Hechos recientes protagonizados por policías, que incluyen la muerte de tres personas luego de haber sido detenidas y recluidas en destacamentos, ilegitiman y desnaturalizan lo que había sido definido como el más profundo proceso de transformación y profesionalización de la historia de esa institución.
Se pensó, con razón, debido a que el propio presidente Abinader se puso a la cabeza de ese esfuerzo, que se habían sentado las bases para dar un gran vuelco.
El grupo de trabajo creado para esos fines diseñó líneas para la implementación de planes, estrategias y políticas, y lo que se había aguardado por años: el Reglamento General de Aplicación de la Ley 90-16 Orgánica de la Policía y otros procedimientos.
Pero mientras ese proceso de oficinas avanzaba a pasos agigantados, en las calles se observaba en las filas policiales el esquema de siempre, el de los excesos y el del policía reactivo desvinculado de la ciudadanía, y también pervivía la desconfianza.
Las muertes en Santiago Oeste, luego de haber sido detenido, del peluquero Richard Báez, la de Ignacio Gregorio en Ocoa y la de David de los Santos, además del escándalo del Canódromo, antecedidas por el acribillamiento de dos pastores en Villa Altagracia, parecen haber mandado a pique todo lo que se había logrado con el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.
Sabíamos que los cambios en la práctica no serían inmediatos, por lo que pese a esos deplorables e indignantes hechos hay que mantener el reclamo de una nueva Policía y que ese proceso no desvíe su curso ni se quede a mitad de camino.
Pero ante circunstancias tan delicadas, debe haber una reacción enérgica, por lo que suscribimos dos sugerencias de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus): 1. Que el presidente Abinader intervenga ahora de manera directa en la Policía; 2. Que haya una reunión extraordinaria, cara a cara, del ministro de Interior, la procuradora general y el director de la Policía.
Y una tercera hizo Finjus, la que probablemente tome tiempo: que el director de la Policía despache con el ministro de Interior y no con el presidente de la República.
