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“La democracia es un régimen político que se mantiene sobre la voluntad de todos los sectores sociales y de todos los individuos que tienen alguna responsabilidad que cumplir como ciudadanos. Si falta esa voluntad, la democracia no puede sostenerse.”

JUAN BOSCH

“Crisis de la Democracia de la América Latina en la República Dominicana”.  

El gobierno surgido de las primeras elecciones libres celebradas en más de treinta años, nunca tuvo respiro. La pausa de cien días normalmente concedida a cada nueva administración, no se le otorgó a Bosch. Los antagonismos de las jornadas agrias de campaña continuaron latentes aún después de su juramentación, el 27 de febrero.

Las rivalidades no parecían sostenerse únicamente en diferencias políticas e ideológicas. De por medio estaba la cuestión personal. Bosch rechazaba a los cívicos y a sus demás opositores y éstos, a su vez, no podían acomodarse a la realidad de que él les hubiera vencido ampliamente.

A los tres meses de haber jurado respetar la Constitución, en una ceremonia caótica, reñida con las normas de la tradición aceptada –aún cuando no existiese ninguna tradición de práctica democrática en un país sometido a más de tres décadas de férrea dictadura- Bosch parecía condenado.

En su complejidad, la cuestión, en el fondo, resultaba simple. “Bosch y los que lo rodean odian al Consejo de Estado, los tutumpotes, los cívicos, los oligarcas, las antiguas familias”, escribía Martin.

Ese odio, en verdad, era recíproco. Los sentimientos de la oposición hacia el Presidente y lo que él representaba competían en intensidad con los de éste hacia sus adversarios.

Martin entendía que Bosch carecía de programas qué presentar al Congreso y se extrañaba que en dos décadas y media de exilio no hubiera elaborado alguno.

Pero admitía la gravedad de las limitaciones que la propia política estadounidense imponía al Presidente, quien ya a dos meses de ejercicio parecía estar marcado. Resulta ilustrativo el pasaje en que el embajador norteamericano examina la situación al cabo de los dos primeros meses del régimen boschista.

Su informe decía: “Al sentir la necesidad de hacer algo rápido, anunció que había tomado prestado 150 millones de dólares de fuentes europeas para construir una serie de obras públicas, que incluyen dos presas y una planta energética.

El escrutinio detallado revela que los 150 millones son simplemente una línea de crédito de la cual, en la actualidad, está obligado a utilizar sólo quince millones y de la cual él me dice en privado que espera utilizar sólo setenta millones en sus cuatro años.

La tasa de interés será la tasa corriente del mercado monetario de Londres a la fecha en que él retire el dinero. Creo que se volteó hacia Europa por los 150 millones a pesar de la alta tasa de interés porque: a) la Alianza es muy lenta; b) él quería mostrar su independencia de los Estados Unidos; c) posiblemente alguien involucrado pensó que él podría sustraer algo del dinero más fácil que si fuera dinero de la Alianza.

(Acerca de ese último punto, Bosch ha hecho un contrato con Kaisser Engineers para hacer un escrutinio de los contratos realizados bajo el préstamo de los 150 millones, viendo esto como una medida de vigilancia, y me dijo que él también someterá contratos a Lloyd Cutler, el Procurador de Washington, antes de firmarlos).

Bosch me dijo que se volteó hacia Europa porque el AID es lento y porque sus fondos son en dólares que deben gastarse en los Estados Unidos, por lo tanto lo que él necesita son pesos y ahora”.

Martin estaba de acuerdo con Bosch en este punto. “No puedo entender”, decía al Departamento de Estado en su informe, “por qué él tiene que ser forzado a pagar cargos por intereses comerciales para obtener el uso de los veintidós millones que nosotros les prometimos a los dominicanos hace más de un año sin condiciones y los cuales Bosch creía que tenía conseguidos, por lo menos en parte, de inmediato, en Washington en enero de 1963”.

El informe secreto enviado el 28 de abril al Departamento de Estado por el embajador Martin, constituía una radiografía exacta de los problemas que aquejaban al Presidente.

Martin no le asignaba muchas posibilidades a Bosch de resolver los problemas más agobiantes de la nación, relacionados con los altos índices de indigencia, la baja productividad y la escasa disponibilidad de recursos con que podía contar el Gobierno para encarar todos esos retos.

Eran problemas muy agudos, con gente ansiosa y hambrienta reclamando atención permanente y un Presidente desorientado. El panorama parecía en extremo desolador.

Martin pasaba revista a los hechos al cabo de dos meses de administración y concluía en que Bosch tuvo un mal comienzo “aún antes de tomar el puesto”. Admitía que el áspero discurso del 17 de febrero, tras su regreso de su gira europea, había contribuido a empeorar su trato con la oposición y la clase alta, los empresarios.

En el centro de la tirantez giraban, sin embargo, acciones concretas, como el anteproyecto sobre la propiedad privada, la propuesta de reforma educativa, que imponía modernos criterios laicos, y la ley de latifundios.

Todo era muy irónico, si se consideraba que una de las quejas más frecuentes contra Bosch era precisamente que no actuaba. El informe de Martin, ya entonces, permitía presuponer las dificultades futuras. Bosch había acudido ante la Cámara Americana de Comercio con un discurso dirigido a apaciguar la ira de sus contrarios.

“El comunismo”, dijo, “significa la muerte, la guerra, la destrucción y la pérdida de todas nuestras posesiones”. También tuvo un gesto de acercamiento hacia los Estados Unidos, al solicitar públicamente la firma de un acuerdo final referente a los veintidós millones de dólares pendientes de entrega por concepto de la cuota azucarera. Pero no tuvo éxito con sus críticos.

La referencia al comunismo podía igualarse en dureza al más crudo de los comentarios jamás formulado por el más anti-comunista de sus opositores. No obstante, las acusaciones de que él era marxista y consentía las actividades de los comunistas dominicanos, algunos de los cuales regresaban tras largos exilios, persistían luego de esa intervención pública.

Martin informaba al Departamento de Estado que a dos meses de la instalación era tal vez prematuro aceptar que existiera “una crisis de confianza, pero se puede decir que se está aproximando”. El aspecto más difícil de superar residía en el alejamiento consistente de los representantes de la clase alta, la oligarquía. Martin estimaba que ese grupo distaba de ser compacto. Incluía a muchas personas de clase media “de coloratura política moderada, no reaccionaria”.

Estos eran los “viejos apellidos”, lo que el embajador llamaba casi sarcásticamente “las mejores familias”; gente íntimamente ligada al control del poder en República Dominicana durante los últimos cien años; la clase gobernante verdadera. Muchos miembros de esas familias padecieron grandemente los horrores de la dictadura de Trujillo, sufrieron el rigor de sus prisiones. No era el caso de muchos entusiastas del Gobierno. Martin hacía esa división para llegar a explicaciones que le permitieran enjuiciar más correctamente la situación.

Para entender el curso de los acontecimientos en los meses siguientes es preciso profundizar en el estudio de este informe secreto que analizaba los primeros sesenta días del Gobierno. Muchas de las decisiones de política exterior de los Estados Unidos hacia la República Dominicana estarían en el futuro marcadas por las influencias de este informe.

Tras esos dos primeros meses decisivos, la percepción de la embajada norteamericana establecía una preocupación creciente en las Fuerzas Armadas, las cuales todavía, a finales de abril, daban señales de continuar apoyando a Bosch. La situación no era la misma respecto a la jerarquía de la Iglesia Católica a la que ya Martin veía en actitud de progresiva “intransigencia”.

Las clases bajas, agregaba, “probablemente estén con él”, pero expresaban constantemente su descontento por la ausencia de medidas destinadas a aplacar sus necesidades. En cambio, existían lazos comunes de unión entre sus críticos.

A juicio de Martin, la clase alta, la media y los militares coincidían en sus demandas fundamentales: Bosch no se “definía” en cuanto al comunismo (no les había bastado el discurso ante la Cámara Americana de Comercio), el Gobierno estaba infiltrado por los marxistas, a quienes se les permitía hablar “abiertamente en los edificios públicos”, algunos de sus ministros eran comunistas, como supuestamente sucedía con el de Interior, Miguel A. Domínguez Guerra, lo mismo que el de Industria y Comercio, Diego Bordas, a quien Martin consideraba “oportunista y deshonesto o ambas cosas”. También existían otras razones para sostener la pérdida de apoyo que Martin observaba.

Bosch prefería mirar hacia Europa en lugar de mejorar sus vínculos con los Estados Unidos y la Alianza (cuyas actuaciones él mismo estimaba como “muy lentas”).

Cumplió sólo de mala gana con los contratos azucareros que había encontrado, suprimió un contrato con la Esso, permite a los comunistas retornar al país y sus medidas arruinan los negocios. El diplomático dejaba escapar sus prejuicios sociales, al informar al Departamento de Estado que algunas de las quejas contra Bosch se relacionaban con el hecho de que el Gobierno estuviera, según los cívicos, “lleno de recogedores de harapos y basura”.

Con todo, el embajador consideraba un error llamar a Bosch anti-norteamericano; más correcto sería admitir que él “no puede soportar la dominación o incluso la competencia, extranjera o nacional”.

En este punto, Martin se permitía una advertencia a su propio gobierno. “En nuestras relaciones con él temo que podamos estar entrando en un círculo vicioso que puede hacerse difícil de romper. O sea, mientras más se niegue a pedir ayuda a los Estados Unidos, con más renuencia se hará la oferta de ayuda, y esto alimentará su sentir acerca de que los Estados Unidos lo traicionaron negándole el mismo apoyo que acordaron dar al Consejo de Estado, y esto a su vez nos hará resentir más su independencia”. Martin entendía que en el caso dominicano debían suavizarse los procedimientos de la AID para la aprobación de programas de ayuda. Es imposible comprender a cabalidad, la percepción del proceso dominicano por parte del gobierno norteamericano, si no se conoce la opinión que la embajada tenía de los hombres más próximos a Bosch. Con la sola probable excepción de Abraham Jaar, ministro de la Presidencia, y de Samuel Mendoza, de Salud Pública, la opinión de la misión diplomática sobre los miembros del gabinete era muy pobre y esto alcanzaba al canciller Andrés Freites, un representante de la clase alta y al general Imbert, a quien consideraba muy ambicioso. Las objeciones principales de la embajada se relacionaban con el incremento de las actividades izquierdistas. En la medida en que éstos se hacían fuertes, crecía el temor de la derecha y los militares. Se daba una complicada situación, ya que Bosch temía enfrenar directamente a la izquierda. Según creía Martin, Bosch pensaba que muchos de los problemas de Rómulo Betancourt en Venezuela se debían a su obstinación de enfrentar abiertamente a los comunistas. El no quería padecer lo mismo. El 10 de abril, el Partido Revolucionario Dominicano creyó que estaba en marcha una conspiración. Ese día, Miolán se presentó ante el embajador de los Estados Unidos para informarle de denuncias sobre un presunto golpe para la noche del Domingo de Pascua. Las Fuerzas Armadas aparentemente estaban implicadas y Bosch no podía contar con el apoyo de éstas. Miolán le pidió a Martin el envío de 200 armas automáticas para dotar a comandos de partido que podrían defender a Bosch y la presencia de buques de la armada norteamericana. Martin lo tranquilizó instándole a actuar con prudencia. Esa misma tarde, Miolán iría al Palacio Nacional a solicitar el visto bueno del Presidente para movilizar las masas del PRD en apoyo al gobierno. El mismo día, Bosch recibió a Martin, pero no le hizo mención alguna de la visita de Miolán. En cambio, le invitó con su familia a un crucero de fin de semana a bordo de la fragata Mella. Estaban invitados también Imbert, el ministro Jaar –el único funcionario civil- el comodoro Rib Santamaría y los coroneles Marcos Rivera Cuesta y Manuel Ramón Pagán Montás. En Samaná se les uniría el general Luna Pérez, quien sólo permanecería un día en el barco. El viaje duraría cuatro días. A la luz de los resultados, este crucero alrededor de la costa dominicana, pudiera decirse que selló el futuro de las relaciones de Bosch con los militares.

En su informe a Washington, Martin señalaría toda la frustración que esta experiencia causó en los jefes militares que tomaron parte en él. Bosch se pasó toda la travesía hablando de sus proyectos, abrumando a los jefes militares con “sus proezas intelectuales”. El embajador norteamericano entendía que ese viaje, en cierta medida, era una respuesta indirecta de Bosch a la posibilidad de que los temores de Miolán tuvieran fundamento. En este sentido, se explicaba la presencia de Martin en el Mella. Con ello, el presidente pretendía demostrarle a las Fuerzas Armadas cuán cerca se encontraban uno del otro. Los prejuicios que el informe denotaba sobre los hombres y las medidas de Bosch no eran en esencia distintos a los que el mismo informe de Martin mostraba sobre los líderes de la Unión Cívica y los demás partidos de oposición. En efecto, el embajador no tenía una opinión muy alta del Presidente, aunque reconocía algunos de sus esfuerzos, pero tampoco la tenía de los demás. Martin desaprobaba algunas actuaciones de Donald Reid Cabral y de otros representantes de las “grandes familias”, creía “irresponsable” al comentarista de televisión Rafael Bonilla Aybar, sospechaba que Germán Ornes quería “derrocar” a Bosch por temor a que éste le confiscara el periódico El Caribe –que calificaba no obstante como el diario “más decente” del país-; consideraba a su hermano Horacio ornes, presidente de Vanguardia Revolucionaria, como un aventurero; creía a Imbert ansioso por dominarlo todo y reservaba otras opiniones igualmente pobres para los demás. En conclusión, a juicio de la misión norteamericana, a finales de abril, tan solo a dos meses de haber asumido el cargo, Bosch enfrentaba dos peligros políticos. De un lado, la derecha, el poder proveniente de los empresarios, la iglesia y los militares. Del otro, la pérdida de confianza del pueblo. El primero era un peligro inmediato. El segundo sólo lo era en realidad a largo plazo. Estaba también la amenaza de quedar atrapado en dos círculos por igual viciosos. Esta consistía en lo siguiente: mientras más tolerara a la izquierda, más posibilidad enfrentaba Bosch de perder el aprecio y favor de los centros de poder de derecha y mientras más rehuyera la ayuda estadounidense más se la retendrían. La primera posibilidad lo arrastraría inexorablemente hacia la izquierda. La segunda aumentaría su resentimiento hacia Estados Unidos. Ambas situaciones lo empujarían, por distingos medios, a una radicalización que inevitablemente adelantaría el choque con los cívicos y los militares. En tal disyuntiva, creía Martin, los Estados Unidos tenían dos posibilidades a escoger, en su política hacia la República Dominicana. Demostrar públicamente, con hechos, su apoyo al Gobierno democrático; hacerlo entender firmemente a los militares y a la oposición, por un lado; e introducir cuñas entre Bosch y la izquierda, por el otro. Martin creía que la primera opción era sencilla. No estaba seguro así fuera con la segunda. En las semanas siguientes, Bosch intentó mejorar sus relaciones con los empresarios y la gente de la clase alta, la oligarquía.

El método utilizado fue una serie de desayunos en el Palacio Nacional. De Santiago vinieron los más genuinos representantes de esa clase. Tomás Pastoriza (Jimmy), de 44 años, presidente de la Asociación Pro-Desarrollo de aquella ciudad, era uno de ellos. Instruido en los Estados Unidos, poseía el título de ingeniero. Era probablemente uno de los más capacitados miembros de su grupo. La primera de esas reuniones fue decida en una reunión en la embajada de los Estados Unidos, a la que asistió el Presidente. Por fin, tras una renuncia inicial, Bosch se sentó en el Palacio Nacional a la misma mesa con un grupo de los más influyentes empresarios del país: Marino Auffant y Horacio Álvarez Saviñón, de Santo Domingo, y Marco Cabral, Sebastián Mera, Luis B. Crouch y Pastoriza, de Santiago, entre otros. Esta primera reunión, como las demás, no condujo a nada. En medio del desayuno, Bosch partió en dos una naranja y comenzó a chupar una de las dos mitades, iniciando una perorata sobre las propiedades de esa fruta. El Presidente tomó luego el tema de la vivienda. Auffant, propietario de una empresa del ramo de la construcción, le dice en tono de cansancio: -Presidente, usted está hablando de algo que yo sí conozco. Hubo otra reunión, ésta un almuerzo, en uno de los salones de la tercera planta del Palacio Nacional. Asistieron doce empresarios, todos de Santiago, entre ellos, José A. Bermúdez (Poppy), Alejandro E. Grullón, Frank Bermúdez, Luis B. Crouch, José Vega Espaillat, Jimmy Pastoriza, Víctor Espaillat y Antonio Guzmán, que era, además, ministro de Agricultura. El Presidente estaba sentado a la cabeza de la mesa con su ministro. A mitad del almuerzo se planteó el problema de la Grenada Company, establecida en la Bahía de Manzanillo, en la costa noroccidental del país. La empresa había anunciado su retiro debido a graves conflictos laborales. Además, la enfermedad del Mal de Panamá estaba diezmando sus plantaciones de guineos. La empresa ocupaba grandes extensiones de terreno en la región, próxima a la frontera con Haití. Poseía treinta mil tareas de su propiedad (una tarea equivale a unos 629 metros cuadrados) y otras cien mil bajo el régimen de colonato. Crouch, un experto agrícola, sugirió al Presidente la conveniencia de seguir el ejemplo de Jamaica, cuyo gobierno había sembrado en situación similar grandes extensiones de la variedad Lacatán, llegando simultáneamente a un acuerdo de comercialización, en base al pago de una cantidad de guineo vendido. Bosch dio de repente un fuerte golpe en la mesa y dijo: -¡En mi gobierno no se llega a un acuerdo con la United Fruit Company (de la cual era subsidiaria la Grenada)! Alejandro Grullón, un joven banquero y hacendado, trató el tema de la reforma agraria. Los diarios traían entonces historias de invasiones cotidianas de predios privados que creaban creciente agitación en las zonas rurales. Los propietarios se sentían alarmados por la aparente pasividad del Gobierno ante estos desmanes. Grullón dijo a Bosch que esta actitud expandía la impresión de que el Gobierno alentaba las ocupaciones ilegales de tierra. El Presidente eludió una respuesta directa. Por lo general no eran encuentros agrios, pero el empresariado no alcanzó ningún acuerdo con el Gobierno en esas reuniones. Los invitados salían generalmente confusos. A veces obtenían impresiones positivas de su contacto directo con Bosch, pero en otras ocasiones esa impresión resultaba negativa. Sólo de una cosa llegaron a estar convencidos y era que no se llegaba a nada. El nivel de la frustración que la indiferencia de Bosch ante el tema de la reforma agraria planteado por Grullón causó entre los comensales, lo dio Frank Bermúdez, con una salida que pretendía ser una broma: -¿Y por qué no resolvemos esto entregando de una vez todas las tierras? En otras circunstancias, la ocurrencia hubiera resultado jocosa. El problema era que ante el temor a las invasiones, muchos hacendados estaban efectivamente vendiendo sus propiedades. En las semanas siguientes a este encuentro, las tensiones cedieron al ordenar las Fuerzas Armadas el apresamiento de los ocupantes ilegales de tierras, tras producirse nuevas invasiones de propiedades en Mao y zonas aledañas. Pero la tregua duró poco. Las ocupaciones continuaron sin un pronunciamiento firme del gobierno. Como consecuencia de ello, las relaciones entre los propietarios amenazados y Bosch se hicieron más frías y las posibilidades de un entendimiento tornáronse nulas. Quizás ningún otro incidente revele, sin embargo, cuán extrañas y difíciles fueron las relaciones de Bosch y los líderes del sector privado, como el que resultó de la visita que el Presidente hiciera a Santiago el 15 de agosto, con motivo de una ceremonia en el Instituto Superior de Agricultura (ISA), de aquella ciudad. Bosch se hospedó en casa de su amigo y ministro de Agricultura Antonio Guzmán, la número 4 de la Calle Francia. Al día siguiente, Guzmán llamó a Jimmy Pastoriza, a quien le unían fuertes lazos, para que le ayudara a confrontar un problema. Los dos estaban identificados, además, muy estrechamente por su trabajo en el ISA. La idea de Guzmán consistía en juntar a Bosch con el Obispo de la Diócesis de Santiago, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, un crítico tenaz y duro del Presidente. Bosch se negaba a asistir al Estadio Cibao, donde tendría lugar un acto con motivo del aniversario de la gesta restauradora de la República, debido a que le prelado oficiaría una misa.

El embajador Martin estaba presente. Sólo después de ingentes gestiones aceptó el mandatario asistir a la misa. Bosch y el obispo se saludaron, pero nada bueno salió tampoco de este encuentro. No todas las experiencias, sin embargo, fueron decepcionantes. Muchas veces los malentendidos resultaban de la falta de comunicación, que los contactos organizados por Bosch contribuyeron solo en parte a superar. No siempre el Gobierno se mostró intransigente ante las demandas de los empresarios. Una prueba lo fue la ley de plusvalía que nunca llegaría a promulgarse. La gravedad de esta ley radicaba en la exigencia del pago antes de que la plusvalía llegara a realizarse. Los propietarios aducían que la amenaza implícita de expropiación los dejaba virtualmente desprotegidos frente a la amenaza de la arbitrariedad gubernamental. Bosch escuchó muchas de estas observaciones. El proyecto finalmente no alcanzó la categoría de ley. Con todo y que existían insuperables diferencias entre las partes, Bosch utilizó en más de una oportunidad el auxilio de empresarios para resolver conflictos con los empresarios. Marino Auffant, dirigente del recién integrado Consejo Nacional de Hombres de Empresa, acudió ante un llamado urgente a una reunión en San Francisco de Macorís. Allí tenía efecto un encuentro de empresarios y hacendados de la región, alarmados por informes de que Bosch se proponía establecer un impuesto de exportación al café y al cacao. Auffant encontró un ambiente muy acalorado, cuando hizo su entrada al local de la Cámara de Comercio de aquella ciudad. El Presidente le desmintió la especie y le pidió que en su nombre llamara a los empresarios a no hacer caso a este tipo de rumor. Los ánimos se calmaron y el impuesto nunca fue establecido. Las impresiones de las reuniones de Bosch con los empresarios fueron extraídas de entrevistas con muchos de los que tomaron parte en ellas. Especialmente fueron útiles las sostenidas con Marino Auffant, Jimmy Pastoriza y Luis B. Crouch. A comienzos de agosto comenzaron las manifestaciones de repudio al Gobierno organizadas por una denominada Asociación Dominicana Independiente. Estas concentraciones contaban con el respaldo de la UCN y de la jerarquía católica y se convocaban invocando la fe a Cristo. Propiamente constituían protestas contra la supuesta penetración comunista en el Gobierno. Bosch no prestó a estas acciones la importancia que tenían. Estas manifestaciones de Reafirmación Cristiana pronto fueron llevadas a poblaciones del interior, donde frecuentemente derivaban en incidentes y confrontaciones con partidarios del Gobierno. En las semanas anteriores, diversos hechos contribuyeron a acentuar las diferencias entre el Gobierno y la oposición, haciéndolas insalvables. El 22 de julio, Bosch había acudido nuevamente a la televisión para anunciar su decisión de insistir otra vez en una ley de confiscaciones. Esta legislación daba poderes al Congreso para actuar como tribunal en los casos de conflictos de adquisición dudosa de propiedad, ya fuera por favoritismo o cualquier otro medio ilegal. Ninguna otra iniciativa gubernamental despertó tantas inquietudes en los centros de poder económico como ésta, incluyendo la controvertida Constitución promulgada el 29 de abril y la Ley de Plusvalía. En los días posteriores, la prensa criticó severamente la propuesta presidencia. El Caribe, que había adoptado últimamente una postura neutral, “volvió a los ataques”, según observara Martin en su libro Overtaken by Events (El Destino Dominicano). Los partidos opositores la emprendieron inmediatamente contra el proyecto, calificándolo de contraproducente y pro-castrista. Y el obispo Polanco Brito, de Santiago, recordó que siempre había dicho que el Gobierno estaba infestado de comunistas. El embajador Martin escribió en su diario que el Gobierno se encaminaba al desastre. No todos los problemas de Bosch provenían de la hostilidad de la Iglesia, la derecha y la prensa. También se originaban en fuentes que en otros tiempos recientes mostraban hacia él actitudes más calurosas. Ni siquiera con estos sectores su luna de miel se extendió más allá de las primeras semanas de gobierno. Para finales de marzo, por ejemplo, sus relaciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reflejaban su ineptitud para preservar el respaldo de los grupos que les eran afines. Algunas de las más activas organizaciones de izquierda tenían allí un lugar seguro. La autonomía constituía para esos grupos una garantía de seguridad, a veces la única, para sus dirigentes. El concepto de autonomía abarcaba el del fuero universitario. Desde comienzos de enero de 1962, a raíz de la disposición del entonces primer presidente del Consejo de Estado, doctor Joaquín Balaguer, que otorgó la autonomía a ese centro, el recinto de la UASD se convertiría en un territorio vedado a la supervisión de la autoridad central del Estado. Era una especie de “segundo territorio libre de América”, como exageradamente solían llamarle los activistas más radicales del naciente izquierdismo dominicano. Tal apreciación sobre el fuero de la universidad, en la práctica, parecía real. La policía carecía de la autoridad para penetrar en el área cuando allí se producían demostraciones y disturbios. El estado de agitación permanente que había caracterizado la vida universitaria en los dos últimos años era un estorbo para Bosch. Pero en la universidad convivían otros grupos. Estaba allí la crema de la intelectualidad; aquella que sobreviviera a la depuración que la caída del trujillismo desatara en su nómina de profesores y autoridades.

En esa clase pensante, de ideas liberales, Bosch tenía buena parte del apoyo que no encontraba incluso en su propio partido. El PRD había quedado en condición forzosa de semi retiro, debido a rivalidades internas originadas en el rechazo a intromisiones de la cúspide partidaria en los asuntos del Gobierno que Bosch creía eran de su única y exclusiva competencia. No eran sólo los académicos los que veían su régimen como un paso adelante en el campo del desarrollo democrático. Los grupos estudiantiles, muy activos y radicales, aceptaban a Bosch como la alternativa a un régimen reaccionario de derecha, como el que podría encabezar la Unión Cívica. Con todo y que consideraban a Bosch como un conservador proclive a inclinarse a la influencia norteamericana, en comparación con el Consejo de Estado y Balaguer, el régimen surgido de las elecciones del 20 de diciembre era, para esos grupos estudiantiles, preferible. Sorpresivamente, a mediados de marzo Bosch envió al Senado un proyecto de ley pidiendo autorización para pagar directamente de la nómina del Tesoro, los sueldos de la Universidad. Eso representaba no sólo una derogación virtual de la autonomía, sino un desafío. La medida tendía a poner en claro denuncias, ya viejas, de inadecuado uso de los recursos universitarios. Pero no podía producirse en peor momento. La reacción universitaria no tardó en crear una atmósfera de hostilidad que persistiría hasta el último momento del Gobierno. El Consejo Universitario publicó extensos documentos de reprobación a la iniciativa presidencial, que avalaban su afirmación sobre un manejo correcto de las finanzas universitarias. Y la Asociación de Profesores Universitarios, en la que figuraban connotados simpatizantes del Gobierno, también se opuso exigiendo un trato distinto para la UASD. El comunicado de los profesores indicaba plenamente el grado de repudio que el proyecto de ley les inspiraba: “Nos permitimos sugerir que su intervención (la del Presidente) en el futuro, tienda más bien a conciliar que a distanciar, a comprender más que a juzgar, así estará más acorde con el papel que le corresponde, y que usted mismo se ha propuesto desempeñar”. Para comienzos de abril, la oposición más activa e intransigente había integrado un nuevo frente de combate al régimen. Los sectores más conservadores de la Unión Cívica Nacional, debilitada por recientes fraccionamientos internos, como la renuncia de altos dirigentes de Santiago encabezados por los abogados Salvador Jorge Blanco y José Augusto Vega Imbert, que creían oportuno respaldar al gobierno constitucional, formaron una nueva organización denominada Acción Dominicana Independiente. La naturaleza de la oposición que ésta haría quedó plasmada en el comunicado publicado en El Caribe, el cual decía: “Acción Dominicana Independiente no puede contemplar pasivamente, sin negar el fundamento de su creación, la sucesión de actos que tienen en constante zozobra a la familia dominicana, y menos la comisión de hechos bochornosos que denotan una regresión a los métodos abominables del nefasto régimen que oprimió a ese pueblo durante los largos años de tiranía”. La nueva organización comparaba al régimen constitucional con la dictadura de treinta y dos años de Trujillo. Obviamente, la lucha tornábase implacable. Para finales de abril, las relaciones del Presidente con Germán Ornes, director-propietario de El Caribe, alcanzaban un alto grado de tirantez. En una entrevista con el diario puertorriqueño The San Juan Star, el Presidente acusaba a Ornes de “estar tratando de tumbar” al Gobierno. Esta opinión resaltaba la extrema sensibilidad del mandatario. El objeto de la acusación era nada más y nada menos que la reproducción por El Caribe el día anterior, 24 de abril, de un editorial publicado en el semanario El Nuevo Domingo que reseñaba los supuestos nexos de Bosch con la extrema izquierda. Bosch alegaba que el artículo “no tuvo importancia en sí hasta que fue reproducido en El Caribe, el periódico más grande del país”. Y aunque negaba que existiera un plan para expropiar el diario, advertía que las actividades de Ornes dirigidas contra el régimen quizás hicieran entonces “obligatorio para el Gobierno el tomar medidas para defenderse”. Esta afirmación significaba una amenaza directa contra un diario independiente y justificaba el alegato de sus críticos de que Bosch carecía de la tolerancia necesaria para encabezar un régimen democrático, respetuoso de las ideas ajenas. Ornes había recuperado la propiedad del diario tras su regreso del exilio a finales de 1961 y desde entonces El Caribe se destacaba por su línea independiente. En muchas situaciones, Ornes asumía posiciones editoriales contrarias a la línea oficial que con toda seguridad enfadaban al Presidente. Pero no podía negarse que el diario también había dado reiteradas muestras de flexibilidad e independencia apoyando abiertamente acciones de Bosch. Una muestra tal vez lo fuera la posición del diario a raíz de las acusaciones de comunista que el sacerdote jesuita Láutico García lanzara contra Bosch en los días previos a los comicios del 20 de diciembre. En algunos asuntos, Bosch parecía padecer de escasa memoria. Apenas un mes después, el Presidente volvía a insistir en el tema de la conspiración en su contra. Esta vez, la acusación, formulada el lunes 27 de mayo, se dirigía contra el Central Romana, empresa norteamericana a la que señalaba como empeñada en derrocar a su régimen “para poder cargar con los millones del beneficio del azúcar”. Aunque no la citaba por su nombre, no existía posibilidad de confusión. Tratábase de la única compañía extranjera en la rama del azúcar establecida en la República Dominicana. Subsidiaria de la South Puerto Rican Sugar Company, el Central operaba desde la segunda década de siglo en la oriental ciudad de La Romana. Existían otros dos productores: la Azucarera Haina, cuya propiedad heredara el Estado al confiscarse los bienes de la familia Trujillo, y tres pequeños ingenios pertenecientes a los Vicini, una de las más antiguas familias ricas del país. El Presidente hacía la salvedad de que esta familia nada tenía que ver con la conspiración. Bosch responsabilizaba a la empresa extranjera de propalar en el exterior la acusación de que él era comunista, con el fin de debilitar el prestigio del régimen y provocar su caída. Detrás de estas actividades conspirativas, según Bosch, existía un marcado interés pecuniario. El Central Romana se oponía a una ley de precio tope del azúcar, recientemente promulgada, que reducía sus beneficios en los cambios de las cotizaciones del mercado internacional. “Cuanto más suba el azúcar (de precio) más grande va a ser la campaña de que nosotros somos comunistas, porque es necesario tumbar este gobierno, para poder cargar con los beneficios del azúcar”, dijo. La campaña internacional estaría a cargo de un corresponsal norteamericano de The Associated Press. Según el jefe del Estado, ese corresponsal era Robert Berrellez, quien comenzaría a enviar cables a los Estados Unidos “para convencer a todo el mundo de que yo soy comunista y que éste es un gobierno comunista y que éste es un país comunista”. Toda la campaña perseguiría sustituir al Gobierno por otro que de “un plumazo borre esa ley del precio tope del azúcar, porque se esperan cuatro o cinco años de buenos precios”. Explicaba que desde el mes de diciembre, se sabía que las cotizaciones del azúcar subirían en el mercado mundial. No se esperaba que esa alza superara los doce centavos por libra, como había llegado. Por esa razón, decía el Presidente al país, “recomendamos” desde Nueva York a los compradores internacionales del producto, antes de juramentarse en el cargo, que no hicieran compras dominicanas a bajos precios. “Sin embargo”, hicieron las compras. Muchos de ellos no van a poder volver a comprar azúcar en la República Dominicana, mientras nosotros estemos en el Gobierno. Algunos de ellos se les está prohibida la entrada en este país, porque vinieron a comprar azúcar a precios bajos sabiendo que iban a perjudicar este país y habiéndoselo yo dicho con tiempo, como se lo dije”. Berrellez visitaba frecuentemente la República Dominicana desde el asesinato de Trujillo. Al enterarse de la acusación presidencial, el corresponsal estadounidense dijo a la prensa dominicana que sólo estaba de paso por Santo Domingo de regreso de una misión periodística en Haití. “Creo que el Presidente Bosch ha sido injusto en la crítica que me hace”, dijo Berrellez. “Sin embargo, en vista de que el señor Presidente censura que se envíen informaciones sobre infiltración comunista en la República Dominicana, pero no las refuta, creo que debo permanecer aquí por algún tiempo para observar la situación”. Los problemas del Presidente con la prensa se agudizaron a finales de julio. El 26 de ese mes, con motivo de la propuesta ley de confiscación, militantes del PRD hicieron una manifestación ante el Congreso. En medio de gritos “Abajo Estados Unidos”, los manifestantes también demandaron acciones contra el diario El Caribe. Las pancartas decían “Hay que quitárselo a Ornes”. La respuesta no se hizo esperar. Lejos de amilanarse, Ornes redactó un fuerte editorial. “Nos es duro creer que un gobierno presidido por Juan Bosch –cuya vida ha sido consagrada a la defensa de la democracia y la libertad- pueda destruir un periódico independiente para convertirlo en órgano de intereses oficiales o partidistas. Pero si llegara a satisfacer el pedimento de esos elementos que el jueves solicitaron el despojo y si algún o algunos legisladores se dejaran arrastrar por esas presiones y propusieran la confiscación e incautación de El Caribe, sabemos que no habría otra justificación para esa medida que la venganza política. Y su consumación, cualquiera que fuera el pretexto que se invocara, constituiría pura y simplemente, un crimen contra la libertad de expresión”, replicaba el diario en un editorial titulado “No nos intimidarán”. Guardando las distancias, este incidente venía unirse a una serie de choques que había resquebrajado, como hemos visto, los nexos de Bosch con la prensa, que en general le era crítica. Meses antes, el 9 de marzo, mientras se difundía por la emisora La Voz del Trópico, un discurso del líder de Alianza Social Demócrata, Juan Isidro Jimenes Grullón, en el programa Periódico del Aire, de Rafael Bonilla Aybar, la estación fue atacada por partidarios del Gobierno. Bonilla Aybar hizo un llamamiento a los “enemigos del comunismo”, y en poco tiempo, cientos de ciudadanos se apersonaron allí para defenderla. El incidente dio lugar a pretextos para hacer nuevas manifestaciones de repudio al Presidente. Semanas después, Bonilla Aybar transmitía su habitual programa de noticias y comentarios por la televisión privada Rahintel, cuando denunció que civiles armados habían tratado de asesinarle al llegar a la planta. Figuras prominentes de la oposición se apersonaron a la estación e intervinieron en vivo para protestar contra ese ataque “tan descabellado”. La policía envió agentes para interrumpir el programa y detener a Bonilla. De los incidentes resultaron heridos de bala el industrial Horacio Álvarez Saviñón y su hijo. Fue algo terrible para el prestigio de Bosch. Los televidentes pudieron presenciar en las pantallas de televisión, en sus hogares, cómo la policía procedía violentamente contra éstas personas. El incidente provocaría severas críticas contra el Gobierno en las semanas siguientes y serviría luego de justificación para acusar a Bosch de irrespetar la libertad de expresión y de prensa. Fue todo un espectáculo. Sentados cómodamente en sus casas, los televidentes pudieron ver cuando un abogado muy conocido, Bienvenido Mejía y Mejía, exhortaba a actuar contra el Gobierno: -¡Antonio, Antonio, te necesitamos. Sólo tú puedes salvarnos, si no, el pueblo tendrá que levantarse en armas! Ese Antonio, por supuesto, era el general Imbert. No era de modo alguno la primera confrontación con medios de comunicación y tampoco sería la última. En las semanas sucesivas habría motivos para nuevos choques. Después del primero de los incidentes con Bonilla Aybar, que editaba un diario sensacionalista abiertamente opuesto al Gobierno, Bosch se vio enfrentado agriamente a El Caribe.

La causa era totalmente ajena esta vez al periódico pero involucraba un asunto familiar. Horacio Ornes, presidente de Vanguardia, denunció la existencia de una grave crisis de libertad y una enorme corrupción administrativa en el régimen. La denuncia se refería al ataque primero por elementos pro-gobiernistas contra Bonilla Aybar, a quien luego se acusara de difamación. El presidente de Vanguardia consideraba todo el incidente como “un atropello a la libre expresión del pensamiento y una venganza de tipo político”. Vanguardia era un partido pequeño sin arraigo de masas. Pero la denuncia estremeció a la sociedad, porque acusaba a Diego Bordas, el poderoso Ministro de Industria y Comercio, de incurrir en actos de corrupción administrativa. Vanguardia se había aliado al PRD en las elecciones del 20 de diciembre, pero muy pronto rompería todo nexo con Bosch. Bordas renunció a su posición de ministro y demandó a Horacio Ornes ante los tribunales por difamación. Todo un alud de expresiones de diferentes sectores de la sociedad se volcaría a favor de Bonilla Aybar y de Ornes en la prensa dominicana. Las audiencias en el tribunal donde se ventilaría la demanda de Bordas se convertirían en manifestaciones de reproche al Gobierno. A comienzos de junio, Martin redactó un nuevo informe secreto al Departamento de Estado con motivo de los cien primeros días del régimen. El embajador relataba lo que entendía eran fracasos de Bosch, aunque insistía en seguir solicitando ayuda a su favor de Washington. Bosch, a juicio de Martin, había hecho poco en esos primeros y decisivos cien días. Analizados en su conjunto los había desperdiciado. Ya entonces, el representante diplomático norteamericano, no le asignaba muchos chances. A comienzos de junio la suerte del Gobierno nacido de las elecciones libres del 20 de diciembre estaba definitivamente sellada. Para Bosch se iniciaba una cuenta regresiva. Después del golpe, Bosch analizaría las causas de sus dificultades con la prensa. “Hubo un periodista norteamericano, nada menos que un Premio Pulitzer”, escribió, “que dedicó toda la energía de su alma a llamar comunista al Gobierno que yo presidía. Entregó su vida, durante siete meses, a la tarea de destruir una democracia. Llego a decir que CIDES, una institución establecida expresamente para formar conciencia democrática en la República Dominicana… había entrenado nada menos que diecisiete mil guerrilleros comunistas. Nueve meses después de haber sido derrocado el Gobierno, las fuerzas armadas y la policía dominicanas no habían podido presentar al mundo uno solo –o una arte de uno solo- de esos diecisiete mil guerrilleros”. (Crisis de la Democracia). Bosch denunció en este libro la campaña que en su contra emprendieron sacerdotes y políticos para presentarle como un comunista, una persona no apta para encabezar un régimen democrático. Respecto a las demandas que entonces se hacían para que actuara contra los elementos sindicados como comunistas, Bosch escribió, ya en exilio, lo siguiente: “En la República Dominicana, por lo menos, para dar fe de que era demócrata yo tenía que hacer lo mismo que hizo Trujillo: encarcelar, deportar y matar a cualquiera que fuera acusado de comunista, y además debía atenerme al juicio del general Tal o del coronel Cual, a quienes Dios había dotado de un don especial para saber quién era comunista y quién no lo era. Yo, por ejemplo, que jamás he tenido el menor coqueteo comunista, resultaba comunista para algunos de esos militares y para algunos sacerdotes católicos”. Realmente, los problemas de Bosch con la prensa databan de antes de su elección como Presidente. El primer día de diciembre de 1962, el vespertino oficialista La Nación, editorializó contra él diciendo que a raíz de “habérsele pedido una entrevista” Bosch la negó aduciendo que éste “es un órgano que le ha injuriado mucho y que él jamás olvidaba ni perdonaba las injurias”. El editorial del periódico titulado “Bosch odia a La nación (en mayúscula no se podía distinguir si al diario o al país), a menos de tres semanas de las elecciones, concluía: “El candidato presidencial del PRD, odia a La Nación y odia a sus hombres. Sin embargo, ni La Nación ni sus hombres odian a Juan Bosch. Ahí están las dos posturas. Juzgue la ciudadanía la más justa. La más democrática. La más humana”. La Nación no sobreviviría al Gobierno de Bosch. Fue clausurada semanas antes del golpe del 25 de septiembre. A mediados de agosto, el tema del contrato firmado a comienzos del año por Bosch como resultado de su viaje por Europa encendió nuevamente el fuego de la polémica con la oposición. Juan Isidro Jimenes Grullón, líder de la Alianza Social Demócrata, dirigió a Bosch una extensa carta reprochándole su negativa a esclarecer, ante la opinión pública, las operaciones relacionadas con el controvertido contrato con la Overseas Industrial Construction, Ltd., que envolvían 150 millones de dólares del préstamo. “Como le conozco a usted a fondo, y pese a que disiento de su política actual, le guardo el viejo afecto nacido de la hermandad de las luchas en el exilio; le confieso que me molesta que se esté pensando que en su gobierno y con su implícita aceptación, se produzcan hechos que tiendan a mermar su prestigio y reputación morales”, le decía Jimenes Grullón en la misiva. “Ello me obliga a reclamar de nuevo de usted el esclarecimiento total de cuanto ha acontecido en relación con este asunto, hoy en la oscuridad”. La carta tocaba el nervio más sensible del Gobierno. Bosch respondió negando que fuera cierto que Jimenes Grullón le hubiera reclamado antes al Gobierno una información detallada sobre el convenio con la Overseas. “Hace mucho tiempo que usted viene acusando al Gobierno de las cosas más variadas, lo cual no significa reclamación alguna, y su carta de ayer ha sido escrita para dejar en el ánimo público la impresión de que yo soy un ratero vulgar que está haciendo fortuna con los dineros del pueblo a través del contrato mencionado”. No podía ignorar que este asunto involucraba la reputación misma del Gobierno. Bosch se había reducido el salario y vivía exclusivamente de sus ingresos. Nadie podía decir que él se beneficiaba del ejercicio de su alto cargo.

La carta de respuesta al líder opositor denotaba el furor que la insinuación de indiferencia ante la corrupción le provocaba. “Como usted comprenderá”, decía, “ningún gobierno legítimo y serio puede tener respeto por un líder que se rebaja al nivel donde quiere usted que el gobierno descienda. Cada quien tiene la categoría que le da su conducta, y la conducta de un gobierno democrático demanda otra manera de reclamar”. Bosch expresaba su desprecio por el líder de la Alianza. “Usted me llama soberbio porque me acusa un día de comunista, y al día siguiente de fascista, y siempre causante de todas las tribulaciones de la República; y a esas acusaciones tan variadas y tan cambiantes no puedo responder porque mi tiempo está ocupado en trabajar para el país”. Más adelante expresaba: “Su pasión no le ha permitido a usted reconocer que este es un gobierno legítimamente elegido. Hace tres o cuatro días pedía que se reformara la Constitución para que hubiera nuevas elecciones inmediatamente, ayer tomó el contrato de la Overseas como un pretexto para echar sobre el primer gobierno democrático de este país la ignominia de una acusación que no se ha atrevido a hacer abiertamente. El resultado de su conducta será inevitablemente el descrédito de la democracia, no el descrédito mío. Y cuando la democracia sea desacreditada en este país y destruida por actuaciones como la suya, los escombros no caerán sobre mi cabeza y la sangre derramada o será la mía”. El agrio intercambio epistolar concluía con una exhortación. “Déjeme trabajar, doctor Jimenes Grullón, y esté seguro de que la calumnia no me inquieta ni me alcanza”. Bosch se acercaba al final. Pero aún le esperaban otras crisis. La delicada situación creada entre finales de abril y comienzos de mayo con Haití resurgiría en forma de un nuevo conflicto internacional con graves repercusiones internas. Bosch se preparaba a finales de agosto para su primer viaje al exterior como Presidente. La visita de varios días a México, estaría, sin embargo, rodeada de incidentes y enfrentamientos que vendrían a demostrar cuán débil se hacía su posición. Mientras Bosch se preparaba para su viaje a México, se intensificaba la controversia en torno al proyecto de ley de Confiscaciones. El Caribe criticaba al finales de agosto, en un editorial, que la Cámara de Diputados, en lugar de haber rechazado la pieza, la hubiese detenido para un estudio más profundo. Aunque admitía que la cámara “ha actuado en cierto modo con espíritu democrático a atender el clamor de la opinión pública”, el diario señalaba lo siguiente: “En nuestra opinión, el proyecto de ley de confiscaciones debió ser rechazado, no simplemente suspendido para ser sustituido por otro.

Al dejársele pendiente, cual espada de Damocles, se deja también pendiente una grave amenaza sobre la sociedad dominicana. Y no se necesita ser profeta para asegurar que mientras haya la posibilidad de resucitar esta amenaza de las confiscaciones, se mantendrá alejada de nuestro suelo toda seguridad, toda garantía y todo incentivo en materia económica. No era esta una voz aislada en torno al tema. Las principales asociaciones patronales del país habían expresado ya, en un comunicado conjunto, su repudio al proyecto de confiscaciones. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, la Confederación Patronal, la Asociación de Industrias, la Asociación de Hacendados y Agricultores y la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, basaban su apreciación en que “disposiciones (del proyecto) son violatorias de normas constitucionales vigentes que garantizan derechos inherentes a la persona humana, base del sistema democrático”. Todas estas manifestaciones de oposición, aumentaban el temor acerca de la inminencia de un golpe de Estado. En un comunicado, el Catorce de Junio exhortó el 3 de agosto a la integración de un “Frente Nacional de Defensa de la Constitución y contra el golpe de Estado militar”. Durante todo ese mes, hubo varios encuentros entre líderes de esa agrupación y del PRD en un vano esfuerzo para alcanzar un acuerdo como el propuesto. Bosch fue advertido, por diferentes vías, de la posibilidad de que estuviera en marcha una conjura, pero no les concedió importancia. Las relaciones del Presidente con la alta dirigencia de su partido eran ya, para entonces, muy frías. Miolán había dejado de visitar el Palacio y las quejas de que Bosch desatendía al Partido eran frecuentes, según mis entrevistas con altos líderes del PRD de aquella época, el propio Miolán, Washington de Peña, Rafael Molina Ureña y Juan Casasnovas Garrido, Presidente del Senado. Muchos años después del golpe, los adversarios de Bosch seguirían sosteniendo que él hizo poco para evitar los acontecimientos posteriores. Sin embargo, en su libro Crisis de la Democracia podemos encontrar respuestas a muchos de sus comportamientos que en 1963 resultaban inexplicables para sus colaboradores y amigos. “No podemos olvidar”, dice, “que cualquier Gobierno democrático latinoamericano que se resista a usar el poder para el provecho de unos pocos, sean nacionales o extranjeros, no puede sostenerse en este mundo subdesarrollado de piratas con Cadillacs.

Es comunista y hay que destruirlo”. Ninguno de sus adversarios le ha reconocido nunca la posibilidad de que él, Bosch, no estuviera dispuesto a ceder ciertos principios en aras del mantenimiento del poder.

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