Si bien la prisión preventiva y las distorsiones que acarrea en el sistema de justicia no es un tema nuevo ni solo local, resulta preocupante que se haya potenciado últimamente, con lo que parece que es la regla general y no la excepción.
Es arbitraria, lacera la presunción de inocencia y en la práctica semeja una pena anticipada, y más deplorable aun si se utilizase para presionar, obtener confesiones o delaciones en los procesos, lo que significaría un revés para las autoridades persecutorias al confirmar la vaciedad de pruebas.
Asusta que en República Dominicana los preventivos abarquen el 60 % de la población cancelaria, cuando está harto comprobado, como afirma la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que es flagrantemente violatoria de la libertad personal y vulnera el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) actualizó el debate el pasado jueves, con un oportuno documento en el que sostiene que la figura de la prisión preventiva, una medida cautelar de aplicación ante circunstancias específicas excepcionales, se ha desvirtuado.
Pero reconoce que no es una cuestión simple disminuir los niveles de prisión preventiva en nuestro país, por debilidades propias del sistema de justicia, que no cuenta -para citar un solo ejemplo- con mecanismos efectivos de localización y rastreo, lo que propicia decisiones jurisdiccionales que ven en la prisión preventiva un método para asegurar el seguimiento del proceso.
Para la Finjus, constituye un reto disminuir las cifras de presos preventivos para permitir la descongestión de los recintos carcelarios y, en consecuencia, minimizar los niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas.
Considera además que el desafío no es solo para el sistema de justicia, sino también una cuestión de políticas públicas que inciden en materia de seguridad ciudadana y en el fortalecimiento de las instituciones que interactúan, tales como la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, esta última que tiene a su cargo el sistema penitenciario.
Descongestionar las cárceles debiera ser el primer paso para humanizarlas, y para que el sistema cumpla su misión de impartir justicia en condiciones dignas.
