Pedro Esteva y Martín Valerio, representantes de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE). Foto: Danny Polanco
Pedro Esteva y Martín Valerio, representantes de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE). Foto: Danny Polanco

Freno a Romero genera alerta jurídica en el país, advierte Cámara Minera

La decisión reabre discusiones sobre el marco legal minero, la exploración y la confianza para los inversionistas

La decisión de detener cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, colocó nuevamente en el centro del debate nacional la forma en que República Dominicana gestiona las inversiones de alto impacto, el alcance de su marco regulatorio y la relación entre desarrollo económico, institucionalidad y demandas ambientales.

En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN Canal 37, Pedro Esteva, presidente de Cámara Minera y Petrolera (Camipe), y Martín Valerio, director ejecutivo, dejan al descubierto una visión sectorial que, sin negar la sensibilidad social y ambiental que rodea a proyectos de esta naturaleza, advierte sobre implicaciones económicas y jurídicas que van más allá de un caso puntual.

Desde el punto de vista de Esteva, la discusión no puede analizarse exclusivamente desde la reacción inmediata que provocó la decisión gubernamental sobre Romero, sino desde el rol que históricamente ha tenido la minería como actividad productiva, generadora de ingresos y dependiente de procesos largos de exploración, planificación y regulación.

“Camipe es una institución con 29 años; agrupa minería metálica, no metálica, proveedores de servicios e ingenieros geólogos, y vela por el desarrollo de la minería y de la industria petrolera en el país”, recordó. Ese contexto institucional fue el punto de partida para expresar preocupación por una decisión que involucró a uno de sus socios y que toca fibras más profundas que la suspensión de una iniciativa específica.

“La minería es una actividad económica que soporta la economía del país y que en los últimos años en promedio ha sido como un 2% del PIB”, sostuvo Esteva, enfatizando que el proyecto se encontraba en una fase de terminación de exploración, desarrollando estudios destinados a sustentar un eventual plan de explotación conforme a términos de referencia emitidos previamente por el Ministerio de Medio Ambiente.

Desde su óptica, la inquietud central no es únicamente la paralización, sino la señal que puede enviarse a la inversión de riesgo vinculada a la exploración minera. “Si hoy existen operaciones en fase de explotación es porque aproximadamente hace 15 años hubo inversión en exploración. Por tanto, cualquier desincentivo actual podría traducirse en una merma futura de proyectos, ingresos y aportes económicos para el país”, advirtió. No se anduvo con rodeos.

Ese planteamiento de Esteva ubica el caso Romero en una lógica de largo plazo, donde la exploración funciona como semilla de futuras actividades productivas, y donde las señales de confianza o incertidumbre impactan decisiones empresariales mucho antes de que exista explotación.

Mientras, Martín Valerio condujo buena parte de la conversación hacia el concepto de seguridad jurídica, uno de los temas más sensibles cuando se analiza clima de inversión. “Sí, definitivamente el tema de la decisión del presidente, que uno respeta, claro está, viene a sustituir las instituciones. En este caso estamos hablando de un estudio de impacto ambiental que el gobierno paraliza, y cuando lo paraliza, más que ser prudente, se convierte en una piedrita en el zapato para la seguridad jurídica, y entonces ya no toca solamente el tema minero. La seguridad jurídica es transversal al país y cuando digo transversal es porque no le da certeza a ninguna empresa que esté trabajando en República Dominicana”, advirtió. La preocupación de Valerio va más allá. “¿Por qué?, Porque se convierte en que cada vez que surja ese tipo de preocupaciones o manifestaciones el precedente está, de que el Presidente se pudiera pronunciar o el gobierno dominicano se pudiera pronunciar y parar un proceso que por ley esté establecido”, dijo.

El director ejecutivo de Camipe advirtió que cuando un proceso establecido dentro de un marco legal -como un estudio de impacto ambiental- se detiene por decisión gubernamental, en respuesta a presión o movilización social, se crea un precedente que puede ser observado por cualquier actor económico. El debate deja de ser exclusivamente sobre minería y se convierte en una discusión sobre certeza regulatoria. Concretamente, se refiere a que eso es peligroso, especialmente, si se tiene en cuenta la mirada de potenciales inversionistas, en distintas áreas. El país entra en cuestionamiento.

Nelson Rodríguez, Manuel Estrella, Martín Valerio, Pedro Esteva, Félix M. García C., Yanessi Espinal y Federico Jovine.

“No afecta únicamente a empresas mineras, sino a cualquier compañía que opere en República Dominicana y necesite garantías sobre continuidad de procesos legalmente establecidos”, apuntó.

La principal señal de alarma es que otros sectores puedan interpretar que procesos en curso podrían quedar sujetos a interrupciones similares. Sin embargo, tanto Valerio como Esteva insistieron en que esa preocupación institucional de la Camipe no implica desconocer ni minimizar las inquietudes ciudadanas. Por el contrario, uno de los aspectos más reiterados en la conversación fue que las preocupaciones sociales en torno al medioambiente son legítimas.

Una visión clara

Esteva reconoció que no hay dominicano ni extranjero que no deba preocuparse por el medioambiente, y señaló que precisamente esa realidad obliga a revisar una legislación minera que considera desfasada frente a los tiempos actuales. Se refiere a la ley minera de 1971.

Según los directivos de la Camipe, República Dominicana mantiene una mora legislativa con una normativa concebida en una época donde no existían ni el Ministerio de Energía y Minas ni el de Medio Ambiente, y donde tampoco operaba el mismo marco constitucional, institucional o penal actual.

“Nosotros en los últimos años, hemos trabajado en estar cerca de las comunidades, de la sociedad civil donde participamos junto con ellos en la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva y con diferentes grupos de interés, y hemos escuchado cuáles son sus preocupaciones de lo que significa hacer minería en República Dominicana. Entonces, la ley actual no recoge esas preocupaciones así tácitamente”, dijo Esteva.

En la conversación se abordaron distintos temas relacionados con minería y la economía.

Para la Cámara, esa antigüedad genera una superposición de funciones y vacíos, porque la ley incorpora elementos mineros, ambientales y reglamentarios dentro de una estructura diseñada para otra realidad nacional. Por eso, Esteva defendió la necesidad de un anteproyecto moderno que incluya herramientas tecnológicas para monitoreo del aire, agua y procesos ambientales, así como una relación más clara con la legislación medioambiental contemporánea.

En su planteamiento, una reforma permitiría mayor transparencia, claridad y confianza social. “Yo creo que va a ser mucho más transparente, mucho más claro si nosotros como país decidimos más pronto que tarde… tener ese anteproyecto de ley en la mano”, expresó.

Martín Valerio entiende que el debate legal no debe limitarse a una interpretación aislada de normas ambientales, sino considerar derechos fundamentales coexistentes, como la protección del medioambiente y libertad de empresa.

Al mencionar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2018, explicó que cuando esos derechos entran en tensión, corresponde utilizar instrumentos legales establecidos para resolverla, como estudios de impacto ambiental rigurosos. “Ahora lo que no tenemos certeza es qué es lo que se va a dañar porque el estudio no se termina”, afirmó.

Ese punto es clave en la visión de Camipe. Y agrega que sin concluir estudios técnicos sobre Romero, en la provincia San Juan (sur del país) quedan abiertas preguntas esenciales sobre riesgos, mitigaciones y real dimensión de posibles impactos. La conversación también se desplazó hacia una pregunta de fondo que persigue históricamente a la industria, respecto a si puede existir minería responsable. La respuesta de Esteva buscó desmontar la idea de que sostenibilidad sea una exigencia exclusiva para minería. “Cualquier actividad tiene que serlo”, aseguró.

Pedro Esteva y Martín Valerio, presidente y director ejecutivo, de la Cámara Minera.

Así las cosas, turismo, agricultura, industria y minería deben responder al mismo principio, de ser sostenibles económicamente, generar mejoras para las personas y reducir afectaciones ambientales. Reconoció que existen ejemplos negativos en la historia del país, especialmente vinculados a operaciones o cierres mal gestionados de empresas mineras, pero también defendió que hay modelos donde sostenibilidad y minería sí pueden coexistir o vivir juntos.

A su juicio, la clave está en términos de referencia rigurosos, instituciones capaces y planes de remediación serios. Se preguntó si el ministerio (de Medio Ambiente) cuenta con herramientas y fortaleza para elaborar términos de referencia que garanticen riesgos residuales mínimos. Desde la óptica de la Cámara, esa rigurosidad debería extenderse a todas las actividades económicas de impacto, no únicamente a minería.

El caso Romero, que movió a protestas en San Juan, se produce en un momento en que la ciudadanía dominicana parece más activa, más vigilante y más demandante frente a proyectos estratégicos. Esteva interpreta esa realidad como una señal de mayor empoderamiento social, algo que, según dijo, no sólo afecta minería, sino también discusiones sobre infraestructura, vertederos, carreteras y otras obras de relevancia nacional. Más que presentar esa presión social como obstáculo, la Camipe parece asumirla como una realidad que obliga a modernizar el diálogo. Valerio señaló que las protestas recientes dejaron identificadas preocupaciones sobre agua, territorio, comunidad, coexistencia sectorial e infraestructura.

De Izq. a Der: Andrés Tovar, Martín Polanco, Yanessi Espinal, Federico Jovine, Katherine Herández, Nelson Rodríguez, Pedro Esteva y Martín Valerio.

Ciclos institucionales en historia de RD

Martín Valerio dijo que el momento actual representa una oportunidad para construir una conversación más concreta entre Estado, sector privado y ciudadanía. En cuanto a Gold Quest, empresa vinculada a Romero, Valerio confirmó que forma parte de la Camipe y afirmó que, según la información disponible para ellos, ni la Cámara ni la empresa fueron consultadas previamente sobre la decisión.

El director ejecutivo de Camipe rememoró sobre los distintos ciclos institucionales y económicos por los que ha pasado República Dominicana, mientras la ley minera quedó anclada en otra época. “Es una ley ya de 55 años; es una ley que ni siquiera pertenece a este país, porque estamos hablando de los años 1970 ó 71, y estamos hablando que este país vive ciclos importantes, pero son ciclos que ocurren cada 30 años. Tú tienes el del 1965 hasta el 96, que consolidó nuestra democracia con las instituciones; luego viene ese periodo de los 90 hasta la fecha, que trajo una serie de leyes que nos permiten tener la economía que tenemos actualmente, y ahora estamos viviendo otro tiempo en el que la ciudadanía, el país, pide ver esos beneficios de forma tangible y que no se quede en la simple data, independientemente de que nuestra economía va muy bien”, dijo.

Y agregó: “La ley definitivamente nació en otro tiempo, no había una conciencia medioambiental, no había instituciones, de hecho lo que aquí se conocía como una institución de medioambiente era la Dirección de Foresta (…)”.

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