Gracias a los legisladores que, mostrando seriedad y responsabilidad, desvelaron la intención de eliminar vía el presupuesto público para 2019, una prohibición de establecimiento de nuevas bancas de apuestas hasta 2021, bajo el indignante argumento de necesidad tributaria para apoyar la educación. Ojalá sirva la denuncia para evitar que el presupuesto sea aprobado con esa vileza, aunque razones habría para temer lo contrario. Bancas de apuestas y lotería bien sabemos, son negocios con políticos entre sus dueños. Juegos de azar son flagelo social, adicional a alcohol y drogas; el Estado debe desestimularlos al máximo posible. Tenemos más bancas que centros educativos como efecto de ser la política, lejos de medio para servir al colectivo, vía de beneficio particular. Revisemos nuestra escala de valores.

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