Si el fundamentalismo ambiental sigue pautando el debate, frustrará futuros planes de desarrollo de la economía si no valoramos la importancia de asumir los riesgos y encararlo con el ímpetu operativo de ese fanatismo de nuevo cuño.
Los poderes del Estado y entidades de la sociedad civil se rindieron al ruido provocado en el caso de Loma Miranda, convirtiendo un tema del más alto interés nacional, en mero asunto de opinión pública, como si se tratara de una cuestión plebiscitaria.
Los argumentos que sustentaron la declaratoria de parque nacional por el Congreso de la República carecían y carecen de valor científico y se cimentan en tabúes que el desarrollo de la tecnología en el campo de la minería desmontan.
Después la corriente se movió hacia el problema eléctrico, para entorpecer el ritmo de construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina, en la provincia Peravia ante su supuesta amenaza para el medio ambiente en la zona, sin importar el impacto positivo de esas plantas en el deficiente sistema eléctrico y el alto precio de la energía, que desvalora la competencia de nuestros productos en los mercados internacionales.
Sin embargo, la operación de esas plantas ha evitado el colapso del sistema y destruido el mito de la degradación ambiental que se le atribuía.
Ahora cobra fuerza un movimiento para crear un clima negativo a la explotación en otros lugares donde hay señales de grandes reservas de minerales, lo que frenaría la expansión y el crecimiento de la economía.
El peligro real no radica en la explotación de los recursos no renovables, sino en el creciente y arrollador poder discrecional de los funcionarios públicos, en los niveles de corrupción que reducen las expectativas de la gente y crean, por encima de la extracción de oro, plata y níquel, un clima de contaminación sobre el aire que respiramos. Pero de eso poco se habla.
