Sería interesante determinar, más allá de los razonamientos políticos, el efecto real de la construcción de un canal para el uso de las aguas del río Masacre, en el aspecto ambiental y económico.
El presidente Luis Abinader ha dicho que el uso de esas aguas sería perjudicial para áreas de producción de los dos países dentro de la esfera de influencia de esa fuente, al afectar a cientos de productores agrícolas dominicanos y haitianos. Así lo reiteró en su discurso del domingo.
Pero no está claro del todo el uso que en Haití se dará a ese canal en construcción, puesto que se trata, según los informes, de un proyecto privado sobre el cual el gobierno haitiano carece de autoridad, a mi juicio, una explicación difícil de entender, pues si bien la autoridad en el vecino país va en continuo descenso, allí existe un parlamento, un primer ministro y una cancillería que funciona, tal vez mejor que muchas otras.
Sin que signifique una crítica a las respuestas del Gobierno nacional a esa obra, que Abinader ha calificado de ilegal y dañina para el país, tal vez faltó un esfuerzo previo de negociación directo al más alto nivel. Y es evidente que el cierre de la frontera no golpea a los responsables del impasse creado y preocupa la posibilidad de que el país, a la postre, se lesione a sí mismo por el cierre fronterizo.
¿Por cuánto tiempo podrá el Gobierno sostener el gasto del traslado de tan importante fuerza militar a esa zona y el costo económico de una merma casi absoluta de un intercambio comercial fronterizo, positivo para este lado de la isla? Además, se sabe que a importantes sectores haitianos les hiere el orgullo al sentir que su vecino plantee ante organismos internacionales una acción multinacional sin su previa aquiescencia. Son preguntas, no una crítica.