“Cuando ciertos salvajes quieren coger el fruto, cortan el árbol por el pie y arrancan el fruto. He aquí la imagen del gobierno despótico”.
Barón de Montesquieu
Con el paso de los días, la situación pareció ir deteriorándose. A finales de junio todavía no se avizoraba ninguna salida plausible a la crisis mientras surgían nuevos indicios de que el Gobierno se resistía a aceptar como definitivos los resultados electorales. Exactamente un mes y medio después de las votaciones, un comunicado publicado en algunos diarios por un grupo de seguidores del presidente Balaguer , que se identificaba a sí mismo como “movimiento patriótico” , instándole a quedarse en el poder, levantó un mar de protestas provenientes de amplios sectores de la sociedad dominicana.
Los temores alrededor de qué fuerzas pudieran estar actuando detrás de ese movimiento se unieron a la ansiedad provocada por versiones de que la JCE se preparaba para dictar un veredicto sobre las instancias de impugnación del Partido Reformista que anularía gran parte del triunfo abrumador del Partido Revolucionario Dominicano. La creciente ola de rumores que inundó el ambiente político del país entre finales de junio y los primeros días de julio, parecieron alejar la impresión de que una solución estaba en camino.
El silencio oficial respecto al comunicado del “movimiento patriótico” puso en alerta al PRD. El 29 de junio, el virtual presidente electo, en un esfuerzo por reducir las aprehensiones de la jerarquía militar por su victoria, desvinculó a las Fuerzas Armadas del supuesto plan auspiciado por sectores “cavernarios” para desconocer la voluntad popular y prolongar el mandato de Balaguer. “Esos cavernarios jamás piensan en el país, sino en sus intereses personales”. Guzmán también censuró la gestión atribuida a un grupo de congresistas del Partido Reformista, filtrada por algunos medios, “encaminada a restar validez y legitimidad” a las elecciones del 16 de mayo.
Sin embargo, Guzmán no creía que esas gestiones contaran con el apoyo de los mandos militares o grupos económicos importantes. Los auspiciadores de ese movimiento, dijo, “ están desacreditados y no tienen ninguna incidencia” en la vida política de la nación. “Los eternos conspiradores dominicanos no encontrarán eco en sus actividades porque todos los sectores nacionales se han pronunciado en favor de que se respeten los resultados de los pasados comicios”.
Quedaba pendiente una reunión entre el Presidente y el candidato ganador, para discutir los detalles del protocolo de la transmisión del mando. Guzmán entendía que esta debía esperar el anuncio de la JCE proclamándole oficialmente como Presidente electo, lo cual, a su juicio, pondría fin a la crisis.
La declaración de un influyente obispo latinoamericano vendría a sumarse a la ola de protestas nacionales e internacionales que continuaba asediando el silencio del Gobierno dominicano frente a las amenazas contra el proceso electoral. Las recientes opiniones difundidas por las agencias en todo el hemisferio del cardenal Alcisio Lorshaidar, presidente de la Conferencia General del Episcopado de América Latina (CELAM), pidiendo el respeto de la voluntad de los pueblos del continente expresada en las urnas, era una referencia directa al caso dominicano. “..la Iglesia respalda el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”, dijo el prelado. “Esto no es solamente un principio ético, sino de moral cristiana”. Guzmán las ponderó y las puso como un buen ejemplo de contrapartida a las intenciones de aquellos que intentaban oponerse a un cambio al través de un golpe institucional.
Las versiones acerca de un pronto y oscuro fallo electoral favorable al partido en el poder, seguían entretanto dominando el debate. A finales de junio, Peña Gómez denunció la existencia de una conjura encaminada a desconocer, parcial o por completo, los resultados de las elecciones. La trama se ejecutaría mediante la convocatoria por la Junta Central Electoral de elecciones extraordinarias en varios municipios del país. Según el secretario general del PRD, el propósito de esta convocatoria sería la de concederle al Partido Reformista la mayoría en el Senado. La importancia del control de la Cámara Alta radicaba en la facultad que le otorgaba la Constitución para designar a los jueces. Al través de esta maraña, Balaguer pasaría a la oposición con un control efectivo de dos de los tres poderes del Estado.
En los hechos, de concretarse, la conspiración denunciada por el PRD equivalía a cercenar de un tajo la victoria de ese partido. Con el Congreso y el Poder Judicial en manos de Balaguer, era poco lo que Guzmán y el PRD podían hacer desde la Presidencia. En el fragor de la cruda lucha política, la advertencia parecía enmarcarse dentro del ambiente casi olímpico de denuncias de todo género que inundaba el ambiente nacional, de un extremo a otro. Pero esta vez parecía estar sustentada en evidencias muy claras que afloraban cada vez con mayor frecuencia y franqueza a medida que se acercaba la fecha fatal en la que debía producirse la transferencia del mando.
Entre las pruebas de la supuesta trama contra el triunfo de su partido, Peña Gómez citó el comunicado del denominado Movimiento Patriótico Nacional que exhortaba al Presidente de la República a permanecer en el puesto. Estaba asimismo el intento de perpetuar el régimen mediante una ley del Congreso que anulara las elecciones y prolongara por dos años el periodo constitucional a punto de expirar. Esta iniciativa había aparentemente tropezado con un fuerte escollo al no encontrar el número de votos suficientes para ser presentado al pleno de la Cámara de Diputados, donde al igual que en el Senado, Balaguer contaba con mayoría. El texto de un proyecto con esos propósitos, según Peña Gómez, seguía circulando en el Congreso.
Aunque desconectaba al Presidente de estos esfuerzos, el líder del PRD acusaba directamente a su partido, el Reformista, de inspirar dichos planes. La prueba era la entrega de espacios en la estación de radio y televisión del Estado al comentarista Rafael Bonilla Aybar, un militante de extrema derecha vinculado a las acciones que condujeron el 25 de septiembre de 1963, quince años atrás, al golpe de estado militar que derrocó al profesor Juan Bosch apenas siete meses después de haber asumido la Presidencia. Bosch no pertenecía ya al PRD, pero muchos de sus dirigentes, incluido el propio Peña Gómez, solían defenderle como un modelo presidencial.
“Independientemente de las buenas intenciones que tiene el Presidente Balaguer y de su propósito de no permanecer un día más en el poder después del 16 de agosto, está en marcha un plan para desconocer la voluntad popular”, insistió en una alocución radial el 29 de junio el secretario general del PRD. Conforme a los informes en poder de su partido, la JCE se propone dar un fallo que favorecería sólo parcialmente a su partido, reconociendo la victoria de sus candidatos presidencial y vicepresidencial, pero acogiendo la tesis del doctor Marino Vinicio Castillo de convocar a elecciones complementarias en diversos lugares, para garantizarle al oficialismo el control de la Cámara Alta. Esas elecciones serían celebradas en Nagua, Neiba, El Seibo, Higuey y varias poblaciones más donde los cómputos preliminares daban el triunfo al PRD. Para darle visos de imparcialidad a esa medida, la JCE añadiría a otros municipios donde habría ganado el Partido Reformista. Las nuevas elecciones, según Peña Gómez, serían celebradas el primer día de agosto, quince días apenas antes de la fecha del traspaso de los poderes presidenciales.
Como la facultad constitucional de designar a los jueces se extendía a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente era el segundo en el orden sucesoral, sólo después del Vicepresidente de la República, el plan suponía el proyecto eventual de recuperar el poder mediante la destitución del Gobierno sin interrumpir el orden institucional. Para justificar tal decisión de anular parcialmente los comicios, la JCE estaría, según Peña Gómez, elaborando un informe basado en datos falsos de la ocurrencia de desórdenes e irregularidades en las listas de votantes. A su juicio, esto explicaba el por qué se había silenciado un informe de técnicos chilenos que desmentía los argumentos sobre dislocamiento en el Registro Electoral presentado por el Partido Reformista. La única información pública conocida del trabajo de esos técnicos, la había suministrado la propia JCE al revelar días antes que se iban del país sin concluir su labor debido a presiones de la prensa y otros factores, que nunca fueron mencionados.
Con todo y que el plan obedecía al interés de fuerzas oscuras y poderosas, Peña Gómez creía que “todavía hay gente con decencia y honradez en este país que no se va a prestar a esta maniobra y que la denunciarán”. Los dominicanos estaban en presencia de lo que él entendía era “una gran trama de ejecución inminente”, por lo que recomendaba a la gente de su organización “a mantenerse atentos a los acontecimientos”. Aquellos que al través de la historia dominicana se habían valido del poder militar para destruir el pluralismo, como los dictadores Ulisis Hereaux (Lilis), en el siglo pasado, y Rafael Trujillo, desde 1930 a 1961, conservaron el poder sin dejarle al pueblo más alternativa que la violencia que “terminó con sus propias vidas”. Balaguer se convertiría en el primer presidente reeleccionista “ en concluir pacíficamente un prolongado ejercicio de gobierno”.
Este hecho significaba “una gloria personal” para el jefe del Estado. Si intentaba en cambio prevalido de su fuerza militar “conservar el poder ilegalmente”, correría iguales o peores riesgos que los afrontados por otros gobernantes en el pasado. Los primeros albores de julio traían consigo el fantasma de una nueva guerra civil o de un régimen de facto.
La oposición a las elecciones complementarias adquirió a comienzos de julio el carácter de una gran protesta nacional. Interpretando ese sentir, el doctor Mario Read Vittini advirtió que el Congreso carecía de facultad legal para hacer esta convocatoria. Esta era una competencia exclusiva de la JCE. De asumirla el Congreso, incurriría “en una actuación típicamente inconstitucional”.
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No fue sino hasta el 6 de julio, cuando la prensa informara de la decisión del presidente Balaguer de ordenar a sus diputados que cesaran en su empeño de anular mediante una ley los resultados de los comicios y prolongar, simultáneamente, el periodo constitucional por otros dos años. Pero la orden del Presidente no detuvo los empeños de sus legisladores. Al confirmar la existencia del proyecto, el diputado Juan Demóstenes Cotes Morales dijo al vespertino El Nacional que la pieza de todas formas iba.
Las manifestaciones de independencia no eran la norma en la conducta de sus dirigentes ni en la práctica del partido y mucho menos del gobierno, por lo que la reacción del legislador lejos de despejar la incertidumbre contribuyó a crear más suspicacias respecto a las intenciones reales del Presidente. También ayudó la divulgación, por vez primera, de los alcances del proyecto, que proponía la celebración de elecciones para el Congreso y los municipios en el plazo de un año y presidenciales dentro de dos. Los ex-presidentes pasarían a convertirse automáticamente en senadores vitalicios. En tal virtud, Balaguer gozaría de por vida de inmunidad política y no podría ser juzgado por haber roto el orden constitucional.
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Poniendo por fin término a las expectativas, el 7 de julio la Junta Central Electoral dio a conocer el texto de la resolución con la que fallaba en torno a las impugnaciones presentadas por el Partido Reformista y otras organizaciones aliadas. La decisión, que trascendería a la posteridad como el “fallo histórico”, confirmaría los temores expresados por el secretario general del PRD y los pronósticos del análisis periodístico que semanas antes había transmitido por UPI su corresponsal J.P. Wyatt.
En esencia , la resolución del máximo tribunal electoral concedía al Partido Reformista la mayoría en el Senado, acogiendo sus recursos de apelación contra las decisiones de las juntas municipales de Neiba, Tamayo, Villa Jaragua, El Seibo, Hato Mayor, Miches,Sabana de la Mar, Higuey, San Rafael del Yuma, Nagua y Río San Juan y declarando sobre esa base al partido de Balaguer ganador en las candidaturas provinciales de La Altagracia, Bahoruco, María Trinidad Sánchez y El Seibo.
La resolución, firmada por el doctor Hugo E. Vargas Suberví, suplente del presidente ; Luis Augusto González Vega y Danilo E. Santana, miembros, y Rafael José Antonio Bergés Peral, suplente del secretario, no tenía precedentes en la historia electoral y política del país y levantaría una ola de indignación nacional , pero no encontraría oposición legal ni política sostenida del PRD. Exhausta y abatida por casi dos largos meses de angustia e incierta espera, la nación la acogería con reservas y resignación frente a lo que parecía una alternativa peor. A fin de cuentas, resumieron muchos, el cambio de mando se produciría y el carácter presidencialista del sistema político dominicano daría al PRD y a su futuro Presidente, el hacendado Antonio Guzmán Fernández, el radio de acción y la capacidad de movimiento político que la burda resolución de la JCE le habían despojado.
Pero en el marco de la realidad social y política dominicana la apreciación era falsa. De hecho, al concederle mayoría en el Senado al partido perdedor, sobre un extraño cálculo de distribución de votos no depositados, el poder real recaía en Balaguer, que entregaría formalmente el cargo preservando el control de los otros dos poderes. Las impugnaciones surtían todo su efecto.
Si bien la demanda oficial insistía en la convocatoria a elecciones complementarias, su realización a la postre no garantizaba el triunfo de los reformistas. La resolución en cambio le otorgaba el triunfo sin necesidad de medir fuerzas electorales. La JCE trataba de basar su decisión en una interpretación muy particular de las posibilidades que la crisis planteaba al país. En su peculiar concepto de la realidad política dominicana, la Junta creía haberle evitado al país dolores mayores.
Tras admitir como válidos los argumentos de que las irregularidades denunciadas por Balaguer podían haber cambiado el resultado de los comicios, la resolución admitía la comisión de errores muy graves en el proceso de organización y ejecución de las elecciones. Reconocía, por ejemplo, que era cierto que “en las labores de inscripción en el Registro Electoral, expedición del Certificado Electoral (carnet) y la colocación del cintillo indicador de la mesa electoral, se han cometido errores” y que, además, el personal designado en las mesas electorales, a nivel nacional, “ no supo manejar las listas de votantes confeccionadas estrictamente en orden alfabético de apellidos y nombres”, dando lugar todo esto a que muchos electores tuvieran dificultades para votar. Y que si bien, “contrariamente al rumor público” no hubo “trastrueque, dislocación, desubicación e intención fraudulenta en las listas de votantes”, y no se pudo determinar que “fehacientemente” eso era cierto, sí pudo comprobarse en cambio la “comisión involuntaria de errores” originada en la “deficiencia del sistema”.
La resolución consideraba que siendo de este modo, porque “ existen hechos y circunstancias que lo demuestran hasta la saciedad”, había que convenir que las elecciones del 16 de mayo “quedaron parcialmente viciadas de nulidad”. Esto se desprendía del hecho de que “fueron muchos los miles de ciudadanos” aptos para ejercer el derecho del voto, que se habían vistos impedidos de hacerlo. La situación que esta anormalidad había creado dejaba a la JCE ante un dilema, que la resolución misma trataba de explicar. La alternativa sería la anulación de las elecciones ordinarias ya celebradas y la convocatoria a otras extraordinarias para la elección de Presidente, Vicepresidente, congresistas y autoridades municipales, lo que implicaría un grave riesgo para la estabilidad del país. En las circunstancias que vivía la nación hablarles de nuevas elecciones “ casi sería provocar un enfrentamiento entre las fuerzas vivas de ambos partidos mayoritarios (Reformista y PRD), que traería como secuela la intervención de la fuerza pública encargada del mantenimiento del orden y de la seguridad de la nación, de imprevisibles consecuencias”.
La Junta se atribuía con su decisión la virtud de haberle ahorrado al país momentos de enorme dolor y caos. En efecto, calificaba el veredicto como el fruto de una “ponderación serena de todos estos acontecimientos políticos que virtualmente mantienen paralizado al país en gran parte de sus actividades públicas y privadas, en espera de que la Junta Central Electoral rinda su veredicto final…” En esa situación, le parecía “lo más sensato”, buscar entre los dos partidos en disputa “ un punto intermedio que satisfaga en parte a ambos partidos”.
No era el respeto a la voluntad popular libremente expresada en las urnas lo que parecía contar a esa altura del conflicto. La razón que guiaba a la JCE, “consciente de su papel histórico” en los momentos críticos que vivía el país, era su deber de “actuar con un gran tacto y ecuanimidad, ya que de no hacerlo así, habría que convenir, y es lo que se trata de evitar por las complicaciones que ello engendraría, la necesidad de adoptar decisiones en el presente proceso electoral” tiendan a promover la armonía y tranquilidad de la familia dominicana, que había vivido momentos de angustia y desesperación, y que, por tanto, repudiaría a “viva voz” que ese organismo anulara las elecciones y convocara a nuevos comicios, aunque fueran estos parciales, reducidos a unos cuantos municipios.
El organismo electoral daba a impugnaciones estrictamente legales soluciones de carácter político y emocional. De todas formas, el veredicto marcaba el sendero de una salida inmediata a la crisis y ahuyentaba el fantasma de un conflicto más prolongado y, por ende, la amenaza de un estallido de violencia.
Balaguer defendió públicamente el fallo de la JCE como una salida correcta y sensata a la crisis. Tras aceptar “ esa iniquidad” como un mal menor, frente a otras alternativas de consecuencias imprevisibles, Balaguer dijo en un discurso radiotelevisado pocas horas después de darse a conocer el veredicto de la junta, que dicha sentencia “ ha sido acerbamente criticada por nuestros juristas políticos, entre los cuales hay algunos que son profesores de esta clase de intringulis, quienes han calificado esa decisión de la Junta Central Electoral como inconstitucional”. El Presidente cuestionaba la sinceridad de las censuras de muchos sectores pronosticando que muy pronto se entregarían a tareas conspirativas. “” Es posible, ¿ quién lo duda ?, que muchos sectores que hoy apoyan al Partido revolucionario Dominicano estén ya, por debajo, preparando, como en el 1963, la zancadilla mortal con que interrumpirán sus gestiones al frente de la cosa pública”.
Su ardiente defensa de la resolución que le otorgó mayoría de 16 bancas contra 11 en el Senado y su alusión al golpe de Estado que derrocó a Bosch quince años antes, generaría nuevas controversias y daría espacio a un inusual intercambio epistolar entre Balaguer y el licenciado Rafael F. Bonnelly, cuyas resonancias trascenderían el marco de la crisis electoral.
En una primera carta a Balaguer, publicada por la prensa nacional a mediados de julio, Bonnelly le expresaba que sus reproches “ a aquel espertento jurídico” dictado por la JCE, estaban basados “ en los fundamentos que ofrece la Constitución que declara el ejercicio del voto como personal, secreto e intransferible y que condena, como nulo de pleno derecho, todo acto que contravenga a cualquiera de las cláusulas encerradas en el Estatuto Orgánico de la Nación”. Balaguer había desertado de sus obligaciones constitucionales , que asumiera al jurar ante la Asamblea Nacional como Presidente de cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Constitución y las leyes. Al defender el dictamen de la junta se colocaba “ en un plano de ilegalidad”. En esencia, con su actitud, el jefe del Estado, según Bonnelly, se sumaba a una causa injusta, repudiada por la generalidad del pueblo dominicano.
La misiva era cortante. “ Es puesto en ese camino de la ilegalidad desde donde usted felicitó, empleando términos excesivamente laudatorios, a los tres miembros de la Junta Central Electoral que dictaron la tristemente célebre sentencia del 7 de julio en curso, que arbitrariamente despoja al Partido Revolucionario Dominicano de cuatro senadurías y una diputación, para regalárselas al Partido Reformista que consigue así una mayoría que no tenía”. En el aspecto puramente legal, Bonnelly advertía a Balaguer que de esta manera en la Cámara Alta del Congreso dominicano figurarán, a partir del 16 de agosto de ese 1978, cuatro senadores y un diputado de facto “porque sus credenciales no están refrendadas por el voto popular”.
Tampoco aceptaba Bonnelly como válidos los argumentos expuestos por el Presidente de que ese acto que estimaba “ilícito” pudiera contribuir a superar la crisis que abatía al país desde la madrugada del 17 de mayo, cuando se adoptó y se puso en práctica lo que Balaguer llamara en su discurso de respaldo a la resolución de la JCE ,“ una medida inconsulta adoptada por la jerarquía militar que interrumpió el conteo de los votos”. Balaguer reaccionó molesto y acusó a su opositor en una carta de respuesta publicada en los diarios del país el 17 de julio de ser la persona “ de quien he recibido mayores daños en mi vida, la que me ha hecho las mayores ofensas, la que me ha atribuido actos más ruines, y la que con mayor saña se ha referido siempre a mi labor como gobernante y como hombre público…”
El Presidente respondió días después, el 17 de julio : “Usted se muestra molesto e irritado por la defensa que hice de la sentencia de la Junta Central Electoral del 7 de julio en curso. Pero usted tiene que admitir conmigo que el mismo derecho que le asiste a usted de considerar ese veredicto como inconstitucional, lo tengo yo para pensar todo lo contrario. Creer otra cosa equivaldría a inferirle la injuria de suponer que usted se ha erigido a sí mismo en el árbitro del pensamiento jurídico de todos los hombres libres que habitan en esta nación”.
La respuesta de Balaguer provocaría una oposición mucho más activa de Bonnelly a la decisión final de la junta y en una segunda carta, también hecha pública por los medios el 18 de julio, el jurista le cuestionó en los términos siguientes : “ ¿ Por qué toma usted como agravio, pongo por caso, el que aprecie el que usted declarara que apoyaba ´ la iniquidad ´ de la Junta Central Electoral a despecho de que contraviene a varias cláusulas de la Ley Sustantiva haciendo nula de pleno derecho esa ´iniquidad ´ ?”. Para a seguidas razonarle que había sido Balaguer y no él, quien dijo que aprobaba “ esa iniquidad”. Bonnelly explicaba que en el caso “no hice más que asombrarme de que un Primer Magistrado, custodio y defensor de la Constitución, por definición, incurriera en el absurdo de minar las bases en que descansa la legitimidad de su propio gobierno”.
La rivalidad de estas dos importantes figuras políticas dominicanas se remontaba a finales de 1961. Servidores ambos de la tiranía de Trujillo, pasarían a partir de ese año, después de la muerte del tirano, a encabezar grandes movimientos y acontecimientos que contribuyeron a cambiar la vida del país. Luego de arduas negociaciones con Unión Cívica Nacional, el principal partido de oposición a la dictadura, entre finales de noviembre y diciembre de 1961, Balaguer, que ocupaba la Presidencia desde agosto de 1960, aceptó la integración de un Consejo de Estado de siete miembros encabezado por él mismo. Bonnelly fue designado vicepresidente con el propósito de sucederle poco tiempo después y organizar las primeras elecciones libres dominicanas en más de treinta años. Graves estallidos de violencia ocurrieron el 16 de enero de 1962 después que fuerzas militares dispararon contra una multitud contraria a Balaguer reunida en la Plaza Independencia bajo el local de la ciudad de Unión Cívica. Los incidentes que siguieron a esa matanza quebraron la frágil unidad que mantenía la cohesión del gobierno. Bonnelly y otros tres miembros del Consejo fueron destituidos y encarcelados en la base aérea de San Isidro esa misma noche. Balaguer juramentó una junta cívico militar encabezada por Huberto Bogaert, que fue derrocada 48 horas después por un contragolpe que repuso al Consejo de Estado con Bonnelly como Presidente. Balaguer se refugió esa misma noche en la sede de la Nunciatura, contigua a su residencia. Permaneció allí hasta mediados de marzo cuando fue sacado al exilio. Por su parte, Bonnelly organizó las elecciones que dieron el triunfo a Juan Bosch el 20 de diciembre de 1962. Bosch se juramentó el 27 de febrero y fue derrocado siete meses después, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Bonnelly, que había organizado esas primeras elecciones libres en el país, no fue invitado a la ceremonia de juramentación de Bosch. Balaguer y Bonnelly jamás se reconciliarían.
Bonnelly no estuvo solo en sus críticas a la sentencia de la Junta. Los editoriales de los principales diarios y noticiarios de radio y televisión, la denunciaron como un adefesio jurídico, pero muchos de ellos invitaban a la población a aceptarlo como un medio de evitar estallidos de violencia y propiciar la reconciliación política de los dominicanos.
El 8 de julio, Guzmán calificó de “insólito” el fallo de la JCE, pero pidió al pueblo mantener la calma, mientras su partido anunciaba al país la decisión de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia. La decisión del organismo electoral provocó también el repudio de sectores que habían favorecido una anulación de los comicios. Tal fue el caso del doctor Marino Vinicio Castillo , quien había tenido a su cargo los alegatos de impugnación del Partido Reformista. Castillo consideró “ absurdo” y “antijurídico”, y por ende contrario a la Constitución, el fallo electoral. El jurista favorecía la realización de elecciones complementarias para corregir las fallas del proceso que dieron lugar a las “irregularidades” en las que se basaba el fallo de la JCE.
El domingo 9 de julio, Guzmán volvió a hablarle al país. En declaraciones a la prensa anunció que el PRD adoptaría una posición pacífica y de “acatamiento a las leyes”, para responder a la decisión de la junta. La situación se tornaba, sin embargo, confusa. Mientras Guzmán trataba de evitar que los ánimos se exacerbaran y estallaran protestas callejeras, el secretario general del PRD, Peña Gómez, denunciaba en un discurso radial la existencia de una trama para vincularle en un supuesto tráfico de armas procedentes de Venezuela, que serían utilizadas para cambiar la decisión del organismo electoral. “ Eso no le cree nadie”, dijo Guzmán.
Acogiendo una solicitud pública del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, el PRD decidió el lunes 10 suspender una jornada de protesta de 24 horas convocada para el día siguiente. Los empresarios habían expresado en un comunicado su “ completo desacuerdo” con la realización de la llamada “ jornada cívica de recogimiento patriótica”, con la que el partido proyectaba hacerle resistencia al dictamen en su contra. “ A pesar de que sus proponentes afirman que dicha jornada no tiene carácter huelguístico es manifiesto que se llama a un recogimiento en los hogares que de ser acogido conllevaría a una paralización general del trabajo, lo que podría alterar y afectar muy sensiblemente la economía general del país”. Por tanto, el Consejo empresarial solicitaba de “manera formal y pública” a los líderes del PRD que desistieran de esta protesta, exhortándole “ a continuar sus actuaciones en forma ecuánime y pacífica, dentro del marco de la ley y de su vocación democrática”.
Firmaban este documento, los señores Rogelio A. Pellerano, presidente del Consejo Nacional de Hombres de empresas, Inc., José Manuel Armenteros R., presidente de la Asociación de Industrias ; Lorenzo García Troncoso, presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional ; Silvestre Alba de Moya, presidente de la Asociación de Hacendados y Agricultores ; Heriberto de Castro S., presidente de la Confederación Patronal ; Andrés Dauhajre, presidente de la Asociación de Importadores ; Guillermo Roig, presidente de la Asociación de Exportadores ; William H. Heflin, presidente de la Cámara Americana de Comercio ; Virgilio Alvarez B., presidente de la Cámara de Aseguradores ; Juan Periche Vidal, presidente de la Asociación de Navieros ; César A. Bodden, presidente de la Asociación de Representantes de Firmas Extranjeras ; Marino Espinal E., presidente de la Asociación de Representantes y Agentes de Productos Farmacéuticos ; y los demás miembros : Rafael Sánchez Csbrera, Marino Auffant P.,Alejandro Grullón,Enrique Armenteros R.,Eduardo de Castro S.,Antonio Najri, José Miguel Bonetti G., Ernesto Vitienes C., Juan Gassó Pereyra, Mario Cabrera M., Eduardo Fernández P., José E. García Aybar, Joaquín Ramírez de la Rocha.
En los días siguientes, las tensiones parecieron exceder el límite de resistencia de la nación. El lunes 10, Bonnelly insistió en su posición de que el PRD impugnara ante la Suprema Corte de Justicia el fallo electoral y exhortó a Balaguer a ejercer su decisiva “ e inapelable influencia” a fin de que los senadores de su partido indebidamente favorecidos por el “fallo histórico”, renunciaran , por estimación de sí mismos, a ejercer posiciones usurpadas a otros. Según el jurista, la Suprema Corte debía a su vez, sin detenerse en pormenores, “anular” el dictamen a la mayor brevedad posible. Esta tesis ganaría un rápido respaldo público. Otro respetable jurista, y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, sostuvo que la JCE debió limitarse a rechazar o aprobar las impugnaciones del Partido Reformista. “Creo que la junta debió rechazar dichas impugnaciones si comprobó que no había faltas graves y en caso contrario debió aceptarlas para ordenar nuevas votaciones en las mesas donde se hubiesen comprobado irregularidades de carácter grave”. Pero nunca cambiar la voluntad de los electores.
Finalmente, el martes 11 de julio, el PRD depositó ante la Suprema Corte los documentos de impugnación de la sentencia de la JCE pidiendo que fuera declarada inconstitucional. La instancia recibida por el secretario del tribunal, doctor José Ernesto Curiel, advertía que no se trataba de “un recurso contra lo decidido por la JCE sino de ejercer los derechos a proclamar la nulidad por inconstitucionalidad de dicho acto de jurisdicción, con todas sus consecuencias legales”. La comisión de abogados que presentó la demanda estaba integrada por Salvador Jorge Blanco, José Rafael Molina Ureña, Leonor Sánchez Baret, Abraham Bautista Alcántara, Fulgencio Espinal y Radhamés Rodríguez Gómez, así como por los candidatos despojados de sus curules por la junta, Néstor Matos, de Bahoruco ; Rosa Julia de la Cruz Ortíz, de María Trinidad Sánchez ; Cástor Ramón Feliú, de La Altagracia e Iván A. Rondón, de El Seibo, como por Rafael Rivera, candidato a diputado por esa última provincia.
Un comunicado de respaldo de los mandos militares a la resolución de la junta, añadió el miércoles 12 un nuevo ingrediente de discusión y pareció complicar la crisis. El presidente electo, Guzmán, mientras su partido discutía el texto de una respuesta, adelantó su apreciación con el evidente propósito de no comprometer aún más su futura presidencia. En el fondo, pese a la notoria parcialidad de la jerarquía militar en el caso, el pronunciamiento constituía un “apoyo” al triunfo del PRD. Los militares sostenían su posición en la creencia de que la salida a la crisis patrocinada por el organismo electoral era “la única providencia que, en los momentos presentes, puede garantizar la continuación de la paz que disfruta el país”. El comunicado amenazaba con la adopción de medidas de fuerza contra cualquier intento de resistirse al “fallo histórico”. El hecho de que sectores planearan huelgas e hicieran lo que llamaban “ incitaciones a actos provocativos, que no obstante su apariencia lícita, podrían degenerar en la creación en el país de un ambiente de subversión, creemos necesarios que los institutos castrenses y la Policía Nacional, asocien sus esfuerzos a los de los ciudadanos conscientes, en favor de la concordia nacional, el sosiego y la vocación pacifista que hoy prevalece en la inmensa mayoría de la familia dominicana”, advertían los jefes militares. El comunicado dejaba bien en claro la amenaza de un golpe para evitar que Guzmán asumiera el poder en la eventualidad de que no se aceptara la decisión de la junta. Consciente tal vez de ello, Guzmán formulara su personal apreciación del ánimo de los mandos de las Fuerzas Armadas. Que lo hiciera al término de una reunión con el consejero político de la embajada de Estados Unidos, John King, que fue a visitarle a su oficina en la residencia de Los Prados, mostraba a muchos observadores la posibilidad de que un acuerdo para zanjar la crisis estuviera ya decidido.
El texto de la resolución de la Junta Central Electoral, conocido posteriormente como “fallo histórico” se publica in extenso como anexo al final de esta obra. La nómina del Senado quedaría integrada de la manera siguiente: Juan Rafael Peralta Pérez, Santiago Rodríguez; Manuel A. Nolasco Guzmán, El Seibo; Luz Haydee Rivas de Carrasco, Dajabón; Florentino Carvajal Suero, Elías Piña; José Amado Camilo Fernández, Duarte; Alfonso Canto Dinzey, San Pedro de Macorís;Rfael Castro García, Santiago; Altagracia Evelyn Cury de Moreta, Pedernales; Salvador Jorge Blanco, Distrito Nacional; Noel Suberví Espinosa, Barahona; Manuel Eurípides Feliú Herrera, La Altagracia; Rafael Emilio Fernández B.,María Trinidad Sánchez; Manuel de Jesús Gómez, Samaná; Oberto Gómez Minaya, Valverde; José Delio Guzmán Domínguez, La Vega; Víctor Gómez Bergés, Puerto Plata; Jesús María Paniagua, Azua; Felipe Segundo Parra Pagán, San Cristóbal; Leonidas Armando Pérez y Pérez, Independencia; Helvio A. Rodríguez, Montecristi; Manuel Esteban Rodríguez Fernández, Salcedo; Radhamés Rodríguez Gómez, La Romana; Alfredo Rivas Hernández ,Espaillat; Jacobo Antonio Sánchez José, Sánchez Ramírez; Elías Sarraf Eder, Bahoruco; Luis Manuel Tejeda Peña, Peravia y Víctor Onésimo Valenzuela de los Santos, San Juan de la Maguana. Los senadores favorecidos por la resolución fueron Nolasco Guzmán, electo vicepresidente de la cámara; Feliú Herrera, Fernández B., y Sarraf Eder.
Aun cuando todo parecía solucionado y sólo restaba la proclamación oficial del Congreso para consagrar la elección de Guzmán y Majluta como Presidente y Vicepresidente electos de la República, se necesitaron otros diecinueve días para que ocurriera. Cumpliendo un mandato constitucional, la Asamblea Nacional, reunión conjunta de las dos cámaras legislativas, dictó el 26 de julio, casi tres semanas después del “fallo histórico” y dos meses y diez días luego de los comicios del 16 de mayo, la resolución que oficializaba la elección de ambos, cerrando de este modo la prolongada crisis post-electoral.
Ese mismo día, Guzmán sostuvo reuniones privadas con los jefes militares. El Presidente electo visitó primero al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Beauchamps Javier y más tarde se entrevistó con el mayor general Enrique Pérez y Pérez, el mismo que había proclamado meses antes la imposibilidad del triunfo electoral del PRD y su respaldo irrestricto al presidente Balaguer. Luego, en compañía del primero, visitó a los jefes de estado mayor de las distintas ramas castrenses. Cuadrándose respetuosamente ante él en señal de obediencia, el general Pérez y Pérez le dijo al Presidente electo que los militares serán respetuosos del poder civil y al nuevo gobierno que el pueblo se dio en las elecciones. Beauchamps le aseguró, a su vez, que no aceptarían ninguna acción contra las autoridades legítimas. Los temores de un golpe de estado futuro carecían de fundamento.
“Tenemos confianza en usted”, dijo Pérez y Pérez, “Fe en el gobierno que próximamente presidirá el ciudadano Guzmán”. Los jefes militares expresaron su deseo de una mayor profesionalización de esos cuerpos, a través del respeto al escalafón. “ Creo en el fortalecimiento e institucionalización de las Fuerzas Armadas”, le respondió el Presidente electo, al prometer que se respetaría de manera absoluta el escalafón militar. Los mandos castrenses podían tener seguridad de que el nuevo gobierno respetaría a las Fuerzas Armadas porque “han dedicado su vida a defender la soberanía nacional. Para mi eso tiene un gran significado”.
Nuevamente intervino Pérez y Pérez, para decir que las palabras del Presidente electo “nos fortalecen, nos dan aliento, porque las Fuerzas Armadas, y hablo ahora como comandante del Ejército Nacional, tienen fe en el gobierno que próximamente presidirá Guzmán Fernández”. El futuro Presidente se despidió prometiendo que entablaría un “diálogo abierto” con las Fuerzas Armadas “para que ustedes me mantengan informado”, pero les puso en claro que las decisiones las tomaría él como su comandante en jefe.
Mientras estas reuniones tenían lugar, las dos cámaras sesionaban en forma conjunta para hacer la proclamación oficial de las nuevas autoridades. La asamblea se instaló a las 11 :20 de la mañana, bajo la presidencia de su titular, el senador Adriano Uribe Silva, del Partido Reformista, con un quorum compuesto por 96 de los 118 miembros del Congreso, 70 de los 91 diputados y 26 de los 27 senadores. Una batería del Ejército, situada en la explanada frontal del palacio del Congreso, disparó una salva de 21 cañonazos al iniciarse la histórica sesión, con la que se consagraba la primera transferencia pacífica del poder de un candidato democráticamente electo a otro igualmente escogido por el pueblo, en una ceremonia que tendría lugar 21 días después en esa misma augusta sala, ante una nueva Asamblea Nacional. Llenando las formas, la Asamblea designó una comisión bicameral que examinó las actas de las elecciones remitidas por la Junta Central Electoral.
Tras declarar la elección como buena y válida, el presidente del Senado y de la Asamblea, Uribe Silva, sometió a votación el texto de la resolución. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el reformista Juan Esteban Olivero Félix, intentó todavía dilatar la proclamación, pidiendo que se leyera el texto porque “nosotros no sabemos que estamos aprobando”. El presidente ordenó entonces al secretario que leyera la resolución “para complacer” al diputado de su partido y luego sometió a votación la proclama. Otro legislador intentó después prolongar la sesión pidiendo la palabra. Uribe Silva no le prestó caso y golpeando fuertemente con el martillo exclamó : “¡ Aprobado !”.
Una comisión del Congreso, encabezada por el senador reformista Manuel A. Goico, entregó el pergamino oficial de su proclamación a Guzmán y Majluta en horas de la tarde de ese mismo día, como “testimonio de la Asamblea Nacional al terminar el agitado proceso electoral”.
Goico extendió su mano derecha al Presidente electo y le dijo : “Quedan hoy ustedes revestidos oficialmente como Presidente y Vicepresidente, cumpliéndose de esa manera la voluntad del pueblo”. Agregó que esa breve y sencilla ceremonia interpretaba “ en esencia las aspiraciones del Partido Reformista de que cumpliéramos con nuestro deber”. Tras una pausa, dictada por la emoción del momento, Goico agregó, con voz trémula : “ Pongo en sus manos estos documentos con la esperanza de que tengan éxito, cosa que espera la República Dominicana. Usted, señor Guzmán, es el presidente de todos los dominicanos y no del PRD. Que Dios ilumine su corazón”.
Con voz también entrecortada, pero firme, Guzmán le respondió : “Quiero agradecer a esta comisión que viene a depositar las cartas que nos señalan como los candidatos triunfadores en las pasadas elecciones , que fue el fruto de la voluntad del pueblo dominicano, hecha hoy realidad. Sabemos la responsabilidad que recaerá sobre nuestros hombros, pero la sabremos afrontar decididamente ; cumpliremos con el mandato pleno que nos ha dado el pueblo dominicano”. Goico aprovechó la ocasión para abogar por su pueblo natal, pidiéndole que dedicara grandes recursos del Estado para beneficio de la región oriental, “tierra tan fértil como la del Cibao”, pero en la que ningún gobierno ha hecho nada por aumentar la producción en la zona”. Guzmán le respondió que gobernará “para todos los dominicanos” y que entre sus planes figuraba el aumento de la producción agrícola.
Fue un día feliz que puso fin a todas las tensiones acumuladas desde la madrugada, ya lejana, del 17 de mayo, cuando los mismos jefes militares que ahora se rendían ante su autoridad, trataron de impedir por un acto de fuerza su victoria al través de las urnas, deteniendo el cómputo de los votos depositados durante todo el día anterior.
El texto de la resolución que proclamó la elección de los mandatarios es el siguiente : “La Asamblea Nacional en nombre de la República, visto y examinado el proceso de la elección del Presidente y Vicepresidente que le han sido sometidos por la Junta central Electoral para los fines constitucionales, visto el informe de la comisión especial designada por esta Asamblea Nacional : considerando que el señor Silvestre Antonio Guzmán Fernández ha sido elegido Presidente de la República por el periodo constitucional 1978-1982 y el licenciado Jacobo Majluta Azar para la Vicepresidencia de la República por el mismo periodo por el voto de 867,231 sufragantes cada uno, comprobándose que han contado con la mayoría de los sufragios de la consulta electoral del 16 de mayo en curso, resuelve : proclamar, como al efecto proclama, al señor Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Presidente de la república, y al licenciado Jacobo Majluta Azar como Vicepresidente de la República, para el periodo constitucional que se iniciará el 16 de agosto de 1978 y concluirá el 16 de agosto de 1982”.
Además del senador Manuel A. Goico, la comisión que entregó a los mandatarios electos los diplomas de elección de la Asamblea estuvo compuesta por otros cuatro congresistas. A su vez, la comisión especial del Congreso que examinó las actas de elección de la Junta Central Electoral la integraron los doctores Atilio Guzmán Fernández, Víctor Almonte, Noé Sterling Vásquez, Marino Ariza Hernández, Miguel Acta Fadul, Barón E. Suncar Mella y Manuel A. Nolasco Guzmán. Las actas de elección de la Junta Electoral aprobadas por el Congreso estaban firmadas por el presidente suplente del organismo doctor Hugo E. Vargas Suberví, Luis Augusto González Vega, Ernesto E. Ravelo García y Rafael Bergés Peral.
