Siempre se ha dicho que el condenado por los tribunales de justicia, mientras más peligroso sea y más dinero tenga, prefiere cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, lo que resulta paradójico porque es considerada un antro sobrepoblado en donde se subsiste en condiciones infrahumanas.
Y aunque resulta evidente la contradicción, esa elección da crédito a las versiones de que allí la corrupción campea y hasta es posible la “compra” de un espacio confortable y agenciarse seguridad personal, de parte de presidiarios y hasta de las propias autoridades.
Un ejemplo al canto de lo apetecible que resulta La Victoria, es el intérprete urbano Rochy RD, investigado por la agresión sexual a una menor y por su presunto vínculo con una supuesta red de prostitución.
A ese personaje el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo le dictó prisión preventiva por tres meses en la cárcel de Najayo Hombres, pero sus abogados pidieron que preferiblemente fuera en La Victoria, a lo que accedió el magistrado.
¿Por qué el interés por La Victoria? Eso podría encontrar explicación si nos remontamos a enero, cuando militares realizaron un aparatoso allanamiento durante el que cargaron con sofisticados instrumentos tecnológicos, repetidor de wifi, casi un centenar de routers, más de 500 celulares, todo tipo de efectos electrodomésticos, hasta enormes freezer y neveras.
¿Y qué ha pasado transcurridos ya tres meses de aquello? Que las autoridades “vendieron” a la población la idea, y parece que se la compraron, de que los presos eran culpables por tener “de todo”, hasta un cable de fibra óptica desde 7 kilómetros y además de que el sistema de cámaras de vigilancia estuviera bajo su control.
El país todavía espera una explicación y si hubo consecuencias por tal permisividad, como lo prometió a principios de febrero pasado la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, Hilda Patricia Lagombra, quien dijo que se adoptarían medidas en contra de los que dirigen el penal.
Si se adoptaron sería en secreto, porque pese a lo mayúsculo del escándalo, esta es la fecha en que la ciudadanía no ha sido enterada.
