“Con tal que se tenga una pocilga, se encontrarán los cerdos”.

Alexander Pushkin

La pausa de tres días otorgada por el Consejo para permitir que los representantes de los veintiún países miembros de la organización regional consultaran con sus respectivos gobiernos pareció señalar muy pronto hacia dónde se inclinaría la mayoría.  Los primeros indicios tendían a mostrar la imposibilidad de una victoria de la diplomacia trujillista.  Apreciaciones de las agencias internacionales de prensa estimaban como muy lejanos los “chances” dominicanos de obtener el respaldo de las dos terceras partes de la membrecía indispensable para una convocatoria del Órgano de Consulta por el Tratado de Río.

Tales ejercicios periodísticos estaban basados en indagaciones entre las distintas delegaciones.  El sábado 4, la generalidad de los medios informaba a través de sus corresponsales en Washington de las reducidas oportunidades de Trujillo de alcanzar los catorce votos necesarios para lograr su propósito.

Las transmisiones de las principales estaciones de radio cubanas y venezolanas sugerían la posibilidad de una ausencia de los dos países frente a una eventual aprobación de la iniciativa trujillista, e inclusive, de un retiro de ambos de la entidad.

Era esta una posibilidad remota que muy pocos, sin embargo, descartaban por completo.  A los Estados Unidos no parecía agradarle la idea de un debilitamiento de la entidad a causa de una forzosa e intempestiva salida de dos de sus más activos socios.  La declaración del presidente Dwight Eisenhower, difundida a comienzos de julio por WRUL de Nueva York, dejaba  pocas dudas al respecto.  Washington, según el jefe de la Casa Blanca, consideraba a la OEA el escenario natural para la solución de esta disputa.  “Pero debemos depender primordialmente de la OEA para la estabilización del Caribe”.

Estados Unidos había decretado un embargo de armas en la zona, pero Trujillo se estaba movilizando por Europa para eludirlo.  Desde Londres llegaba la protesta cubana en contra de esos intentos.  El embajador Sergio Santamaría convocó a una conferencia de prensa para denunciar que agentes de la dictadura dominicana recorrían el continente europeo a la compra de grandes cantidades de aviones, tanques y otros elementos bélicos, “con el fin de llevar a cabo un fantástico plan de agresión”.

Los planes trujillistas incluirían, según el embajador cubano en Londres, el reclutamiento de soldados mercenarios europeos, los cuales estarían comenzando a llegar a la República Dominicana, bajo el disfraz de agricultores inmigrantes.  El recién juramentado embajador dominicano ante la corona británica, Héctor García Godoy, negaría la versión calificándola como “totalmente inexacta”.  La prensa internacional se hizo eco de ambas declaraciones y los agentes del coronel Abbes García captaron en la Estación Monitora adscrita a la Dirección de Telecomunicaciones varias transmisiones del caso de emisoras de Nueva York, La Habana y Caracas, cuyas transmisiones estuvieron pocas horas después en el despacho del Generalísimo.

La rápida reacción del embajador García Godoy, que a miles de kilómetros de distancia Trujillo seguía a través de los reportes del servicio de inteligencia, era en fiel cumplimiento de sus instrucciones de mantenerse en vigilia permanente y a la ofensiva.  Las agencias de noticias internacionales recibían diariamente extensas notas reiterativas de la posición dominicana.  Una muestra elocuente fue el despacho que el Palacio Nacional distribuyó el 3 de julio, tras conocerse las denuncias del embajador cubano en Londres.

Tratábase esta vez de declaraciones del embajador Temístocles Messina, encargado de la División de las Naciones Unidas y de la OEA de la Cancillería, reiterando la solicitud de convocatoria del Órgano de Consulta mediante el Tratado de Asistencia Recíproca como la única posición correcta a adoptar en la presente coyuntura caribeña.  Este pedimento se encontraba totalmente justificado en el “abundante cúmulo de precedentes” de situaciones similares para los que, en el pasado, se había invocado y aplicado el Tratado de Río.

Messina citaba la actuación del Consejo de la OEA en 1950, cuando conoció de otra situación de crisis en el Caribe originada por una disputa entre los gobiernos de la República Dominicana y de Haití.  Aquella había sido una situación como la que ahora, nuevamente, perturbaba la paz y las relaciones entre los países de la zona.  Ese precedente bastaba, a su juicio, para justificar la demanda formulada ahora en Washington por la delegación dominicana.  Por consiguiente, la Cancillería no consideraba apropiada la adopción de ninguna iniciativa sobe la base de la aplicación del artículo 39 de la Carta de la OEA, ya que el mismo, referente a la seguridad colectiva, “tiene en vista situaciones generales de alcance universal, que van más allá del continente americano”.

Otra razón se encontraba en la elasticidad que el funcionario de la Cancillería dominicana atribuía al Tratado de Río.  Conforme a sus procedimientos, entendía Messina, podían acordarse recomendaciones sobre todos los espacios que pudieran implicar los casos conocidos en virtud de sus propios términos.  Un buen ejemplo de esa elasticidad y de la amplitud de posibilidades que ofrecía el tratado firmado en 1947 lo constituía, según esta nueva interpretación oficial del Gobierno de Trujillo, “las recomendaciones contenidas en el informe que la Comisión Investigadora del Consejo que actuó en 1950 en la situación del Caribe”.

Ante un precedente de esa naturaleza, la Cancillería dominicana no encontraba motivos a las objeciones contra la aplicación del Tratado de Río.  La declaración del embajador Messina dejaba en claro que esta posición sería sostenida en la reunión extraordinaria convocada por el Consejo de la OEA para el lunes siguiente, 6 de julio.

La guerra de comunicados se hallaba en su punto más candente. Al final de la noche de ese mismo día, la Estación Monitora del coronel Abbes García llevó a Trujillo la respuesta venezolana a los nuevos argumentos de la Cancillería dominicana.  Era una transcripción extensa del noticiario de Radio Cumaná, según la cual el ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Luis Arcaya, rechazaba de plano las acusaciones sobre el respaldo de ese país a invasiones armadas a la República Dominicana.  Sin embargo, el canciller ratificaba la invariable política del presidente Betancourt de continuar ofreciendo respaldo al exilio antitrujillista.  Venezuela, decía, brindaría refugio “a todos los que sufren persecución por sus ideas, porque somos una patria con definitiva vocación de universalidad y libertad”.

En rueda de prensa celebrada en Caracas, el ministro calificó de “grotesca” la acusación lanzada contra el Gobierno de ese país y la tentativa dominicana de invocar el Tratado de Río, tras considerar que éste no podía aplicarse “al hecho de la insurrección dominicana, la cual tiene la simpatía de toda América”.  Venezuela se ha opuesto “con energía a cualquier decisión de la OEA en que ésta pueda aparecer sirviendo a los intereses del régimen dominicano.   Toda medida intervencionista de la OEA en el problema internacional dominicano podría causar graves daños a la sociedad interamericana”.

Existían razones suficientes para atraer la atención de Trujillo sobre este despacho, frente a muchos otros que esa noche atiborraban su escritorio.  Las declaraciones de Arcaya siguieron a una reunión urgente del Gabinete venezolano encabezado por el presidente Betancourt, donde los jefes militares informaron de las medidas adoptadas para encarar un posible ataque desde Ciudad Trujillo.

El Gabinete analizó declaraciones atribuidas al presidente Eisenhower publicadas en la prensa de Caracas.  Según Arcaya, Venezuela compartía el punto de vista del mandatario norteamericano respecto a las causas de la actual crisis en el Caribe.  El motivo del malestar radicaba en la presencia del régimen de Trujillo.  Casi treinta años de “mala conducta internacional”, según el ministro, contribuían a trastornar notablemente la vida de los pueblos de esa parte de América.

La OEA estaba en condiciones de ejercer una “acción afortunada” para restablecer el sosiego y la comprensión en la zona, más ésta, como pretendía el Gobierno dominicano, no puede ser a base de una intervención en los asuntos de otras naciones.  Los principios de la dignidad humana eran, en definitiva, la base de la lucha contra la dictadura de Trujillo.  Los países de América, desde el más grande hasta el más pequeño, sabían lo que esto significaba porque en alguna medida habían sufrido las provocaciones del dictador.  Arcaya entendía que el Continente todo debía sentirse avergonzado.  En alguna dimensión todos habían prohijado, “en nuestra tolerancia o complacencia, que es una curiosa forma de intervención no pacificada todavía, ese régimen repugnante que produce apátridas en el continente de la libertad y que ha sido reo de genocidio durante treinta años”.

La transmisión de Radio Cumaná informaba que las Fuerzas Armadas venezolanas se mantenían alertas y siguiendo de cerca los acontecimientos dominicanos.  La emisora relataba que el jefe de la segunda división del Estado Mayor Conjunto, había dicho al vespertino El Mundo lo siguiente: “Diez minutos bastan para poner en pie de guerra al Ejército si Trujillo ataca el territorio venezolano”.  La emisora comentaba que los informes de ataques constituían “pura amenaza de Trujillo”.

En las circunstancias en que éste se encontraba, enfrentado a un conflicto interno tan serio, “un ataque (a Venezuela) constituiría un verdadero riesgo para aquel régimen”.

También informaba Radio Cumaná acerca de publicaciones aisladas de prensa sobre la partida de más jóvenes dominicanos, y algunos venezolanos, “para unirse a la causa de la revolución dominicana”.  A pesar de las noticias desfavorables sobre los dos primeros intentos de invasión en el mes de junio, los dirigentes del exilio dominicano ofrecieron indicaciones de que sus actividades continuarían.

El sábado 4, el Gobierno británico dispuso un embargo a la exportación de armas hacia la República Dominicana.  La información estaba contenida en un despacho de UPI, fechado en Londres, y difundido por CMQ de La Habana, en su informativo de las cinco y media de la tarde.  La medida se debía a la “tensión” reinante en el Caribe.

Según la transcripción llevada a Trujillo, la solicitud dominicana para la compra de armamento inglés había sido virtualmente archivada luego de que el embajador de Cuba visitara la Cancillería británica y denunciara allí un plan del dictador para atacar a esa isla.  Las autoridades londinenses, ante la preocupación externada por el representante cubano, dijeron que era poco probable que un tercer país adquiriera armas para después entregarlas a Trujillo, pues las ventas de artefactos bélicos se hacían únicamente para el uso del Gobierno adquiriente.

En la tarde del sábado, mientras aumentaban las especulaciones respecto al poco respaldo que habría de encontrar el pedido dominicano en la sesión del Consejo de la OEA convocada para el lunes siguiente, Radio Caracas informó de un “estado de alerta general en las Fuerzas Armadas” de Venezuela.  Nuevamente, la Estación Monitora bajo el mando del SIM puso en autos a Trujillo.  La transcripción oficial informaba, además, de “constante patrullaje por aire y mar de las fuerzas” de esa nación sudamericana.  “Trujillo”, advertía la emisora caraqueña, “no podrá descargar un golpe por sorpresa”.

El resto de la información señalaba: “Las fuerzas aéreas y navales recibieron instrucciones de redoblar la vigilancia en las aguas territoriales venezolanas, puertos y regiones estratégicamente importantes.  Las medidas especiales de vigilancia están en práctica desde que entraron en crisis las relaciones con Trujillo, pero han sido aumentadas a raíz de las beligerantes amenazas que según el secretario de Estado cubano doctor Raúl Roa, incluyen el bombardeo de Maracaibo y Santiago de Cuba.  Las autoridades militares venezolanas han guardado reserva absoluta sobre las medidas de emergencia que están en vigor.  Sin embargo, se supo que estaba en vigencia el estado de alerta general para todas las guarniciones del país, incluyendo a los comandos y unidades de las fuerzas aéreas y navales”.

El estado de alerta databa de la fecha del rompimiento de relaciones diplomáticas con la República Dominicana, el 12 de junio.  Desde ese día, el comando naval ordenó el patrullaje de las costas del Caribe por las naves de guerra venezolanas y, según Radio Caracas, “se dieron instrucciones para que regresaran a nuestras aguas territoriales las naves de combate que hacían maniobras conjuntas con la armada peruana frente a las cosas de ese país”.

La diplomacia trujillista cometió, el domingo 5 de julio, en víspera de la nueva sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, uno de sus más costosos errores de juicio.  El canciller Herrera Báez emitió una declaración redactada en términos desusadamente violentos contra su colega venezolano, que las agencias internacionales difundieron profusamente.  Aunque a ciencia cierta no podría establecerse si esta nota afectó los intentos del Gobierno de lograr la aplicación del Tratado de Río en sus graves denuncias de intervención contra Cuba y Venezuela, es indudable que restaría mucha credibilidad y respeto a la Cancillería dominicana en los días sucesivos.

Herrera Báez comenzaba recriminando a Arcaya por haber “lanzado un nuevo ataque de presión, insultante, burdo y procaz, en apariencia contra la República Dominicana, pero en realidad con el objetivo de amedrentar a la Organización de Estados Americanos”.  Lo que seguía a continuación, no encajaba en el lenguaje diplomático tradicional.  “Como el delincuente que encierra en su casa las pruebas del crimen repugnante, Arcaya ha vociferado echando espumarajos por la boca para impresionar a la OEA y ver si impide que la ley internacional sea aplicada al régimen criminal, filibustero y mentiroso que representa.  Igualmente, el titulado primer ministro Fidel Castro, de la ensangrentada Cuba, ha graznado confesándose culpable del crimen de agresión anticipando que jamás aceptará la presencia de una comisión de la OEA en su país”.

La declaración estaba llena de epítetos denigrantes.  “Los dos personeros y gestores de una nueva moral podrida para nuestros pueblos, pretenden amedrentar en una forma u otra a la asediada Organización de Estados Americanos en cuyo seno las procacidades pretenden desplazar a la justicia”. Acusaba a su rival venezolano de hacer “galas de cinismo” al señalar al régimen de Trujillo como agresor.  “Jamás nuestro país ha agredido a nadie, sino que ha sido sistemáticamente atacado por los regímenes de Betancourt en Venezuela, así como por todos los regímenes de tinte marxista que ha habido en el Caribe”.

Nunca un avión o un expedicionario dominicano había atacado a otro país, se quejaba Herrera Báez.  En cambio, “nosotros hemos estado siempre bajo la amenaza de los regímenes romulistas en Venezuela, de Arévalo en Guatemala, de Figueres en Costa Rica, de Prío, Grau y Fidel Castro en Cuba.  Nosotros podemos citar a Cayo Confites y a Luperón, Maimón y Constanza, pero Arcaya no puede citar un solo hecho que respalde sus calumniosas aseveraciones, lo cual evidencia su cinismo y sus tácticas idénticas a las que emplean la Rusia Soviética y la China comunista, cuyos gobiernos y órganos de expresión atacan conjuntamente con Venezuela y Cuba a la República Dominicana utilizando idéntico lenguaje”.  Si América, a juicio del canciller, tenía que avergonzarse de algo, era de “toda esa felonía y del bajo nivel a que han sido reducidas sus relaciones bajo los regímenes filocomunistas y abiertamente comunistas que ahora nos atacan”.

Era la fecha del 148 aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, ocasión que aprovechó el presidente Betancourt para afirmar que su gobierno no permitiría que ninguna comisión de la OEA viajara a ese país con el propósito de investigar las acusaciones de Trujillo, que “América entera repudia”.  En la reunión convocada para el día siguiente en Washington, dijo Betancourt en su mensaje a la Nación, se pondrá a prueba la existencia misma del sistema jurídico interamericano, cuando se debata en el seno de la organización “si un régimen despótico puede convertirse en acusador falaz” de uno como el venezolano, surgido del sufragio respetuoso.

La transmisión de Radio Caracas de los actos de las efemérides nacional venezolana mencionaba la nota del canciller Herrera Báez, resaltando la opinión de diplomáticos en Caracas en el sentido de que la misma estaba concebida “en términos fuera del estilo dentro del lenguaje protocolar”.  Igual opinión había generado en otras capitales latinoamericanas, como muy pronto se haría sentir.

En La Habana, el matutino El Mundo reiteraba, entre tanto, declaraciones del canciller Roa formuladas telefónicamente desde Washington de rechazo a la iniciativa dominicana y CMQ criticaba el tono de las declaraciones de Herrera Báez calificándolo como “un auténtico trujillista”.

El debate pasaría de nuevo al seno de la organización regional, donde la crisis del Caribe amenazaba ahora la propia integridad de la OEA.

El 3 de julio, el canciller Herrera Báez envió al presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, un memorándum, el 3490, informándole de los detalles de una comunicación a través del teletipo que había sostenido la noche anterior con el embajador Díaz Ordóñez.  El representante ante la OEA le explicaba que la convocatoria a una nueva sesión para el lunes 6 tenía el propósito de dar tiempo a las distintas delegaciones para recabar las instrucciones de sus respectivas Cancillerías, a pesar de lo cual se hizo hecho “enfática reserva” en cuanto a que dicha demora resultaba “gravemente peligrosa”.  Díaz Ordóñez admitía que “nuestra polémica con Cuba y Venezuela fue necesariamente violenta”.  Herrera Báez había a su vez comunicado a Díaz Ordóñez de su reunión con los embajadores de los países americanos acreditados en la República Dominicana, para solicitarles el apoyo a la iniciativa.

El Canciller informaba al presidente Trujillo, hermano del Generalísimo, que al preguntarle al representante ante la OEA por la actitud de los Estados Unidos, éste le había respondido diciendo que Washington reconocía la “urgencia del caso y parece inclinado favorablemente a nuestra solicitud”.

Cuando le preguntó respecto a la postura de los demás países, Díaz Ordóñez le contestó: “Haití a favor, Nicaragua a favor, Perú reconoció la urgencia.  Los demás países pidieron plazos para consultar a sus respectivos gobiernos”.

El memorándum del secretario de Relaciones Exteriores al Presidente nominal no exponía conclusiones ni hacía conjeturas acerca del curso que se creía debían adoptar las naciones en la sesión del lunes siguiente.  Todas las comunicaciones recibidas por la Cancillería de las embajadas en el exterior en relación con el caso eran transmitidas “in extenso” al jefe del Estado en cumplimiento de una norma protocolar.  Pero el presidente Trujillo, apodado “Negro”, carecía de verdadera autoridad para decidir sobre estos asuntos.  Las decisiones estaban en manos del “Jefe”, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, a quien Herrera Báez solía informar directamente en aquellas situaciones de urgencia que no admitían dilaciones.

En virtud de la resolución adoptada en la segunda sesión extraordinaria del Consejo celebrada el 2 de julio, el organismo se reunió el lunes 6 para proseguir la consideración de la nota acusatoria dominicana contra Cuba y Venezuela.  Después de un extenso debate, las delegaciones de Haití y Ecuador presentaron una proposición oral a favor de una convocatoria del Órgano de Consulta de acuerdo con el artículo 39 de la Carta y no de conformidad con el Tratado de Río de Janeiro, como había solicitado la República Dominicana.

Como en las sesiones anteriores, este nuevo encuentro proporcionó un escenario más amplio para la confrontación. Díaz Ordóñez ofreció al canciller de su país, en su comunicación número 520 del 7 de julio, su propia versión de lo acontecido en la jornada de la víspera.  La sesión comenzó a las tres de la tarde, como estaba previsto, con lo que el representante dominicano describiría como “una larga y vacilante exposición” de su rival, el embajador de Venezuela.  Al enjuiciar el discurso de Falcón Briceño, Díaz Ordóñez escribió: “Sólo abandonó sus incursiones por los campos de la historia cuando se dedicó a aplicarnos cáusticos adjetivos.  En eso no estuvo vacilante”.  Le seguiría en turno, el Canciller de Cuba, quien, al entender del dominicano, “en su primer momento de lucidez relativa, se abstuvo de insultar en su forma acostumbrada”.

De acuerdo con las instrucciones recibidas, la exposición del delegado quisqueyano defendió la tesis de la indiscutible aplicabilidad, en el caso del Tratado de Río.  “Quisimos advertir al Consejo de las graves responsabilidades en que incurriría si no acoge nuestro pedimento en la forma y con los alcances con que lo hemos presentado”.  Pero como bien informaba a su Cancillería, los esfuerzos dirigidos a ganar el apoyo suficiente para la aprobación de la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca no tuvieron el éxito esperado.

“El Consejo parece haberse asustado por la doble amenaza de Cuba y Venezuela: no admitir investigaciones de la OEA y, eventualmente, retirarse de la Organización si esta vez se convoca al Órgano de Consulta previsto por el Tratado de Río”, señalaba Díaz Ordóñez en el informe a su Canciller.

En cambio, había surgido una solución de tipo alternativo, que al representante de Trujillo en la OEA le merecía la siguiente explicación: “…por eso ha surgido, con rostro pálido y manos temblorosas -¡cuestión de conciencia!- la tesis de la Reunión de Cancilleres prevista en la Carta de la OEA.  Nuestra apreciación realística es la de que esa es la fórmula que, hasta ahora, parece viable”.

Evidentemente esta posibilidad distaba mucho de las pretensiones dominicanas.  Pero Díaz Ordóñez advertía contra toda actitud de intransigencia por parte del Gobierno de su país.  “Claro que no es eso lo que hemos pedido; pero mantenernos con posición rígida en nuestro pedimento podía culminar con un rechazo, por votación, de nuestra solicitud”.  Esa última posibilidad podría ser capitalizada por los adversarios de Trujillo presentándola como “una derrota para nosotros”.

Si bien la solicitud dominicana parecía encontrarse sin apoyo, el Consejo no llegó a ningún acuerdo sobre la nueva solicitud presentada por los delegados de Haití y Ecuador y acordó reunirse el jueves siguiente, 9 de julio, a fin de tomar alguna decisión con respecto a cualesquiera de las propuestas.

El martes 7, en Caracas, los gobiernos de Bolivia y Colombia hicieron pública su decisión de respaldar a Venezuela en el conflicto.  Los jefes de las misiones de ambos países visitaron en horas de la mañana al canciller Arcaya, en su despacho de la Casa Amarilla, para dejar formal constancia de ese apoyo.  El ministro consejero encargado de negocios de Colombia, doctor Gabriel Gerardo Jaramillo, entregó al canciller una comunicación oficial en la que se expresaba la oposición colombiana a la petición dominicana porque la misma constituía “una grave e injusta acusación contra Venezuela”.  Por su parte, el embajador boliviano visitó en horas de la tarde la sede de la Cancillería para testimoniar el respaldo de La Paz a Caracas en su diferendo contra el régimen trujillista.  “Y no podía ser de otra manera”, agregó el embajador Domingo Sánchez L., “porque el hermano país está luchando por lograr una democracia integral esforzándose por desarrollar su economía”.

Arcaya aprovechó la visita de los embajadores para informar a la prensa nacional e internacional que Brasil había comunicado al embajador venezolano en ese país, Mario Díez, el respaldo a la posición de Caracas. También se había recibido un cablegrama del embajador contralmirante Wolfgang Larrazábal, de puesto en Chile, informando de idéntico respaldo anunciado por la Cancillería de Santiago.

Estos y otros respaldos parecían indicar una inminente derrota de las pretensiones del Gobierno de Trujillo.  En su último boletín de la noche, Radiodifusora Venezuela transmitió un comentario celebrando el aparente triunfo venezolano.  La Estación Monitora transcribió también para el Generalísimo ese texto.

El comentario irritó tremendamente a Trujillo, que ordenó al coronel Abbes García que arreciara los ataques radiales contra Betancourt y Castro.  Al día siguiente, La Voz Dominicana dedicó dos editoriales al gobernante venezolano.  El comentario difundido por Radiodifusora Venezuela, la noche del martes 7 de julio, decía así:

“La nota más sensacional del día es la derrota aplastante que ha tenido la autocracia dominicana al obtener Venezuela mayoría de votos en la Organización de Estados Americanos, por solidaridad de países amigos que han manifestado al gobierno venezolano su apoyo.

“Deben estar orgullosos el presidente Betancourt, el canciller Arcaya y los demás miembros del Gabinete por el respaldo mayoritario de los países americanos; podemos estar orgullosos los venezolanos por la unidad con que los militantes de todas las facciones políticas rodearon a nuestro gobierno unitario en momentos de la decisión suprema de romper relaciones con la satrapía antillana y de no permitir que pise tierra venezolana ninguna comisión de la OEA que pretenda investigar los procedimientos venezolanos.

“No se preocupó la OEA de la década oprobiosa que cayó sobre Venezuela, ni de los diez años de opresión peronista, del franco período de depredación de Rojas Pinilla, ni del período del dictador Odría, de Stroessner, ni de la treintena de años de sangre y fuego a que tiene sometida Trujillo a Quisqueya, ni de los años de sangre con que la dictadura batistiana hizo perder al pueblo cubano su libertad.  La victoria venezolana que está lista para el jueves, salva a la Organización de Estados Americanos del oprobio y del bochorno”.

Entre el seis y el nueve de julio, la Cancillería dominicana registraría una de las mayores actividades de su historia.  Herrera Báez cursó un cablegrama a todas las embajadas en el Continente pidiéndoles, con carácter de urgencia, que consultaran con sus cancillerías la posición de esos países en relación con el pedido dominicano a la OEA.  Los mensajes comenzaron a llegar de inmediato, de todas partes, y darían al Gobierno una perspectiva más amplia de los ánimos prevalecientes.

Sin embargo, ese panorama no resultaba del todo halagüeño para Trujillo.  Desde la embajada en Quito se reportaba que Ecuador no se opondría a una reunión de cancilleres, mientras El Salvador informaba de las instrucciones impartidas a su delegado en Washington de abstenerse en la votación en fiel cumplimiento de “la tradicional política de neutralidad” de ese país.  La embajada en Bogotá informaba: “Canciller colombiano en entrevista cordial comunicóme (que) considera ineficaz (la) convocatoria (del) Consejo (de la) OEA como Órgano Provisional de Consulta, debido a que dos países involucrados (Cuba y Venezuela) se niegan a investigaciones en su territorio.  Delegado colombiano no votará contra convocatoria sino (que) se abstendrá”.  El embajador en Colombia explicaba a Herrera Báez que esa nación “votaría gustosa a favor de una reunión de Cancilleres donde entre otras cosas se trataría el tema que nos ocupa en la actualidad”.

La respuesta de Managua informaba del respaldo pleno del gobierno de Nicaragua.  Pero no era éste el caso de Chile, cuyo canciller había informado al embajador dominicano en Santiago que el Gobierno de ese país no era partidario de respaldar convocatorias de países envueltos en la situación del Caribe.  Sin embargo, Chile estaría dispuesto a votar a favor de una convocatoria solicitada por países neutrales, siempre y cuando fuera con el propósito de considerar situaciones de carácter general “y no caso particulares”.  Como muy pronto descubrirían las autoridades dominicanas, la posición esbozada por Chile parecía ir ganando cuerpo en el seno del Consejo.  En cierta medida se ajustaba al criterio de Cuba y Venezuela de no asociar ninguna convocatoria a una conferencia de cancilleres a la solicitud contenida en la nota dominicana del dos de julio.

Las demás consultas de las embajadas arrojaban el siguiente balance: Paraguay, estaba dispuesto a respaldar cualquier fórmula que cuente con la mayoría, inclinándose por una conferencia ministerial; Brasil, estaba a la búsqueda de una salida favorable a la crisis, pero no quedaba claro cuál era su decisión; Panamá, estaba del lado de Venezuela.  La posición de Argentina tampoco permitía alentar demasiadas esperanzas.  Buenos Aires se mostraba inflexible en cuanto a su defensa del principio de no intervención, pero en cuanto al procedimiento “apoyará aquella moción que la mayoría considere más apropiada”.  Guatemala prometía, en cambio, su apoyo a la delegación dominicana.

El 7 de julio, Herrera Báez remitió varios memorandos al presidente “Negro” Trujillo, en uno de los cuales, el embajador en Brasil, Julio Vega Batlle, ponía en entredicho las versiones de agencias internacionales dando cuenta del apoyo brasileño a Venezuela.  Según Vega Batlle, el canciller Francisco Negrao de Lima le había confirmado que Brasil “sólo apoya aquellas disposiciones de (la) OEA que no perturben (el) equilibrio del sistema interamericano”.

Esta información venía acompañada de otra negativa para Trujillo.  La embajada dominicana en México reportaba que ese país no apoyaría la convocatoria del Órgano de Consulta, especialmente para el caso dominicano, por considerarlo “infructuoso” a la situación prevaleciente en el área del Caribe.  Costa Rica, a su vez, apoyaba la conferencia de cancilleres.

El siete de julio, Díaz Ordóñez estableció comunicación directa, vía teletipo, con el canciller Herrera Báez, para informarle de una reunión privada que acababa de sostener con el embajador Gonzalo Escudero, Presidente del Consejo y Representante del Ecuador.  Todo parecía indicar que hasta ese momento la gran mayoría de delegaciones carecía de instrucciones para pronunciarse en referencia al caso dominicano.  Esa actitud colectiva llevaría a fijar otra fecha para la próxima reunión.

En su opinión estaba prosperando “la tendencia a que un grupo de neutrales decida convocar la reunión de cancilleres de acuerdo con la Carta de la OEA”.  Frente a esa situación, concluía el delegado ante la OEA, “no tenemos otro camino que aceptar la posposición de la sesión”.  Finalmente, le solicitaba “ahora” cualquier dato nuevo que pudiera serle de utilidad.

Herrera Báez tecleó él mismo su respuesta a Díaz Ordóñez.  “Los datos que tengo coinciden con lo que usted me informa.  Me parece que por ahora lo aconsejable es aguardar (una) nueva reunión (del) Consejo quedando usted en discreción de formular o rebatir cualquier ataque o afirmación ofensiva (a) nuestro país y hacer hincapié en que estamos en un momento de grave expectación para el crédito del Sistema Interamericano de Paz y Seguridad Colectiva.  Es conveniente ir fijando criterio desde ahora en conversación con (los) demás interesados y en particular con Hermano Mayor (Estados Unidos) que (la) reunión de consulta de cancilleres conforme a la Carta, sin hablar ni incluir en el programa (la) violación de nuestra soberanía por invasión de bandas armadas organizadas en Cuba con apoyo venezolano, sería el desenlace más escandaloso e inmoral que se haya visto hasta ahora en la historia del panamericanismo”.

Esa posibilidad equivaldría, puntualizaba Herrera Báez, a “ceder ante el chantaje y la intimidación de los que tratan de amedrentar, amenazando con denunciar (los) instrumentos fundamentales de paz y seguridad colectivas”.  El jefe de la diplomacia dominicana consideraba que esa sería “una salida deshonrosa e intolerable que debe ser tratada como merece.  Nosotros podríamos hacer lo mismo si es que vamos a forzar (la) voluntad de los demás en forma indebida”.

El caso era que se había producido una violación “flagrante” de la soberanía dominicana y, de acuerdo con las instrucciones de Herrera Báez a Díaz Ordóñez, “ese es un hecho de tal gravedad que quien lo niegue no puede tener otro recurso moral que el de aceptar el esclarecimiento de los hechos por los procedimientos internacionales necesarios”.

Por otra parte, el mismo artículo 25 de la Carta de la OEA, seguía escribiendo el canciller dominicano, dice que situaciones como las denunciadas por su delegación “deben ser sometidas a los procedimientos previstos en los tratados especiales, o sea el Tratado de Río”.

Lo más importante era, sin embargo, que “el pensamiento de la Superioridad hasta este momento es dejar ver cómo se desarrollan los acontecimientos.  Pero hay ciertas consideraciones que parecen irrenunciables y es bueno llevarlas al ánimo de la representación del país sobre (el) que gravita (la) suprema responsabilidad (de los) asuntos americanos y por cuya insinuación derivada de la palabra de su Jefe de Estado hemos acudido a la OEA, invocando los instrumentos que clásicamente se han aplicado consistentemente en situaciones como las que hemos confrontado y confrontamos”.

Díaz Ordóñez mantuvo informado a Herrera Báez del curso de los acontecimientos al momento de producirse.  En otro mensaje cablegráfico señalaba que la nueva sesión fijada para el jueves 9 en la tarde obedecía a que la mayoría de los delegados seguía sin recibir instrucciones, excepto Nicaragua, Paraguay, Haití, Perú, Ecuador y Estados Unidos, “quienes se inclinan” a favor de una reunión de cancilleres de acuerdo a la Carta de la OEA, en lugar del procedimiento invocado por la República Dominicana.  Esta idea parecía “seguir prosperando”.

El nuevo plazo podría ser utilizado para consultas con gobiernos “amigos” a los fines de lograr alcanzar los once votos necesarios para la aprobación de la propuesta presentada el dos de julio.  Lo único alentador parecía ser la promesa reiterada por el Presidente del Consejo de que en caso de alguna invasión a cualquier país americano “procedería inmediatamente“ a la convocatoria de una reunión de consulta de acuerdo con el artículo 43 de la Carta.

En vista del poco respaldo obtenido entre los miembros del Consejo, la actitud que finalmente decidiera adoptar el Brasil, adquirió una importancia capital para el Gobierno de Trujillo.  El nueve de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el informe escrito de las gestiones realizadas ante la Cancillería brasileña, en Río de Janeiro, por el embajador Julio Vega Batlle.  Según éste, el canciller Francisco Negrao de Lima tras admitir que la situación del Caribe era “alarmante y peligrosa”, consideraba indispensable la adopción de medidas para remediarlas.  El jefe de Itamaraty insistía ante el embajador Vega Batlle, de conformidad con su oficio número 654 de fecha 6 de julio a Herrera Báez, acerca de la necesidad de una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.  Una conferencia de ese tipo, razonaba, no sólo daría oportunidad al Gobierno dominicano para alcanzar los propósitos de su solicitud, sino que a la misma difícilmente podría oponerse Cuba y Venezuela, con lo que desaparecería, además, la conflictiva actitud de estos dos países al amenazar con retirarse de la OEA.

Vega Batlle informaba, asimismo, que al despedirse del canciller brasileño éste le habría revelado confidencialmente que poseía información de que Cuba se preparaba para alegar una amenaza de invasión de su territorio por fuerzas expedicionarias organizadas en la República Dominicana, lo cual negaría “enfáticamente” ante el ministro el embajador Vega Batlle.

Como muchos otros informes provenientes de otras representaciones diplomáticas en el exterior, el oficio del embajador en Brasil estaba lleno de elogios y adhesiones a la figura del dictador.  En su reunión con Negrao de Lima, Vega Batlle aseguraba haber puesto “el entusiasmo de mi fe en la causa de Trujillo”.

No todos los esfuerzos diplomáticos frente a las cancillerías americanas concluyeron con una nota de optimismo.  Tales fueron los casos de las gestiones emprendidas ante los ministros de Costa Rica y Panamá.  El encargado de negocios en San José, Alfredo Fernández Simó, no ocultó su frustración.  En carta de fecha 6 de julio, recibida varios días después en ciudad Trujillo, el diplomático confesaba que luego de varias tentativas inútiles por entrevistarse con el canciller Alfredo Vargas Fernández, éste finalmente le había recibido para comunicarle que a pesar de la gravedad de la situación en el Caribe, Costa Rica se inclinaba a favorecer “una fórmula de conciliación frente a la resistencia de Cuba y Venezuela”.

El extenso informe del embajador en Panamá, H.B. de Castro Noboa, estaba redactado en términos mucho más pesimista todavía.  “A pesar de mis insistentes empeños por obtener el apoyo de Panamá a favor del asunto, la Cancillería de este país me ha demostrado con su actitud de demora en contestarme y sus evasivas corteses, que la posición de Panamá no será otra que la que adopte en relación con nuestra solicitud la mayoría de los estados miembros de la OEA”.

Castro Noboa llamaba la atención sobre el hecho de encontrarse en Venezuela, como embajador de Panamá, “el conocido comunista Diógenes de la Rosa, quien fuera hasta hace poco Consejero Económico del presidente De la Guardia y quien es un íntimo amigo de Rómulo Betancourt y viejo compañero de éste y de (José) Figueres desde las actividades iniciales de la Legión del Caribe”.  En la opinión del embajador dominicano, “la acción del embajador de la Rosa ante su propio Gobierno, para evitar que Panamá apoye la solicitud dominicana, ha sido, sin duda, muy influyente en su interés de defender al actual régimen venezolano de nuestras fundadas acusaciones”.

Todo estaba preparado para la sesión decisiva ahora fijada para el día 10.  La noche antes, el embajador Díaz Ordóñez telegrafió al canciller Herrera Báez el mensaje siguiente, que este pasó al Presidente de la República en su memorándum 3661:

“Amigos nos aconsejan prudencia en materia (de) declaraciones públicas, antes de que haya sido votada la convocatoria de reunión de cancilleres”.

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