Santo Domingo, República Dominicana – En una jornada trascendental para el futuro de la justicia en el país, el doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, destacó este viernes las implicaciones de la propuesta de creación del Ministerio de Justicia para la Reforma Penitenciaria Dominicana.
Su intervención tuvo lugar en el marco de la Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana.
Contexto de la transformación del Sistema Penitenciario Dominicano
El doctor Peralta Romero explicó que el sistema penitenciario dominicano ha experimentado una oleada de reformas que comenzó hace apenas unas décadas. Durante un siglo, el sistema se sostuvo en el Código Penal Dominicano, vigente desde 1884, bajo la influencia del código napoleónico francés. Si bien el Nuevo Modelo Penitenciario, implementado a partir del año 2004, consiguió logros puntuales, no logró resolver los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento y descontrol que afectaban a las prisiones dominicanas.
En este contexto de búsqueda de mejoras, el actual Gobierno emitió la Ley núm. 113-21, la cual regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana y creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Esta Dirección opera bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, institución que históricamente ha dirigido el sistema penitenciario.
Sin embargo, el doctor Peralta Romero puntualizó que esta configuración no siempre caracterizó la realidad política y jurídica del país.
El Resurgimiento del Ministerio de Justicia
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo realizó un breve recuento histórico, enfatizando que el Ministerio de Justicia nació con la primera Constitución del país en 1844. Esta figura se mantuvo con ciertas intermitencias durante más de un siglo. No obstante, el 10 de diciembre de 1964, durante el Triunvirato, se promulgó la Ley núm. 485, que suprimió la institución y traspasó la mayor parte de sus funciones a la Procuraduría General de la República.
En los últimos años, el presidente Luis Abinader reavivó este debate, lo que resultó en la introducción de una propuesta acabada en el Congreso Nacional en febrero de 2023. Posteriormente, el Senado aprobó un texto enriquecido el pasado mes de junio, tras la reforma constitucional de 2024. Con estos avances, la propuesta se acerca cada vez más a convertirse en ley, pendiente únicamente de su conocimiento en la Cámara de Diputados.
Peralta Romero también resaltó una particularidad regional: de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, solo en tres –Ecuador, Nicaragua y la República Dominicana– las labores administrativas del gobierno en el ámbito de la justicia permanecen en manos del Ministerio Público.
El Poder Ejecutivo, afirmó, busca rescatar una figura que formó parte del diseño institucional original del Estado dominicano, y que las presiones políticas de su momento suprimieron incorrectamente. La intención es que el Ministerio de Justicia renazca como una entidad bien diseñada, coherente con el resto del ordenamiento jurídico, comenzando por la propia Constitución, y que la doten legalmente de las herramientas necesarias para enfrentar las necesidades de la población dominicana en distintos ámbitos relacionados con el sistema de justicia, especialmente el sistema penitenciario.
Implicaciones Estratégicas para la Gestión Penitenciaria y Correccional
La creación del Ministerio de Justicia traería consigo significativas implicaciones para el sistema penitenciario. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que el Ministerio de Justicia asumiría la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional. Para ello, se apoyaría en figuras institucionales clave: el ministro de Justicia, el viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales, y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
En cuanto al Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, este departamento asistirá al ministro de Justicia en funciones esenciales como:
- La coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional
- El diseño, la planificación y la supervisión de las políticas públicas penitenciarias y correccionales.
- El diseño, la planificación y la supervisión de las políticas públicas de reinserción social [7c].
La función de enlace del Poder Ejecutivo con las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto se relacione con el sector.
Por su parte, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales coordinará la ejecución y el seguimiento de los servicios penitenciarios y correccionales, basándose en las políticas públicas que el Ministerio de Justicia diseñe.
Además, la propuesta legislativa organiza un nuevo Sistema Penitenciario y Correccional, enfocado en la coordinación interinstitucional de las políticas públicas penitenciarias y correccionales. Este sistema funcionaría como un espacio común de intercambio, reuniendo a las instituciones públicas y a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector.
