El país vive momentos muy difíciles como consecuencia del terror que imponen los delincuentes en los sectores marginados de la población, acciones que también cobra fuerza en los sectores céntricos de la nación.

La expresión de miedo puede medirse en el transporte público, los tormentosos motoristas y el descontrol en el manejo de la Ley 63-17, por parte de los agentes de la Digesett, quienes solo se preocupan por poner multas selectivas y crear taponamientos.

Lo que ocurre en Villa Mella, Santiago, San Pedro, Herrera, Los Alcarrizos y otras provincias y sectores mantiene en zozobra a la gente de trabajo que tiene miedo hasta de salir de la casa. Parecería que esas actuaciones buscan crear descrédito al país y al Gobierno, ahora que el turismo repunta y la inversión tiene la mira en el territorio.

Las autoridades deben endurecer las medidas de control y enfrentar con decisión a los delincuentes que no respetan escenario ni autoridad alguna para cometer sus fechorías. Las calles requieren de reforzamiento militar para llevar mayor sensación de seguridad a la gente, pero con estricto control de sus actuaciones.

No se puede permitir que la libertad de tránsito y el derecho a la propiedad sean afectados por los delincuentes que, bajo el negocio de las drogas, el sicariato y el simple raterismo, no dejan vivir en paz a la gente buena y trabajadora. El crimen como negocio crece y hay que detenerlo con tiempo.

Sabemos que las intenciones del presidente Luis Abinader son buenas, pero se requiere una actuación pesada para que la paz y la tranquilidad ciudadana sigan siendo un derecho y una gran conquista.

El Gobierno Central, los cabildos, los cuerpos castrenses, los gobernadores, directores municipales, la Justicia y los propios ciudadanos, deben jugar su papel para garantizar la paz y evitar que la gente haga su propia justicia y reine el caos. Paremos ya la delincuencia y pongamos fin al terror que ella genera.

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