El partido Podemos puso en el 2017 vuelta y media a las iglesias y a más de media España con su propuesta al Parlamento contra lo que llamó discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTB. La Federación de Entidades Evangélicas y la jerarquía católica pusieron el grito al cielo y advirtieron que la iniciativa rompía con las tradiciones españolas al imponer normas contrarias al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.
Según el Episcopado, la propuesta podría promover la “destrucción de libros que vayan contra la ideología de género” e imponer un “pensamiento único”, calificándola como una “ley totalitaria y adoctrinadora”, que culminaría con la instalación de “una agencia estatal con capacidad punitiva”. Ignoro si la propuesta ha sido aprobada pero la influencia creciente del colectivo LGTB tiene a gran parte de la sociedad española en ascuas.
Los obispos han llamado la atención sobre la gravedad de esta ley y las consecuencias que supondría su imposición en el ámbito educativo si llegara a convertirse en pauta legal sobre el sistema de enseñanza. Sostienen que la ley pretende negar que la identidad sexual, nacida de ser hombre y mujer, es el resultado de la realidad biológica, no de un contrato social pasible de cambio. Si llegara a imponerse el propósito de esa iniciativa, advirtieron entonces los obispos, nadie se podrá mover “sin que confiese, con fe religiosa, la ideología de género”.
La pretensión de hacer obligatorio en la enseñanza en las escuelas, como parte de los programas infantiles educativos, que los niños pueden cambiar de sexo, como un derecho natural, es una peligrosa y bárbara idiotez. Para que se tenga una idea, la Universidad de Granada publicó en el 2017 un calendario con los nombres de los meses en femenino: enera, febrero, marza, abrila, maya, junia, julia, agosta, septiembra, octubra, noviembra y diciembra.
Más de opiniones
Más leídas de opiniones
Las Más leídas
