“Es más fácil hacer la guerra que la paz”. Jorge Clemenceau
La violencia electoral venía cobrando fuerza desde la semana previa a la fecha de la votación. Efectivos de los diferentes cuerpos castrenses, dotados de armas largas, recorrían desde entonces las calles de Santo Domingo y otras ciudades ataviados con pañuelos rojos y emblemas del Partido Reformista. Pero estas no fueron ni serían las únicas manifestaciones de parcialidad e injerencia militar en el proceso. Las denuncias de la oposición se remontaban a las ya lejanas elecciones de 1974, en las que bajo acaloradas recriminaciones de fraude, el presidente logró retener el poder por un tercer periodo consecutivo. Las evidencias de estas intervenciones impropias de los jefes militares y de sus tropas en favor de las sucesivas campañas de Balaguer formaban montañas enormes de documentos. Los ejemplos afectaban todas las actividades del país. Por lo regular la prensa era uno de los objetos principales de ese partidarismo militar.
El 10 de abril de 1978, el comandante de la Tercera Brigada del Ejército con asiento en San Juan de la Maguana, general de brigada Rafael G. Guzmán Acosta, se dirigió mediante un memorándum a su superior inmediato, el jefe del cuerpo, mayor general Marcos Antonio Jorge Moreno, para informarle que el día anterior, el periodista Luis Mateo, “ en forma amañada y malintencionada, inició un programa de sondeo local por la emisora Radio Centro” con el propósito de que el público, por vía telefónica, señalara el candidato a la presidencia de su simpatía. El general observaba que el periodista mostraba “una parcialidad manifiesta hacia los partidos de oposición”. Como consecuencia de ello, recomendaba la clausura de ese programa y que se “le prohiba terminantemente a este individuo hablar por radio”, en vista de que ese despacho tenía informaciones que el periodista “no tiene carnet de locutor , para dirigir un programa radial”. El 21 de abril, el jefe del Ejército remitió el oficio al Secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan René Beauchamps Javier “acogiendo favorablemente la recomendación” y éste posteriormente, el 2 de mayo, justamente dos semanas antes de las elecciones refirió el asunto al Presidente de la República en un memorándum “para el elevado conocimiento y decisión de Vuestra Excelencia”. El programa de Mateo dejó de transmitirse entre el primero y el segundo de los oficios. Si grande y abierta era este tipo de intromisión en cuestiones ajenas a la actividad militar, más crítica lo era aún la dependencia económica de la Junta Central Electoral (JCE) al poder del gobierno. La falta de un presupuesto adecuado y su incapacidad para manejar esos fondos con absoluta independencia, la mantenían supeditada a las prioridades del Palacio Nacional, que usualmente autorizaba las partidas presupuestarias conforme a su propio plan y no exactamente a las necesidades del organismo.
Entre marzo y abril se dieron situaciones que pusieron de relieve, de manera dramática, esta falla del sistema electoral dominicano. El 4 de marzo, el secretario administrativo de la Presidencia, doctor José A. Quezada, envió un oficio al Director Nacional del Presupuesto, en el que anexaba “para su conocimiento, estudio y opinión, a fin de someter el presente caso a la elevada consideración y decisión del Honorable Señor Presidente de la República”, un memorándum del 23 de febrero del presidente de la JCE, licenciado Manuel Joaquín Castillo, solicitando al jefe del Estado una asignación de RD$ 43,280.00, con cargo a su propio presupuesto de gastos electorales. El dinero sería entregado a la Dirección General de Telecomunicaciones, una dependencia gubernamental, a fin de que su director, doctor Víctor Hidalgo Justo, “pueda incurrir en los gastos que se precisan tendientes a establecer la más conveniente telecomunicación con los municipios que carecen de ella, en ocasión de los preparativos de los comicios de mayo venidero”.
Semanas más tarde, el 29 de marzo, el presidente de la JCE volvió a dirigirse al jefe del Estado solicitando su autorización para que la Dirección del Presupuesto le asignara, con carácter de urgencia, y con cargo al mismo concepto, la suma de RD$ 806,400.00 “para pagar la impresión de la boleta electoral” y una suma adicional de RD$ 398,550.00 “para pagar dietas y gastos de transporte a 27,355 personas que habrán de laborar en las 5,471 mesas electorales”, donde los dominicanos ejercerían el 16 de mayo su derecho al sufragio. Ocho días después, el 6 de abril, el secretario administrativo de la Presidencia refirió la solicitud a la oficina del Presupuesto “para su conocimiento , estudio y opinión, a fin de someter el presente caso a la elevada consideración y decisión del Honorable Señor Presidente de la República”. El gobierno respondía muchas veces a su conveniencia estas apelaciones dramáticas del organismo electoral, dejando a un lado las formalidades de tipo legal. Dos semanas después de esa última solicitud de fondos por parte de la JCE, el presidente Balaguer dirigió un oficio al director del Presupuesto disponiendo el traspaso de la suma de RD$ 506,600.00 del Fondo 1620 al Fondo 1469 para “Atenciones Especiales de la Presidencia”, a fin de que se expidiera un cheque por igual valor en favor de la Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno “para efectuar pagos a diversas imprentas , por concepto de impresión de las boletas electorales, a cuenta de la cantidad de RD$ 753,826.00”.
Ese mismo día, Balaguer impartió instrucciones para el traspaso de la suma de RD$ 25,650.00 al Fondo 1469, con cargo al Fondo 1620, para el pago a una empresa, Directorio Comercial Industrial de la República Dominicana, de la impresión de boletas electorales. Cinco días más tarde, el 25 de abril, Balaguer remitió una carta a los señores Carlos J. Séliman, Asesor Económico del Poder Ejecutivo ; J. Cimadevilla Valdes, Contralor General de la República y Luis Del Villar, subdirector del Presupuesto, designándoles en comisión “para realizar una investigación exhaustiva en torno a las denuncias respecto de los problemas que han surgido en torno a la distribución a diferentes imprentas, de los trabajos de coloreado e impresión de las boletas que habrán de ser utilizadas en los próximos comicios del 16 de mayo”. Los funcionarios tenían el encargo presidencial de “iniciar de inmediato” la investigación y rendir a la mayor brevedad “ un informe pormenorizado al Poder Ejecutivo”. Muy pronto lo tuvo el presidente en sus manos. Se le informaba que mientras en las elecciones pasadas de 1974 se utilizaron 10 imprentas, en esta ocasión se estaban empleando 38, a las cuales se les pagará el mismo precio por impresión, sin que ¡ eureka ! “ ninguna de ellas tenga que pagar comisión de ninguna clase”. Los comisionados detallaban al presidente que la diferencia de precios en la impresión “ se origina en el aumento de costo de los materiales necesarios para tales trabajos, que han tenido lugar durante los últimos años, a causa de la inflación reinante”. Sin embargo, en una nota confidencial anexa al informe, se decía al mandatario que “al hacer el reparto de las cantidades a imprimir por las diferentes imprentas no se procedió con la debida equidad”. Además, consideraban, “ a pesar de lo manifestado en el informe anexo”, que el precio de la impresión “pudo haber sido más bajo”, de los RD$ 12.00 por millar a que se contrató. En las elecciones anteriores, recordaban, el precio había sido de RD$ 7.50 el millar. Este tipo de iniciativa gubernamental constituía no sólo una intromisión del Poder Ejecutivo en un área tan sensible como era la de la organización de las elecciones, sino también una oportunidad para alguien de lucrarse ilícitamente, como lo sugería la nota confidencial anexa. Si a esto se añadía el hecho de que el presidente era ,asimismo, uno de los candidatos, el panorama adquiría todavía una tonalidad más oscura. Estas eran las clases de situaciones que anulaban por completo el papel de la JCE y supeditaban su autoridad y efectivo control del proceso a los intereses del gobierno y del partido en el poder. Los oficiales militares comprometidos en la campaña por la reelección estaban dispuestos no sólo a participar en actividades políticas, sino a desempeñar papeles mucho más sofisticados, como el de analista o confidente.
En ocasiones solían inmiscuirse en las luchas intestinas del partido oficial. Tal fue el caso del informe que el 18 de abril, rindiera el auxiliar de Estado Mayor G-2, Oficial de Inteligencia del Ejército, el primer teniente de ese cuerpo Rafael Antonio Arias Alvarez, S-2, Oficial de Inteligencia del 11mo. Batallón “General Francisco Sosa”, desde su puesto en Barahona, ciudad distante a 204 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. Relataba que durante una visita realizada a la cercana ciudad de Pedernales el jefe del Partido Reformista en la localidad, Nicolás Morales, le había expresado su preocupación por el malestar que allí originaba la designación de los candidatos a cargos municipales. La situación de disgusto había llegado a tal extremo, advertía el oficial, que algunos dirigentes conocidos “se están dando a la tarea, en campaña abierta, de adoctrinar a la masa del Partido Reformista de allí, en especial a los campesinos ubicados en las lomas, para que el 16 de mayo fraccionen las boletas (voletas en el original)”, con el propósito de que voten por el presidente Balaguer a la Presidencia, pero por los candidatos del PRD a las demás posiciones en esa comunidad. Preocupado por tal situación, el oficial concluía de esta manera su informe : “En indagaciones que realicé discretamente, pude comprobar la veracidad de lo informado, por tanto considero conveniente salvo su mejor parecer, que esta información sea hecha del conocimiento de su Excelencia Dr. Joaquín Balaguer, para ver si se puede conjurar esa situación”. Los mandos militares tomaban muy en serio esta clase de observación de sus subalternos.
El teniente coronel Aris Manuel de Jesús Burgos Villa, Auxiliar de Estado Mayor G-2, Oficial de Inteligencia del Ejército, remitió al jefe de Estado Mayor dicho informe, quien a su vez lo hizo llegar al secretario de las Fuerzas Armadas. Y en memorándum de fecha 8 de mayo, el general Beauchamps Javier tramitó el expediente “para el elevado conocimiento de Vuestra Excelencia”. En los días previos al certamen electoral, se incrementaron los informes alarmantes en los predios oficiales. El 9 de mayo, una semana justa antes de las votaciones, el doctor Quezada, secretario administrativo de la Presidencia, remitió simultáneamente, en tres oficios separados, al presidente de la JCE, al secretario de las Fuerzas Armadas y al director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), “para su conocimiento y fines de lugar”, el texto de un telefonema enviado días antes al Palacio Nacional por el presidente del directorio del Partido Reformista en la pequeña localidad de Padre Las Casas, el senador Jesús María Paniagua, según el cual los perredeistas de ese lugar estaban alterando registros electorales haciéndoles perforaciones y diciéndole a los campesinos que les van “ a conseguir bueyes”. La denuncia citaba dos casos de presuntas alteraciones de registros de campesinos de la zona. Tres días más tarde, el director del DNI, general de brigada Julio Antonio Soto Echavarría, cumplió el encargo informando al secretario administrativo, mediante otro oficio, que “ existen actualmente en Padre Las Casas, jóvenes perredeistas de espíritu revolucionario que vienen conduciendo de manera mal intencionada la política del PRD con propósitos de perjudicar lo más posible al Partido Reformista, principalmente al señor Jesús María Paniagua, senador y presidente del Directorio de esta organización política”.
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, las indagaciones de las autoridades en torno a sucesos políticos relacionados con ese evento se tornaban más urgentes. En algunos casos, la investigación de un hecho precedía a la solicitud. Por ejemplo, el martes 9 de mayo, el secretario administrativo pidió al jefe de la Policía, mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, una investigación por instrucciones del Presidente de la República acerca de los incidentes callejeros ocurridos la noche del domingo 7 en San Francisco de Macorís, cabecera de la provincia arrocera Duarte, en el noreste del país, entre partidarios del PR y el PRD. Al día siguiente, miércoles 10 de mayo, el oficial respondió la solicitud remitiendo un amplio informe redactado el lunes 8 , por los generales de brigada José de Jesús Morillo López y Angel Urbano Matos Feliz, de la Policía y el Ejército, respectivamente, en el cual exculpaban de toda responsabilidad a los efectivos militares y policiales que intervinieron en los sucesos y en cambio recomendaban el sometimiento a la justicia de los dirigentes del PRD, incluyendo al doctor José Amado Camilo Fernández, presidente local de la organización y candidato a senador por la provincia. Como se verá a continuación, el informe de los dos generales era una muestra típica de la parcialidad militar en las bregas políticas : 8 de mayo de 1978 A los : Jefes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Ciudad. Asunto : Investigación practicada en torno a los sucesos ocurridos recientemente en San Francisco de Macorís. Referencia : Su orden verbal.
1.- Respetuosamente, en cumplimiento a sus instrucciones verbales, al mediodía de hoy nos trasladamos a San Francisco de Macorís con el propósito de investigar los sucesos ocurridos ayer domingo día 5-5-78, en dicha ciudad, en los cuales resultaron dos personas heridas de balas y algunos lesionados con traumatismos diversos.
2.-En nuestra investigación pudimos determinar que a raíz de los preparativos de una manifestación que tenía programada para el día de ayer el Partido revolucionario Dominicano, el comandante del Ejército Nacional en San Francisco de Macorís, coronel Francisco Medina Sánchez, E.N., tuvo conocimiento de que los manifestantes se proponían alterar el orden público, por lo cual dicho comandante llamó a su despacho, el sábado en la mañana, al doctor José Amado Camilo Fernández, presidente y candidato a senador por dicho partido, a quien se le puso en conocimiento las denuncias recibidas y se le responsabilizó de lo que realmente pudiera ocurrir en la referida manifestación.
3.-Tal como se había advertido, efectivamente el domingo en la tarde, a eso de las 3 :00 p.m., una gran multitud traída al efecto de diferentes regiones del país, mientras desfilaba por las calles de esta población y ya frente a la casa del señor Alfonso Conde Pausas, cita en la calle San Francisco No. 74, grupos exaltados la emprendieron a pedradas contra dicha casa, ocasionando rotura de persianas de cristal, así como de una lámpara también de cristal que colgaba en el comedor de dicha residencia.
4.-Las turbas, continuando su acción vandálica, desfilaron frente al Centro Médico Dr. Ovalle, cuyo propietario es el doctor Reynaldo Almánzar H., e igualmente la emprendieron a pedradas y tiros contra el edificio de dicho centro de salud, donde se encuentra internado el nombrado José Antonio Taveras Mercado(a) El Curío, ocasionando roturas de consideración en puertas y ventanas de cristales.
5.-Los desmanes continuaron y la multitud constituida en turba la emprendieron (sic) a pedradas esta vez contra la residencia de la señora Lourdes Sánchez, presidenta de la Cruzada de Amor, sita en la calle 27 de Febrero esquina Imbert, destruyendo cuatro ventanas de cristales, y al frente en la misma esquina, donde está el local del Movimiento Acción Social Cristiana (MAS), rompieron una persiana de madera con un objeto contundente.
6.-En vista de que los desmanes se sucedían en forma desenfrenada, tanto el doctor Reynaldo Almánzar H., director del Centro Médico más arriba citado como otras personas de la comunidad, solicitaron por la vía telefónica la intervención de la fuerza pública, a fin de restablecer el orden público que había sido gravemente alterado, viéndose los miembros de la fuerza pública obligados a dispersar la manifestación, haciendo varios disparos al aire y arrestando parte de los manifestantes.
7.-En esta acción resultaron heridas de balas presumiblemente de armas cortas en poder de los manifestantes, las señoras Hilda Hernández Abréu de 29 años de edad, de la ciudad de san Francisco de Macorís, y Amarilis Del Orbe, de 15 años de edad, residente en Pimentel, la primera en la región posterior de la rodilla derecha y la última en la región glútea izquierda, las cuales no revisten gravedad. También resultaron lesionados en la trifulca, con traumatismos diversos, los nombrados Desiderio Taveras, Francisco Sosa, Alejandro Martínez y Andrés Rojas, quienes se encuentran internados en el hospital San Vicente de Paul.
8.-En conversación sostenida por esta comisión tanto con las autoridades civiles como con personas representativas de San Francisco de Macorís, obtuvimos el consenso de que la actuación de los miembros del Ejército y la Policía nacionales fue correcta, porque evitó no sólo que continuaran los desmanes, sino también la ocurrencia de hechos de mayores consecuencias. Entre las personas cuestionadas al respecto figuran los señores José Bienvenido Taveras, gobernador civil de la provincia ; Fulvio Lora, síndico municipal ; doctor Mario Meléndez Mena, procurador fiscal ; doctor Mario Fernández Mena, secretario de Estado ; Alfonso Conde Pausas, secretario de Estado ; así como los señores Rafael Ortega González, director del hospital San Vicente de Paul ; doctor Reynaldo Almánzar H., director del Centro Médico Dr. Ovalle ; doctor Fabio Antonio Rojas Lara, doctor Miguel Angel Luna Molina y la señora Lourdes Sánchez, presidenta de la Cruzada de Amor.
9.-En el cuartel de la Policía Nacional se encuentran detenidos dos vehículos : una camioneta Datsun, color roja, con una sola placa en la parte delantera No. 537-509, conducida por el nombrado Luis Cruz, residente en la avenida 27 de Febrero No. 117 de dicha ciudad, y un camión Chevrolet, pequeño, color azul con una sola placa en la parte trasera No. 525-841, conducido por el nombrado Fabio Arístides Cruz, residente en la sección Atabalero, ambos vehículos con una apreciable cantidad de piedras.
10.-Un hecho notorio es que los manifestantes hicieron varios disparos presumiblemente con armas cortas y que las piedras que utilizaron fueron llevadas expresamente en los vehículos antes mencionados, para la comisión de los hechos aludidos (sic), ya que en la ciudad de San Francisco de Macorís, cuyas calles están totalmente asfaltadas, no existen estas clases de proyectiles.
11.-En vista de que la opinión pública señala al doctor José Amado Camilo Fernández, como la persona que encabezaba la referida manifestación del Partido revolucionario Dominicano, nos apersonamos al lugar donde reside dicho señor, a fin de cuestionarlo sobre el particular y allí nos comunicó su esposa, que él no se encontraba en ese momento en su residencia. Le dejamos el recado de que nos procurara o se comunicara con nosotros por la vía telefónica y hasta el momento de nuestra salida de san Francisco de Macorís no lo había hecho, por lo que presumimos que dicho señor está oculto evadiendo su responsabilidad en la comisión de dichos desmanes.
12.-Dejamos constancia de que la situación general en San Francisco de Macorís es completamente tranquila y normal, hasta el momento de nuestra salida y que el consenso de la opinión pública es que la actuación de los miembros del Ejército y la Policía nacionales, en procura del restablecimiento del orden público, fue necesaria y correcta.
13.-En consecuencia, somos de opinión que los responsables de los sucesos ocurridos ayer domingo en San Francisco de Macorís fueron únicamente los participantes en dicha manifestación celebrada por el Partido Revolucionario Dominicano y en tal sentido nos permitimos recomendar que no se tome ninguna acción contra los miembros del Ejército Nacional ni de la Policía Nacional, en razón de que su intervención en el presente caso fue en el cumplimiento de sus deberes.
14.-Igualmente nos permitimos recomendar que las personas involucradas en los sucesos objetos de esta investigación, incluyendo al doctor José Amado Camilo Fernández, quien encabezaba la multitud que se dedicó a los desmanes mencionados, sean sometidas a la acción de la justicia, en la persona del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes.
José de Jesús Morillo López Angel Urbano Matos Feliz General de Brigada, P.N. General de Brigada, E.N.
Quezada había pedido también una investigación del caso al director del DNI, general Soto Echavarría, quien respondió mediante un oficio de fecha 12 de mayo para enterarle que “los sucesos acaecidos en San Francisco de Macorís entre partidarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido Reformista, después de ser investigados por autoridades competentes, culminaron con la puesta en libertad de sesenta y ocho (68) perredeístas detenidos, considerados culpables de tales hechos”. Los jefes militares servían también al propósito de apaciguar los temores que la incertidumbre electoral producía en amplios sectores de la vida económica y social del país. Un ejemplo patético lo daba el memorándum del 7 de mayo transmitido por el general Jorge Moreno, jefe del Ejército, al secretario de las Fuerzas Armadas. En el se daba cuenta de un despacho del Inspector del 7mo. Batallón “General Olegario Tenares”, en Nagua, que relataba detalles de una reunión celebrada en la finca de un extinto oficial general, César A. Oliva García, en la que habían participado representantes de la banca, profesionales, hacendados, comerciales y periodistas de aquella localidad. Según el informe militar los asistentes disfrutaron de un almuerzo y discutieron acerca de “la posible alteración del orden que temen los comerciantes y hacendados de allí, antes y después de las venideras elecciones, a quienes se les garantizó el respeto a las leyes y a la propiedad privada”. Como siempre en estos casos, el general Beauchamps Javier remitió el informe ese mismo día “para el elevado conocimiento de Vuestra Excelencia” a su Comandante en Jefe, el Excelentísimo Señor Presidente de la República.
Frente a tales exhibiciones de poder e influencia oficial era poco lo que su propia autoridad le permitía realizar a la JCE aún dentro de la esfera de su acción legal. De hecho carecía de la facultad para decidir en asuntos tan triviales como la regulación de la venta de bebidas alcohólicas y gasolina durante el feriado de las votaciones. Así quedaba de manifiesto en el aviso publicado en los medios de comunicación por el secretario administrativo de la Presidencia dos días antes de los comicios, para informar al país que “correspondiendo a la solicitud formulada por el licenciado Manuel Joaquín Castillo, presidente de la Junta Central Electoral, mediante memorándum No. 28, de fecha 10 de mayo en curso, el Poder Ejecutivo ha autorizado a las estaciones expendedoras de gasolina a permanecer abiertas durante el día y la noche del 16 de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones generales”. La solicitud se debía a que en virtud de un decreto presidencial, de fecha 26 de junio de 1975, las ventas de gasolina sólo se permitían hasta el mediodía los domingos y días no laborables. El presidente de la JCE justificaba el pedido al jefe del Estado “ en razón de que en esa fecha transitarán, a todas horas, una gran cantidad de vehículos, con motivo de las elecciones generales”. Muchos funcionarios del área civil del gobierno tenían problemas para identificar las limitaciones de la esfera militar y con frecuencia la involucraban en la discusión de los temas políticos más comprometedores o banales. Esto salía a relucir en infinidad de informes y comunicaciones remitidas por secretarios de Estado y otros altos funcionarios denunciando irregularidades en el proceso de votación y en los días previos a las elecciones. El telefonema oficial enviado desde Salcedo por el secretario de Estado, Yermenos P. Yermenos, al jefe del Estado y al presidente de la JCE, el día 17 de mayo, no podía ser más característico de esa realidad. Al quejarse de los inconvenientes que habían impedido que una gran cantidad de partidarios del gobierno votaran el día anterior en Salcedo, Yermenos denunciaba que a despecho de la decisión de la JCE de permitir a última hora que los votantes sufragaran en las mesas que indicaran sus carnets electorales, aunque no aparecieran en las listas de votantes, muchos reformistas no pudieron hacerlo debido supuestamente a que los jefes de mesas eran militantes del PRD y anulaban esos votos o simplemente lo ponían como observado. Lo que hacía especial este tipo de informe era que estaba dirigido, en segundo término, al jefe de la Policía.
En medio de la creciente confusión e incertidumbre política que la interrupción del proceso electoral había provocado, la exaltación pareció ganar terreno en la esfera oficial en las horas siguientes al estallido de la crisis. Al Palacio Nacional llegó el breve texto de una información suplida por la más alta autoridad policial a sus unidades motorizadas : “ X-2 (Central de la Policía) les informó a todas las móviles patrulleras que el PRD piensa lanzar turbas a las calles, para que se mantengan alertas”. No había nada de cierto en esta advertencia. Por el contrario, ante la gravedad de los últimos acontecimientos, la dirigencia del PRD hacía esfuerzos para controlar a sus seguidores y evitar inútiles y costosos estallidos de violencia. Pero ante el Presidente de la República seguían llegando alarmantes informes de creciente agitación remitidos por los comandantes militares que habían asumido la noche antes la responsabilidad de detener el conteo de las votaciones. Al mediodía del día 17, el general Beauchamps Javier informó a Balaguer mediante un memorándum que el Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas (COFA) había comprobado que a las 7 :30 a.m., de ese día, un grupo armado había tratado de asaltar la Junta Municipal Electoral del poblado de Esperanza. En la refriega que había seguido a ese intento, una persona identificada como Damian Torres resultó muerta y un primer teniente Pedro Esteban Marte Núñez y un raso, Nicolás E. González, ambos de las Policía, heridos. Intencionada o no, este tipo de información, en las circunstancias prevalecientes, tendía a formar una idea distorsionada de la situación que reinaba en el interior del país.
Pero indudablemente servirían para diseñar los discursos con los que el gobierno pretendía justificar las acciones militares de la madrugada del 17 de mayo. En ocasiones, los informes militares al presidente abordaban los tópicos más irrelevantes. Tal era el caso del que remitiera el 18 de mayo el secretario de las Fuerzas Armadas “ para el elevado conocimiento de Vuestra Excelencia” anexando el reporte del jefe del Ejército en que se informaba a la “superioridad” sobre el sometimiento a la justicia de un hombre identificado como Ricardo Paredes Rodríguez “por haberle faltado el respeto” al raso José R. Gallardo Herrera, del Ejército, en momentos “ en que se encontraba agitando” en una mesa electoral ubicada en el barrio Santa Ana, de San Francisco de Macorís. Otro memorándum del jefe militar de ese mismo día ponía en conocimiento del mandatario el sometimiento a la justicia de dos ciudadanos de la fronteriza localidad de Pedernales, Newton Rafael Pérez y Juan Pérez Batista, “el primero por haber sido sorprendido en la mesa electoral No. 8 ubicada en el barrio Las Mercedes, de Pedernales, con documentos pertenecientes al último y agitar a las gentes”. Un tercer informe de la fecha, informaba del apresamiento y sometimiento a la justicia de José Antonio Castro “ por haber sido sorprendido en la sección Carbonera, jurisdicción de Montecristi, vendiendo un voto del Partido Reformista por la suma de RD$ 10.00 (diez pesos)”. Si bien estos reportes denotaban un control absoluto de la situación del país y llenaban objetivos inmediatos de propaganda, a la larga constituían una pérdida enorme de tiempo y una distracción que resultaría estéril desde una perspectiva política para el gobierno. Sin embargo, continuaban amontonándose en los escritorios palaciegos y ocupando la atención del Presidente de la República y la de sus principales colaboradores.
El 19 de mayo, el secretario de las Fuerzas Armadas, apoyado en reportes del jefe del Ejército y otros oficiales de alta graduación con puestos en el interior, informó a su Comandante en Jefe que en un allanamiento a la residencia del candidato a senador del PRD de la provincia fronteriza de Dajabón, Federico Rubén Pichardo Olivo, se le había encontrado “un fusil calibre 22 de aire comprimido y un voto del Partido Reformista”. Más sorprendente parecía otro reporte de la misma fecha en que se daba cuenta que el S-2, Oficial de Inteligencia de la Fortaleza “2 de Mayo” del Ejército, en Moca, se había enterado que los militantes y dirigentes del PRD de esa ciudad estaban a la espera de una llamada “ para lanzarse a las calles en caso de perder las elecciones, según manifestó una fuente que merece entero crédito”.
Como si fuese un asunto de la mayor trascedencia,en un mismo día este reporte había sido transcrito del oficial de inteligencia al jefe del Ejército, de éste al secretario de las Fuerzas Armadas y por último al Presidente de la República. Las cosas al parecer más rutinarias e intranscendentes tenían que ser comunicadas directa o indirectamente al jefe del Estado. Esta regla no escrita del juego oficial era válida también para aquellas esferas ajenas legalmente al control del poder central, como era, por ejemplo, el caso de la Junta Central Electoral. El presidente de este organismo, se cuidó de enviar copia al doctor Balaguer de su comunicación al jefe de la Policía del 20 de mayo pidiendo el servicio de dos agentes de ese cuerpo “para vigilancia y protección de la Junta Central Electoral “, como, decía, “normalmente siempre ha existido”. A pesar de la abrumadora diferencia de votos a favor del PRD, el presidente Balaguer se había propuesto impugnar las elecciones y para ello necesitaba reunir el mayor número de pruebas para sostener esa acción legal., el único de los recursos con que aún contaba para preservar el poder, que obviamente se le iba de las manos.
Los reportes militares procedentes de lejanas comarcas del interior acerca de irregularidades e inconvenientes durante el día de las votaciones, servían a la perfección a esos propósitos. En ese contexto del giro político, las insólitas muestras de injerencia militar en las actividades electorales que enseñaban esos reportes tenían un valor incalculable. Con todo y que pudieran parecer irrelevantes, la eficiencia recolectora de irregularidades electorales en que lucían empeñados los generales Beauchamps Javier, Nivar Seijas y Jorge Moreno, venían de maravillas al presidente. Lo que él necesitaba era la clase de información que traían los inagotables memorándum de sus fieles generales, como el que el 20 de mayo remitiera el jefe del Ejército al secretario de las Fuerzas Armadas y éste transmitiera sin pérdida de tiempo a su despacho, ese mismo día. Se trataba de lo siguiente : el inspector al servicio de la Segunda Brigada del Ejército, con asiento en Moca, informaba que el comandante de la Policía en Tenares, luego del discurso pronunciado por el presidente Balaguer la noche del día 18, había logrado reunir 468 carnets y cédulas de afiliados al Partido Reformista que no habían podido ejercer el sufragio. A estos simpatizantes del gobierno “de una forma u otra se les impidió votar en diferentes mesas electorales”, debido a supuestos errores en números de mesa, carnets sin cintillos y ubicación de mesa al sufragante. También se les había negado en la Junta Municipal Electoral de allí “ la expedición de nuevos duplicados, no conociéndose ningún caso en aquel lugar de que a los afiliados del Partido Revolucionario Dominicano se les haya presentado algo similar”. El informe final al secretario de las Fuerzas Armadas para conocimiento del presidente terminaba prometiendo que el oficial inspector “ seguirá recopilando datos con fines de obtener más pruebas”. Cualquier novedad o rumor recibía en esos días el beneficio del crédito en los más altos círculos gubernamentales. A la secretaría administrativa de la Presidencia llegaban casi diariamente informes confidenciales manuscritos de un agente con buenos vínculos en la prensa. El informe anónimo que ese servidor clandestino envió al secretario administrativo, doctor José A. Quezada, el 18 de mayo era sintomático del calor que asfixiaba la atmósfera palaciega. Este anónimo remitido mediante oficio al jefe de la Policía “para su conocimiento y fines de lugar” el 27 de mayo, era señal del nacimiento de una histeria gubernamental. El manuscrito analizaba: “ En vista de la situación que se nos presenta y tratando de determinar las razones por las cuales nuestro partido fue derrotado en la mayoría de las mesas aquí en el Distrito Nacional, pude obtener los detalles siguientes : a) Las mayorías de los delegados nuestros eran personas ineptas que desconocían cuáles eran sus funciones en las mesas electorales. b)La mayor cantidad de los presidentes de las mesas se parcializaron a favor del Partido Revolucionario Dominicano. c) Otro factor que incidió en el resultado de las votaciones fue la confianza que se depositó en las promotoras de la Cruzada del Amor, cosa ésta que perjudicó seriamente las actividades de los hombres del Partido Reformista los cuales se vieron desplazados prácticamente por las susodichas promotoras. Por otro lado, tengo informes que merecen entero crédito que dan cuenta de un posible plan dentro del PRD, encaminado a poner en ejecución una maquinaria de contraataque para responder a las agresiones producidas en su contra. Supe también que se estaría preparando muy discretamente las condiciones necesarias para si el gobierno reformista pierde las elecciones y no entrega el poder al Partido Revolucionario Dominicano tratar de repetir otra revuelta esta vez en todo el territorio nacional. Para esto hay sectores militares que estarían dispuestos a respaldar dicha actitud ; esos sectores según lo que he podido investigar estarían enquistados en las cuatro ramas de los institutos castrenses los cuales solo esperarían a un llamado del PRD para entrar en acción.
Supe también que el PRD se apresta a hacer un llamado a huelga general si se le retiene el poder en caso de resultar ganador en las elecciones. Para eso está tratando de obtener apoyo en el sector empresarial de todo el país”. A finales de mayo, otra tónica dominaba los reportes de los mandos militares. El día 28 Beauchamps Javier remitió a Balaguer un memorándum de Jorge Moreno, dando cuenta de la negativa del secretario de la Junta Electoral del paraje La Zanja, sección Sabana Iglesia, de Santiago, de firmar el acta de impugnación de las elecciones en ese lugar por parte del Partido Reformista “tras consultar con el primer teniente retirado doctor Pedro Joselito Santos Elisis, quien fuera postulado como candidato a síndico de dicha localidad, por el Movimiento de Integración Democrática (MIDA), de oposición. Este informe había sido redactado por el comandante del destacamento de San José de Las Matas, dependiente de la 26ta. Compañía del Ejército Nacional. Al día siguiente, otro memorándum del secretario de las Fuerzas Armadas llegó al escritorio del primer mandatario. Provenía del jefe del Ejército, quien le reportaba : “Respetuosamente infórmole que, según comunicó a este despacho el comandante de la Segunda Brigada, E.N., con asiento en Santiago, esta tarde (día 29 de mayo) mientras se procedía a la impugnación de las elecciones, en el momento en que se presentaban directivos del Partido Reformista a la Junta Central Electoral de allí, se aglomeró en la calle Restauración frente a la misma, una cantidad de aproximadamente 4,000 reformistas con gorras, pañuelos, camisas, etc., de color rojo, quienes entre slogans decían : “Balaguer otra vez”. A dicha junta sólo se presentó el secretario de ésta, manifestando que no habían condiciones para conocer la impugnación. Mientras que esto sucedía, el doctor (Salvador) Jorge Blanco, entró y salió de la junta sin ningún inconveniente de los reformistas que allí se encontraban”. La Policía no se quedaba atrás y competía con el titular de las Fuerzas Armadas en el flujo de información electoral y política para provecho del presidente Balaguer , superándole algunas veces en materia de superficialidad. La muestra más fehaciente de ello lo daba el oficio del 7 de junio que el general Nivar Seijas hiciera llegar al jefe del Estado para ponerle en conocimiento de “supuestas expresiones” del dirigente sindical social cristiano y diputado electo del Partido Reformista, Henry Molina. El general anexó el texto de “una nota informativa” que había llegado días antes a su despacho y cuyo texto rezaba : “ Hay que estar al tanto de los enemigos, para el futuro. Ayer, en un Club de Dominó, donde la mayoría de los asistentes o socios, pertenecen a la oposición, el diputado electo por el PR, señor Henry Molina, secretario general de CASC (Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos), le dijo lleno de orgullo a un pecudeista, que a él le echaron 48,000 (votos)fraccionados, o sea, que esa gente votó por él, solamente, y no por el candidato a la Presidencia, cumpliendo instrucciones que él dio, a los diversos comités que se formaron a su favor”. Confidencias de este tipo, en su aparente inocencia, podían ocasionar un grave daño al afectado. Las experiencias de años recientes enseñaban, en todo su horror, las consecuencias que situaciones derivadas de apócrifos o denuncias de esta clase habían traído a muchos hogares dominicanos. El ejemplo siguiente enseña los alcances de esa práctica. El 25 de mayo, el secretario administrativo Quezada escribió un memorándum al vicepresidente de la República, licenciado Carlos Rafael Goico Morales, remitiéndole un oficio del general de brigada paracaidista de la Fuerza Aérea, Aurelio Augusto Del Rosario Polanco, jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente, en el cual el gobernador del Teatro Nacional, capitán de navío Rafael Rodríguez Stal, solicitaba sanciones contra el violinista Carlos Piantini, director artístico, y los señores Elio Valez y América Torres, administrador y secretaria del director, respectivamente, de dicho centro. La grave falta de Piantini consistía en haber declarado que la pérdida de las elecciones se debía a los insultos que el Presidente había proferido contra sus seguidores en una oportunidad, al quejarse de que éstos lo habían dejado solo. El músico también se ufanaba que los líderes del PRD le habían prometido confirmarle en el cargo. Vales había compartido los criterios de Piantini pronosticando que finalmente los militares se “humillarían” ante el partido ganador. Mientras su secretaria era de opinión que el PRD no permitiría como en Chile “un pinochetazo”, por lo que muchos militares tendrían que abandonar el país próximamente. Lo que a todas luces parecía un chisme adquiría así el carácter de una cuestión de estado. Quezada refería al vicepresidente Goico Morales el expediente, “rogando a Vuestra Excelencia ordenar la investigación que sea de lugar en el presente caso, a fin de proceder a tomar las medidas pertinentes”. Los oficios militares continuaron informando directamente a Balaguer sobre el desarrollo de los acontecimientos aún mucho después de que esos reportes dejaron de tener validez ante la definición del proceso electoral. Durante todo el mes de junio estuvieron ocupándose de presuntos aprestos de huelgas y actividades contrarias al orden público.
En gran medida, esas apreciaciones y emisiones de juicio estaban sustentadas en situaciones irreales y supuestas. El procesamiento de todo ese grueso volumen de información impidió, sin lugar a dudas, al gobierno moverse dentro de límites que le hubieran permitido extraer otras conclusiones de las circunstancias en que se desenvolvía, evidentemente adversa. En más de una oportunidad, la mezcla de verdad y ficción que traían algunos de estos reportes militares y de otras fuentes, oscurecieron la perspectivas de aquellos llamados a sacar conclusiones certeras de la realidad difícil por la que atravesaba el país. Pero no resultaron en vano. La acumulación de datos sobre irregularidades y otros vicios en el proceso de votación, las fallas en los listados que los incansables informes de sus jefes militares llevaban diariamente al despacho presidencial, le sirvieron a éste para llevar a cabo su última y parcialmente exitosa gestión para neutralizar el triunfo de sus adversarios. Sobre esa base construyeron Balaguer y sus abogados la impugnación que finalmente despojó al PRD de una mayoría senatorial , dejando al septuagenario presidente con una parte importante del poder político, como se verá más adelante. Beauchamps le dijo al autor, en una entrevista celebrada el 23 de enero de 1996, que la actitud de los jefes militares en 1978 estaba justificada en la fuerte oposición del PRD al gobierno y al Partido Reformista. Era una oposición que hacía uso de grandes recursos humanos y económicos procedentes del exterior. “Nosotros teníamos las informaciones de las relaciones de esos países hermanos con el PRD”, dijo, lo que después comprobarían a través de una funcionaria de la JCE que ellos llevaron ante el presidente Balaguer con las “pruebas” de cómo el PRD había hecho un fraude. Según Beauchamps esas evidencias serían la base que el Partido Reformista usó, por intermedio del abogado Marino Vinicio Castillo, para impugnar las elecciones. También reconoció la intensidad de las presiones norteamericanas sobre las Fuerzas Armadas, pero rechazó que la aceptación por los mandos militares del resultado de los comicios se debiera a ellas. Recordó que el 16 de mayo fue a verle uno de los agregados militares con la queja de que se estaba intentando un golpe. “Yo le dije que eso no era verdad, que eso no era cierto”. En los días siguientes, el agregado insistió en verlo de nuevo, pero él no lo recibió porque estaba muy ocupado “ no teníamos tiempo…, había muchas cosas que hacer. Yo lo recibí varios días después”, para reiterarle que en el país no se produciría ningún golpe. Beauchamps admitió que había recibido presiones telefónicas del jefe del Comando Sur con sede en Panamá, pero que eso tampoco influyó en su decisión ni en la de los demás jefes militares.
