“Los malvados suponen que ya os hacen bien con
no haceros nada malo”.
Esopo
La potencial amenaza de un regreso de los Trujillo obsesionó al Gobierno de Bosch en los meses siguientes a su juramentación. El Consejo de Estado había adelantado gestiones destinadas a lograr la extradición de miembros de esa familia o la de algunos de sus principales colaboradores entonces residentes en Europa. Los problemas de herencia dividían a los hijos del dictador y alrededor de éstos parecía haberse desatado una verdadera lucha por el control de la enorme fortuna que extrajera del país. A pesar de ello, las posibilidades de una extradición o de una acción legal para recuperar parte de ese dinero, cuya pertenencia el Consejo de Estado atribuía legítimamente al pueblo dominicano, eran escasas.
A finales de enero de 1963, llegó a la Cancillería un reporte del embajador dominicano en Madrid, Manuel A. Durán Barrera, informando sobre un segundo y extenso artículo del National Zeitung, de Basilea, Suiza, acerca de los manejos financieros de los hijos de Trujillo, Ramfis y Radhamés. Este escrito había conmovido los círculos bancarios de toda la Europa occidental. El embajador informaba al Secretario de Relaciones Exteriores de la distribución por parte de esa misión de quinientas copias entre “el mundo diplomático, político y social de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, así como también entre los medios gubernamentales, periodísticos, del comercio, bancarios y de la industria española”.
El artículo del National Zeitung reportado por el embajador Durán, correspondía a su edición del 22-23 de diciembre y complementaba una amplia investigación periodística del órgano suizo dada a conocer ya en un crudo reportaje el domingo 21 de octubre, referente a “los millones de Trujillo escondidos en Suiza”. Diarios de diversas partes del mundo se hacían eco de la denuncia. La revista norteamericana Time, por ejemplo, dedicaba dos páginas completas a comentar ese primer artículo del National Zeitung en su edición para la América Latina, y una columna y media en su edición atlántica. La información corrió el mundo entero a través de las notas de las agencias de prensa. United Press transmitió a todos sus abonados la historia y en la República Dominicana la prensa enteraría a sus lectores de los pormenores de los millones robados al país.
Al referir todo esto, el órgano suizo decía en diciembre que los Trujillo “y sus hombres de paja” se apresuraron a “camuflajear” sus millones, mientras las autoridades dominicanas comenzaban a forcejar para recuperarlos. “Finalmente, parece que la tribu de los Trujillo se está discutiendo el botín. Parece que todos los bienes del ajusticiado generalísimo Trujillo están bajo el control de su primogénito general Ramfis Trujillo, su hermano Radhamés y su hermana Angelita. Y, también se sabe que Trujillo tuvo seis hijos ilegítimos, aparte de los tres legítimos, cuya condición fue legalizada, y por esto tienen derecho a la herencia. Sin embargo, parece que estos últimos viven en la miseria. No sería sorprendente que éstos también pidan una parte del pastel. En cuanto a las diferencias por la herencia ningún método parece ser demasiado malo, ni siquiera la amenaza de muerte”, señalaba el National Zeitung.
La situación adquiría interés policial. El periódico citaba que en Ginebra y París personas relacionadas con “el asunto” se encontraban bajo protección de la policía. También hacía mención del arresto en París de dos ex miembros de la policía secreta de Trujillo, quienes confesaron haber oído de ciertos “planes de asesinato”. Tan grave era la cosa, que la policía parisién decidió realizar una razzia (incursión) en casa de los miembros de la familia Trujillo residentes en la capital francesa. “Cuando la policía, después de examinar el resultado del registro, quiso proceder, los ‘pájaros’ habían volado hacia España, donde también tiene otra residencia Radhamés, el hijo de Trujillo”, revelaba el periódico suizo.
El escándalo estremeció a toda Suiza y el líder comunista de Ginebra, Vicent, formuló una interpelación parlamentaria al Consejo Federal para determinar qué había de cierto en las denuncias del National Zeitung sobre “el dominio de dos bancos suizos por los Trujillo”. En declaraciones a Tribune de Geneve, el banquero y periodista ginebrino Fred Bates coincidía en que este asunto no se debía “apagar”, mencionando la posibilidad de una “investigación oficial” que sólo podría ser evitada bajo el amparo del “secreto de banca”. El Zeitung advertía que el secreto bancario “no ampara infracciones a la ley”, por lo cual, estimaba, “la condición de mal habido de los bienes de Trujillo debía hacerse constar ante un tribunal”. Los miembros del Consejo de Estado estaban maravillados con los detalles de la investigación periodística.
Para tener una idea más exacta de por qué de ese entusiasmo, es interesante analizar el resto del reportaje del National Zeitung, que decía:
“Varios síntomas indican que diversas comisiones de bancos y otras autoridades suizas están haciendo investigaciones, o, por lo menos, las están considerando. Dos bancos están preparando una campaña pública para adelantarse a las respuestas del Consejo Federal al comunista Vicent y a otros comentarios públicos.
La Banque Genevoise de Commerce et de Credit y el banco Schweizerische Spar-und Kredit Bank anunciaron en los periódicos más importantes de Suiza, saliéndose por la tangente: “Me llamo ‘conejo’ y no sé de nada”.
“Anteriormente, el National Zeitung ya había demostrado ciertas operaciones con minuciosos detalles de los ‘millones de los Trujillo’. Los datos de nuestro periódico no han podido ser refutados con acierto por los citados bancos. Ni siquiera han tratado de hacerlo, sin que miembros del consejo administrativo han confirmado en charlas particulares lo acertado de nuestra publicación de dos meses antes, la cual expone la situación exactamente como era hasta el mes de agosto.
“Desde entonces hemos sido informados por los departamentos competentes sobre las operaciones en curso, así como también de la pretendida ‘operación de desembarque’ de los Trujillo (véase Freitag-Morgenblatt, No. 591). Este ‘desembarque’ había sido efectuado por el pago de 20 millones de francos suizos por ‘La banque Genevoise de Commerce et de Credit’ a los Trujillo a mediados de diciembre. A pesar de que miembros del grupo Muñoz anunciaron este pago, el banco de Ginebra sostenía en sus anuncios al público suizo que ningún miembro de la familia Trujillo fuese cliente de ellos (Banque de Commerce, etc.). Hoy publicamos un recibo por el cual La banque Genevoise de Commerce et de Credit’ confirma con sello y firma que ha aceptado a su cuidado la mayoría de una de las sociedades ‘fantasma’ de los Trujillo en Lichtenstein: la Rinor, S.A., por cuenta y orden del hijo menor de Trujillo, Radhamés. También podemos comprobar que el otro hijo de Trujillo, general Ramfis, ha sido cliente del banco ginebrino”.
Se hace cada vez más evidente, a medida que con los años crece el expediente de las fechorías de los Trujillo, que es amoral y criticable el negociar con dinero de esa familia.
La última aportación es la reciente publicación en la República Dominicana de un Libro Blanco, en el cual se exponen las fechorías de Ramfis, el primogénito de Trujillo. En forma de una carta, de 52 páginas, el ex secretario privado de Ramfis, César A. Saillant, expone al actual Embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Eduardo Sánchez Cabral, lo que él vivió en contacto con Ramfis.
Saillant describe detalles de la muerte y torturas del General (José René) Román, quien fue asesinado personalmente por Ramfis, quien le hizo disparos, uno tras otro, empezando por la punta de los pies y continuando por el resto del cuerpo, hacia la cabeza. Y esto después de haber sufrido inhumanas torturas, como cubrirlo de feroces hormigas y producir descargas eléctricas sobre su cuerpo, cubierto de ataduras. Ramfis había declarado que ya no sabía qué nueva tortura podría inventar con el general Román.
Saillant también expuso que Ramfis ya tenía 300 millones de dólares de su fortuna en Suiza y en otros países, antes del ajusticiamiento de su padre.
Los efectos demoledores del artículo del periódico suizo en la dividida familia Trujillo, alentaron los sueños de las autoridades dominicanas de lograr una extradición de Ramfis Trujillo, acusado formalmente del asesinato de los Héroes del 30 de Mayo en la Hacienda Nigua, el 18 de noviembre de 1961 y, por supuesto, de rescatar parte de la fortuna de éste, calculada en cientos de millones de dólares. En la penosa situación económica del país, la obtención de ese dinero resultaría en una especie de milagro para la nación, encaminada por senderos democráticos después de superar tres décadas de dictadura férrea y corrupta.
Animado por tal esperanza, el Consejo de Estado envió una misión a París y Madrid. Unos cuantos días después de las elecciones del 20 de diciembre, Bosch, cuya elección no estaba todavía oficialmente confirmada por la Junta Central Electoral, aunque se le aceptaba ya como el vencedor, partió hacia el exterior en una gira que le llevaría a Estados Unidos y varios países de Europa.
Bosch ya estaba fuera del país cuando el informe del embajador Durán Barrera llegó a la Cancillería. Además, la comunicación entre el gobierno colegiado, presidido por el licenciado Rafael F. Bonnelly y el partido de Bosch se hallaban en esa época en un estado de casi congelación. Cualesquiera hubiesen sido las causas, no hubo, por lo menos formalmente, ningún acuerdo entre las autoridades que se acercaban al final de su mandato y las escogidas en las elecciones del 20 de diciembre.
En esas circunstancias, era poco probable que la misión que el Consejo de Estado encargara a los doctores Pedro Manuel Casals Victoria y Vinicio Cuello en Francia y España pudiera surtir efecto a mediano o largo plazos. La posibilidad de que ella trascendiera el límite del plazo legal de mandato del Consejo de Estado, que llegaba sólo hasta el 26 de febrero siguiente, en términos realistas no existía. Bosch percibía la necesidad de una acción de esa naturaleza. Pero pretender encontrar medios para un acuerdo con sus archi-enemigos del Consejo, tal vez constituía aspirar a un milagro en un ambiente de incrédulos. Todavía estaban latentes las heridas y resquemores de las duras y sórdidas batallas electorales, caracterizadas por acusaciones mutuas de todo género.
La misión asignada a Casals Victoria, de 24 años, primer secretario, adscrito a la División de Estudios Internacionales de la Cancillería, y a Cuello, como miembros de la Comisión de Extradición, distaba de ser sencilla. Carecía de lo principal, de recursos económicos para moverse con amplitud en círculos donde el dinero abría todas las puertas. El caso de los Trujillo despertaba mucha atención y esto conspiraba contra el indispensable elemento de discrecionalidad que exigía la delicadeza de su trabajo. Casals y Cuello llegaron a París a las 5:12 de la tarde del 20 de febrero, en vuelo procedente de Nueva York, y a Madrid el lunes siguiente , 25 de febrero, apenas dos días antes de la juramentación de Bosch como nuevo Presidente de la República Dominicana.
Bosch no estaba al tanto de esas gestiones. La comunicación entre el equipo del nuevo Presidente y el Consejo de Estado se hallaban suspendidas. Tan crítica era ésta que contrario a la tradición no se reunieron para integrar un grupo responsable de los actos de la transición; para establecer un protocolo riguroso conforme a las normas de estos casos. En cambio, Bosch había pedido a Ángel Miolán que instruyera al partido para que colaborara con el doctor Salvador Pittaluga Nivar, el joven comentarista que sirviera de moderador en su histórico debate de diciembre con el padre Láutico García (del que se hablará más adelante), en la organización de los actos de instalación del nuevo gobierno.
Casals y Cuello no encontraron mucha acogida a los esfuerzos del Consejo de Estado para extraditar a Ramfis y a otros miembros o allegados de la familia Trujillo. En París el Consejero para Asuntos Exteriores de la Cancillería francesa, Raúl Spitalier, encargado de las cuestiones dominicanas, trató de persuadirlos de que el Ministerio de Justicia francés difícilmente acogería una solicitud de extradición, por estimar “políticos” los cargos contra Ramfis. Sobre el particular, los delegados insistían en que el expediente sobre el cual se fundamentaban las autoridades francesas para formarse tal criterio “carecía de las piezas y documentos procesales básicos e indispensables para decidir sobre el asunto con corrección jurídica”. Un nuevo expediente iba a ser entregado a la Cancillería francesa.
El problema consistía, básicamente, en la no existencia de un tratado de extradición entre los dos países, argumentaba Spitalier. La delegación dominicana invocó entonces una ley de Extradición vigente en Francia aplicable precisamente en los casos de ausencia de tratados. Además, la extradición, según Casals y Cuello explicaban en un primer informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores dominicana, resultaba de interés a la sociedad francesa. Muchos criminales comunes perseguidos por la justicia dominicana, agregaban, “amparados en una falsa condición de políticos se refugiaban en Francia y podían por su criminalidad notoria y característica causar perturbaciones serias, de índole delictiva o criminal”.
Ramfis poseía un permiso de residencia en Francia con el cual obtuvo una Carta de Viaje para poder entrar en España. La misión tenía, pues, necesariamente que cumplirse en ambos países.
El jueves 21 de febrero, Casals y el doctor Cuello, asistieron a una pequeña fiesta en la residencia del embajador dominicano en París, doctor Manuel Pastoriza Valverde. Allí fueron presentados a un periodista español de nombre Ramón D’Alderete, director de los servicios de redacción de Información Latina. D’Alderete les informó que existía la posibilidad de que las autoridades acogieran favorablemente un pedido de extradición contra Ramfis “si llegaban a formarse la convicción de que los Trujillo no tenían posibilidades de volver a tomar el poder en nuestro país”. Les explicó que Juan Domingo Perón, el ex dictador argentino, tenía apoyo por la fuerza con que todavía parecía contar en su país. Simplemente, España no lo apoyaría si lo viesen de “capa caída”. Lo mismo debía suceder con Ramfis.
El periodista español poseía también la información, según el informe de Casals y Cuello a la Cancillería, de que Ramfis y sus secuaces proyectaban un atentado contra el presidente electo dominicano. Un coronel español, Enrique Herrera Marín, le dijo, tenía las pruebas de la trama contra la vida de Bosch y estaba dispuesto a trasladarse a París para informarles a ellos de todos los detalles. Sin embargo, los dos delegados descubrieron que el tal Herrera estuvo muy vinculado a los Trujillo y que sólo recientemente había roto sus vínculos con la familia. Casals y Cuello lograron establecer que el coronel Herrera viajó poco antes a Panamá estando ya radicados allí varios miembros de la familia del dictador asesinado el 30 de mayo de 1961. Ambos creían entonces que el interés del oficial podía ser conseguir de nuevo prestar sus servicios a las Fuerzas Armadas dominicanas. Las cosas no resultarían tan sencillas.
En su primer informe, los dos embajadores viajeros pedían a la Cancillería dominicana autorización para reunirse con el coronel español, fuera esto en París o en Madrid y solicitaban, al mismo tiempo, el rápido envío del nuevo expediente, “debidamente traducido y legalizado”, para formalizar el pedido de extradición de Ramfis.
Cuello era un prestigioso abogado que en otros tiempos sufrió el tormento de las cárceles de Trujillo. Una tarde que no hubo mucho que hacer, estando en París, Cuello le pidió a Casals que visitaran el cementerio de Pére Lachaise, donde reposaban los restos del generalísimo. Un guardia de servicio les condujo hasta el mausoleo y ya frente al mismo, Cuello, para sorpresa de Casals, escupió sobre la tumba.
-¡Vinicio- le dijo sorprendido su compañero de misión-, respeta los muertos!
-Hay muertos que no se respetan- le contestó echando a andar hacia la puerta de salida.
El interés del Consejo de Estado por lo que todavía se consideraba en la República Dominicana como “peligro trujillista” quedaba plasmado en la parte subrayada de este primer informe de Casals y Cuello que detallaba los resultados de su investigación sobre el paradero de los principales miembros del clan trujillista.
Bajo el título “Información sobre el trujillato en Francia”, el informe a la Cancillería ubicaba a los personajes siguientes:
- John Abbes García se encuentra en los alrededores de París, en Saint Germain en Laye. Según informes se reúne a veces con un señor de apellido Pugivet, que fuera miembro trujillista del cuerpo consular o diplomático.
- Radhamés Trujillo está actualmente en Niza, desde donde sigue conspirando en la forma en que informó esta Embajada a esa Cancillería.
- Leland Rosemberg, antiguo agente de Ramfis, luego de birlarle a éste una suma importante de dinero, se ha tornado un enemigo de los Trujillo e informa regularmente sobre sus actividades. Rosemberg teme actualmente por su vida.
- Porfirio Rubirosa, quien es actualmente enemigo de los Trujillo, llegó a Suiza procedente de los Estados Unidos, donde estuvo invitado, según se ha informado, por la familia Kennedy.
A seguidas, pasaba a relatar los resultados de las gestiones encaminadas a lograr la devolución a la República Dominicana de los bultos y cajas confiscadas por las autoridades francesas que Ramfis había logrado sacar en noviembre de 1961 en su huida en una fragata de la Marina dominicana bautizada entonces como Yate Presidente Trujillo. El informe expresaba optimismo acerca del éxito de esa reclamación, señalando que el Estado dominicano podía incluso demandar por “abuso de confianza” al ex embajador dominicano en París, Hans Cohn Lyon, por complicidad con la familia Trujillo en el caso de los bultos.
El Pugivet mencionado en el informe era Enrique Ernesto Pugivet Trom, nacido en Francia y nacionalizado mejicano, nombrado por Trujillo agregado comercial y cancelado por el Presidente Balaguer dos días después de muerto Trujillo. Era casado con una dominicana que dejó abandonada en Santo Domingo con varios hijos pequeños.
Estos informes tenían un inapreciable valor político para el Consejo de Estado, pero su utilidad resultaba cuestionable ante la imposibilidad de llevar a cabo esos planes.
En París, el lunes 25 de febrero siguiente, D’Alderete les concertó una cita con el embajador de España, José María de Areilza, Conde de Motrico. El diplomático era una figura clave del servicio exterior español y en fuentes diplomáticas se le mencionaba entonces como probable futuro Canciller del Generalísimo Francisco Franco.
En el reporte confidencial de esa entrevista, Casals informaba al Gobierno dominicano, que sólo disponía ya de dos días de mandato, que España “difícilmente” concedería la extradición de Ramfis, ni la de de sus familiares y secuaces “aunque del proceso criminal que se sigue contra ellos se demuestre que son crímenes de derecho común los que cometieron y no crímenes políticos”. En cambio, el Caudillo español podría acoger favorablemente una solicitud de expulsión de algunos de los Trujillo que estuvieren “complicados en tramas contra la vida de gobernantes dominicanos y propósitos subversivos, fraguados en territorio español”. El Conde de Motrico esperaba que la acogida por España de una solicitud en ese sentido sirviera de puente “al inicio de mejores relaciones entre los dos países”.
Casals y Cuello, apremiados de tiempo y de recursos, urgían en su informe a las autoridades instrucciones respecto a si debían solicitar la expulsión de territorio español de miembros de la familia Trujillo. Las instrucciones no llegaron nunca y la misión quedó inconclusa.
Cuando el informe fue abierto en la Cancillería en Santo Domingo, ya existía un nuevo Gobierno. Bosch hacía frente a muchos y variados problemas domésticos. Sus relaciones con la Iglesia y la oposición eran muy tensas. Sus nexos con el propio partido que lo llevó al poder presentaban ya signos de erosión. Bosch estaba demasiado ocupado en otros asuntos para prestarle atención a estos esfuerzos por extraditar a Ramfis Trujillo.
El fantasma de Trujillo revolotearía persistentemente, sin embargo, sobre su gestión en los meses siguientes.
Tan solo una semana después de la juramentación de Bosch, el corresponsal norteamericano Henry Raymont, de la United Press International (UPI), fue detenido en Haití. Raymont había recibido el encargo de su agencia de escribir una serie de historias sobre el presidente François Duvalier, luego de cubrir los actos de instalación del nuevo Gobierno dominicano. El 12 de marzo, el Canciller Andrés Freites envió al presidente Bosch un memorándum confidencial basado en informaciones suministradas por la embajada dominicana en Puerto Príncipe.
De acuerdo con dichos informes, Raymont había sido “prácticamente secuestrado de su hotel por el subsecretario de lo Interior Chauvet y llevado a Palacio” para que informara al Presidente Duvalier acerca de la actitud del nuevo Gobierno dominicano respecto a Haití. Las autoridades haitianas sabían que Raymont había entrevistado extensamente a Bosch y creían que él podía darles informaciones de primera mano.
El informe de Freites añadía: “Nuestra Embajada está enterada de buena fuente que Duvalier le hizo saber a Raymont que, en caso de que el Gobierno dominicano presione al Gobierno haitiano y que los Estados Unidos continúen negándole la ayuda económica imprescindible para Duvalier mantenerse en el poder, hay una familia dominicana desperdigada por el mundo con muchos millones de pesos de los cuales daría algunos con tal de poderse radicar en Haití”. Esa familia no era otra que los Trujillo. El informe concluía que el encargado de Negocios a la Embajada en Puerto Príncipe tenía informes de que “el Gobierno haitiano ya se ha puesto en contacto con algún miembro de esa familia”.
El memorándum impresionó profundamente a Bosch. Dos semanas más tarde, el 26 de marzo, otro memorándum de la Cancillería, el SAA-126, le puso al tanto de las gestiones de Héctor Trujillo, hermano mayor del dictador quien fuera Presidente títere varios años en la década de los ’50, para salir de Panamá, presumiblemente hacia Haití. El cable cifrado de la embajada dominicana en Panamá, del 19 de marzo, transcrito al Presidente decía “57. Farland y Solís en Costa Rica. Activaré expulsión semana próxima”.
Se refiere a Galileo Solís, canciller del gobierno panameño de Roberto Chiari, y al influyente político norteamericano Joseph Farland. Héctor Trujillo aparentemente nunca pensó irse a vivir a Haití. Según se estableció más tarde, fue a Panamá interesado en la compra de una finca en Chiriquí llevado por “Popó” Chiari, hermano del Presidente. De Panamá, Héctor Trujillo marchó a Lisboa, ante la negativa de los Estados Unidos a concederle visado.
La atención que Bosch prestó a este memorándum quedó plasmada en la decisión que adoptó ese mismo día. Sobre el original del documento de la Cancillería escribió de puño y letra, en tinta negra: “Presénteme un dossier de este caso”. El viceministro de la Presidencia, Fabio Herrera Cabral, pidió que se buscara al mandatario “todo lo que haya en archivo sobre este asunto”.
Si bien el Gobierno había echado a un lado las gestiones encargadas por el Consejo de Estado a los doctores Vinicio Cuello y Casals Victoria para extraditar a Ramfis, en cambio emprendió gestiones diplomáticas para mantenerse al tanto de las actividades de los Trujillo y procurar alejarlo de los países en donde pudieran actuar con miras a un eventual retorno a la República Dominicana. El 4 de abril, la Cancillería suministró a Bosch informes de que la embajada en Madrid comunicaba, mediante su oficio No. 00367 del 27 de marzo, que el embajador suizo en España, Mario Fumasoli, “le prometió gestionar con su Gobierno que ningún miembro de la familia Trujillo fuese admitido en su país, ni aún temporalmente, por ser indeseables y viajar con pasaportes no válidos”. La embajada indicaba que ya el embajador suizo había transmitido la información “manifestándole que su resultado sería favorable y rápido”. Bosch tomó su pluma y escribió encima del informe del embajador Durán Barrera: “Enterado”.
El Presidente estaba vivamente interesado en estos asuntos e impartió instrucciones de que se le prestara la prioridad debida al seguimiento de los mismos. A sus manos había llegado una carta del embajador en Madrid informándole que el ex coronel español Enrique Herrera Marín “me ha expresado que iba a dirigirse a usted exponiéndole que conoce de un plan subversivo contra el Gobierno, y que está dispuesto a ir a Santo Domingo para hablar sobre ello con usted, cubriendo sus propios gastos, y con tal de que usted le reciba sin testigos”.
El embajador Durán Barrera decía que Herrera Marín creía que él iba a recomendarle que aceptara la entrevista argumentando, “sin razón alguna, que me había dado informes confidenciales anticipados de lo que iba a ocurrir en Palma Sola”, donde meses antes el Ejército dominicano provocó una matanza de campesinos seguidores del rito de Papá Liborio. Sin embargo, la postura del embajador era otra. En su carta al Presidente le decía: “En realidad el ex coronel Herrera Marín por largos años estuvo estrechamente vinculado al tirano ajusticiado, pues colaboró íntimamente en la fundación y manejo de la Academia Militar Batalla de las Carreras y se sabe que colaboró en el enganche de voluntarios para las brigadas internacionales que actuaron en Constanza, Estero Hondo y Maimón”.
Según el embajador, el ex oficial español estaba todavía ligado con los Trujillo, ya que fungía como secretario de Radhamés. “También se le conoce como uno de los más allegados colaboradores del ex presidente argentino Juan D. Perón, a tal extremo que por su relación con elementos notoriamente subversivos las fuerzas armadas españolas le pidieron que renunciara y tuvo que pasar a las reservas”. En base a esas informaciones, Durán Herrera advertía a Bosch sobre la inconveniencia de prestarle atención a este sujeto. “Conociendo los diabólicos manejos de Herrera Marín”, decía la carta, “llevo todo ello a su conocimiento, a fin de que usted esté enterado de qué clase de individuo es y cualquier proyecto de admitirle allá (aunque sea pagando él sus gastos) sea tomado en cuenta a sabiendas de su extrema peligrosidad”.
Bosch escribió a Durán Barrera una carta de respuesta el 16 de abril informándole que pasaba su informe a la Cancillería y de que había, además, pedido al doctor Antonio García Vásquez aceptara sustituirle en Madrid, “porque en su condición de abogado puede manejar los asuntos que están ahora en manos de usted, y en los próximos días recibirá usted noticias sobre la posición a que será usted destinado”, si es que aceptaba continuar al servicio del Gobierno.
A finales de abril, el fantasma de la amenaza de los Trujillo asedió al Gobierno. El cónsul en Curazao, Antillas Neerlandesas, Maximiliano Germosén Vargas, reportó a la Cancillería la llegada a esa isla de cuatro miembros de la familia del dictador –Francisco José Reynoso Mateo, Teresa Oviedo de Reynoso, Luis Reynoso Mateo (Luis Trujillo Reynoso) y José Rafael Trujillo Lora- en tránsito hacia su destino final: Puerto Príncipe. Viajando con pasaportes españoles, el grupo había salido el 25 de abril de Madrid, vía Lisboa, Maiquetía (Caracas), Curazao, Kingston y Puerto Príncipe. Los pasaportes, según precisaba el cónsul Germosén Vargas tenían validez hasta el 28 de diciembre y el visado les fue concedido el 3 de abril.
El 18 de ese mes, el Presidente instruyó a la Cancillería en el sentido de elevar una protesta “enérgica” ante el Gobierno de Duvalier, recomendando que se le diera amplia publicidad a la misma. La decisión presidencial estaba fundamentada en un informe confidencial a la Cancillería del cónsul general dominicano en Madrid, Santiago Peláez H., que daba cuenta de la expedición de pasaportes españoles a miembros de la familia Trujillo, a los cuáles Haití concedió el visado para la entrada a ese país.
Los portadores de esos pasaportes se encontraban ya en camino de Puerto Príncipe cuando se hizo la protesta. El Gobierno de Bosch estaba preocupado por la información contenida en el informe de su cónsul en Madrid de que “tanto a Petán Trujillo como a su hijo Luis Trujillo Reynoso y demás miembros de la familia, les han sido expedidos pasaportes”. En el caso de éste último, el documento había sido expedido con el nombre de Luis Reynoso Mateo “para lo cual se valió de un acta de nacimiento que le fue remitida desde Santo Domingo”. Según la nota, Trujillo Reynoso poseía una carta del Presidente Duvalier ofreciéndole “toda clase de facilidades para que se traslade a Haití y fije su residencia”.
Durante todo el mes de mayo siguiente, el Gobierno dedicó grandes esfuerzos a vigilar las actividades de los Trujillo. A finales de abril (como se verá más adelante), la primera de las dos crisis político-militar de Bosch con Duvalier, como resultado de la violación de la sede de la embajada dominicana en Puerto Príncipe, estuvo a punto de degenerar en un conflicto bélico. Las autoridades estaban convencidas de que Duvalier seguiría utilizando a su favor la “amenaza del peligro” trujillista para fastidiar a su rival dominicano. El tema de los Trujillo continuó así ocupando buena parte de las actividades del servicio exterior dominicano.
El 30 de abril, en medio de la crisis dominico-haitiana, la Cancillería informó en un memorándum al Presidente que el Consulado en Madrid reportó nuevamente que Petán Trujillo, hermano del dictador, tenía el propósito de trasladarse a Haití “para lo cual posee toda su documentación en orden”. El informe añadía que el aplazamiento del viaje de Petán se debía a que esperaba noticias de sus hijos “en relación con las posibilidades que existan de poder seguir complotando contra el Gobierno dominicano”. Y agregaba que Trujillo Reynoso “ha manifestado conocer bien la frontera, circunstancia que le facilitaría introducirse clandestinamente en nuestro país en cualquier momento”.
Entre el 18 y el 21 de mayo, llegaron a conocimiento de Bosch tres informes nuevos sobre el particular. El primero de ellos se refería a los viajes continuos “y sospechosos” realizados por el activista político Jorge Guarionex Lluberes Montás, quien según la Dirección General de Migración “ha viajado en más de 36 ocasiones al exterior, cosa que nos parece altamente sospechosa en razón de que en varias ocasiones hemos encontrado en su poder correspondencias dirigidas a connotados trujillistas”.
Jiménez advertía que por el hecho de portar correspondencia sin sellar y para entrega personal “estamos en la seguridad de que este señor está violando una Ley de Correos y Telecomunicaciones”. Por tal motivo, recomendaba el funcionario, “podría impedírsele la salida al exterior o tomarse cualquier medida” que el ministro del Interior, Miguel A. Domínguez Guerra, considerara conveniente. Bosch escribió sobre el documento lo siguiente: “Que se le detenga por violar la ley de correos”.
El día 20, el Presidente fue puesto al corriente de los movimientos de todo el último mes del ex presidente Héctor Trujillo y al día siguiente el Procurador General de la República, Osvaldo B. Soto, pidió su opinión acerca de una carta recibida por ese funcionario de J. Arismendy Trujillo Molina (Petán), solicitando un certificado de buena conducta para tramitar un visado en España de ingreso a los Estados Unidos. Petán alegaba que el hecho de haber sido hermano del dictador no era razón suficiente para que se le juzgara como “un vulgar delincuente, toda vez que siempre me mantuve con el lema histórico de La Voz Dominicana: Al servicio del progreso y la cultura en general”.
Naturalmente, la solicitud fue desestimada. Bosch envió a archivar el expediente y nunca se le respondió a Petán.
Curiosamente, una de las acusaciones que se formularían contra Bosch para justificar su derrocamiento, sería la de “trujillista”. En el Libro Blanco, editado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional meses después del Golpe de Estado, se reproducen documentos para sustentar esa acusación contra Bosch. Entre ellos figura un artículo publicado en la edición del 5 de abril de 1935 del Listín Diario titulado “Una responsabilidad que nadie resistiría”. En ese escrito, Bosch advierte sobre las consecuencias funestas que habría tenido entonces un atentado contra Trujillo. También se hace mención de una carta que Bosch le dirigiera al Benefactor de la Patria el 9 de enero de 1936, en testimonio de su “profunda gratitud” por “la bondad con que me ha distinguido al designarme Jefe de la Sección del Censo en la Oficina de Estadística Nacional”.
El Libro Blanco reproduce también como “prueba” de la militancia trujillista de Bosch unas declaraciones ofrecidas por éste en octubre de 1962, en el sentido de que su partido, el PRD, era de opinión de que Ramfis Trujillo debía permanecer en el país para que asuma las responsabilidades ante el nuevo gobierno”. Las declaraciones ofrecidas a Televisora Costa Rica fueron transmitidas a toda América Latina por la Agencia norteamericana AP y reproducidas por El Caribe el 7 de octubre del citado año. Esta declaración parecía estar en concordancia con el punto de vista externado por Ángel Miolán a la UPI, el 12 de agosto de 1961, en el sentido de que la presencia de miembros de la familia Trujillo no era un obstáculo a la celebración de elecciones libres en la República Dominicana.
Con los mismos fines, también se reproduce en el Libro Blanco un oficio del 16 de julio de 1963 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, autorizando al Cónsul dominicano en Miami, Florida, la expedición de un pasaporte corriente a Pedro José Trujillo Nicolás, un miembro influyente de la familia del dictador, “de acuerdo a (la) solicitud que éste le hiciera directamente y por vía telefónica” al Presidente Bosch. “Lo raro de esto”, dicen los jefes militares en el libro, “es que Bosch recibía las órdenes de los Trujillo directamente por cable y a su vez él impartía órdenes a su Cónsul de confianza en Miami…”
