las causas de las impugnaciones.  Suscrito por un grupo de abogados y dirigentes de la entidad, la declaración sostenía que la medida se ajusta “a una estricta concepción legal y a motivaciones de ética pública fuera de toda sospecha en razón de que se tiende con ello a hacer respetar , real y verdaderamente, la voluntad popular, en cuanto se recaba del máximo organismo electoral que dicte providencia complementaria en favor de legiones de centenares de miles de dominicanos que se vieran privados de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio como consecuencia de graves anomalías y de vicios profundos en la elaboración de los listados de votantes que se emplearan en el evento electoral”.

La iniciativa se basaba en un acápite del artículo 156 de la Ley Electoral, según el cual “ la existencia de irregularidades graves puede determinar la anulación de la elección en una mesa o en un grupo de mesas, señalando la necesidad de realizar nuevas elecciones”. La situación era aún más grave. Según el Partido Reformista no se trataba de deficiencia, errores o torcimientos en algunas mesas en particular.

El problema era todavía más grave. Se estaba en presencia “ de una vastísima dislocación del electorado que asumió el pernicioso carácter de infestar la totalidad de las estructuras sobre las cuales se hubo de desarrollar la experiencia electoral”. Frente a esa situación, apelaba al acápite 20 del artículo 2 de la Ley 5884, creado por la Ley 600 del 16 de mayo de 1977, a fin de que la Junta Central Electoral dictara cuantas medidas estimare necesarias y convenientes “ para garantizar los derechos al voto de los ciudadanos aptos para hacerlo”.

Según el comunicado, esa parte del texto legal era el apropiado y justo a ser aplicado por las autoridades electorales “una vez ordene y cumpla una profunda investigación pericial” y sujeto a que los resultados de ésta “ condujeren a la necesidad de admitir que las irregularidades fueron de tal magnitud como para asumir la gravedad que demanda y exige la ley en la situación prevista para la anulación”.

La invocación de este acápite de un artículo de la Ley electoral generó, como veremos más adelante, un nuevo conflicto de carácter legal, de graves connotaciones políticas. La oposición acusaría al Gobierno y a su partido de incurrir en la práctica de adulteración de un texto legal para impedir el triunfo del candidato del PRD.

El partido de Balaguer no pretendía una revocación pura y simple de las elecciones. En cambio, aspiraba a una votación complementaria. Consideraba esta opción como “una medida eficaz” para satisfacer a plenitud la necesidad de que “una parte apreciable de la población no resulte privada del derecho de votar, por anomalías incalificables de parte de los organismos encargados legalmente de proveer garantías al respecto”. Al defender su derecho a la impugnación, el Partido Reformista insistía que su actitud “sólo refleja un apego estricto a la legalidad”.

No existían razones, agregaba el documento, para suponerlo embarcado “ en la preparación de episodios tortuosos, en la misma medida en que no se sospechó tal cosa, cuando el Partido Revolucionario Dominicano impugnó las elecciones de 1966”, que marcaron el inicio del periodo de los doce años de Balaguer, y más tarde en 1974, cuando ese mismo partido impugnara pese a su abstención electoral los comicios de ese año. “ Si se quiere hacer galas con los principios y normas de vida civilizada se habrá de tomar la ley como el único lábaro posible”, decía el documento. “ No es momento de detestables y maliciosas imputaciones de un supuesto frenesí continuista”.

El documento estaba firmado por los señores : Dr. Alfredo Mere Marquez, Dr. Leandro Lépido Lozada Grullón, Dr. Antonio J.Grullón Chávez, Dr. Sixto Ginebra, Dr. Manuel de Jesús Goico Castro, Dr. Luis N. Pantaleón, Dr. Rafael Ruiz Mejía, Dr. Jaime Guerrero Avila, Dr. Alejandro González, Dr. José Echenique, Dr. Anaiboní Guerrero Báez, Dr. Hostos Guaroa Feliz Pepín, Dra. Elsa Rodríguez, Dr. Héctor Bolívar Yepez Moscat, Dr. Orlando Pérez Ubiera, Dr. José de Jesús Alvarez Sánchez, Dr. Pablo Solano, Dr. Francisco Cruz, Dr. Leonardo Matos Berrido, Dr. Eudoro Sánchez y Sánchez, Dra. Altagracia Bautista de Suárez, Dr. Marino Vinicio Castillo, Dr. Aulio Hernández, Dr. E. Natera, Dr. R. Gómez Buret, Dr. L. Cordero, Dr. José A. Quezada, Dra. Nelly Negrette de Marrero, Dra. Esmeralda Guerrero, Dr. Víctor Gómez Bergés, Lic. Víctor Castellanos, Lic. Gabriel Rodríguez hijo,Dr. Manuel Disla Suárez, Lic. Augusto Lozada Almonte, Dr. Félix Pereyra Martínez, Dr. Rafael Nazer, Lic. Francisco Muñoz, Dr. Gilberto Amparo Rondón, Lic. Polibio A. Díaz, Dr. Domingo Porfirio Rojas Nina, Lic. Amable Botello, Dr. Fabio César Herrera Roa, Dr. Patricio Badía Lara, Dra. Licelot Marte de Barrios, Dr. José Nicolás Almánzar, Lic. José Rodríguez Cordero,Lic. Víctor Pérez Pereyra, Dr. Virgilio Guzmán Arias, Lic. Rafael Armando Vallejo Santelises, Dr. Manuel Esteva Fernández, Dra. Hildegar de Castellanos, Lic. César Herrera, Dr. Porfirio Carias Dominici, Dr. Arturo Muñiz Marte, Dr. Fernando Amiama Tió, Dr. Juan Arístides Taveras Guzmán, Dr. José Ricardo Ricourt y Dra. Josefina Espaillat viuda Durán.

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