Cada año es mayor el número de motocicletas que transita en todo el país, y crean el peor de los caos que pueda imaginarse en un sistema de transporte ante la impotencia o indiferencia de las autoridades competentes para regular su operatividad.
Para los vendedores es un lucrativo negocio por las facilidades que ofertan y los pocos requisitos que se exigen para acceder a una motocicleta, mientras para los motoconchistas, una forma de producir o de utilizar el fácil desplazamiento en hechos fuera de la ley.
Para un vehículo normal, se ha convertido en un verdadero viacrucis recorrer las vías del Gran Santo Domingo y del resto del país y los conductores claman impotentes por mayor regulación, debido a que los motoristas no respetan luces, velocidad, dirección y, menos aun, los espacios del peatón y la propiedad privada.
Es como si a nadie le importara, el caos crece, la impotencia aumenta y el llamado en demanda de controles no encuentra eco, por razones empresariales, políticas de irrespeto y por la indiferencia puesta de manifiesto ante la gravedad del problema.
El Gobierno debería comenzar a poner restricciones considerables para la exportación de motocicletas, aumentar el costo de las placas, incrementar la prima de los seguros y poner requisitos especiales para su uso en el transporte público.
Los hospitales traumatológicos están saturados de motoristas criollos y extranjeros accidentados, lo que se traduce en gastos de grandes dimensiones en medicinas, médicos, camas, enfermeras, electricidad, agua y otros servicios necesarios para los largos procesos que no tienen retorno en la economía. Si las propias autoridades del sector y de los servicios de emergencia aseguran que más del 90 % de los muertos y heridos en accidentes de tránsito son motoristas o quienes usan sus servicios, no entendemos por qué hay que esperar para reducir el inmenso número de motocicletas en las vías del país. Hay que detener urgente esta terrible pandemia.
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