San Juan, Puerto Rico – El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, conocido como “El Abusador”, presentó una demanda civil contra el gobierno de Estados Unidos y varios funcionarios del Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico. En la querella, Peralta solicita una compensación de $7 millones de dólares por alegadas violaciones a sus derechos constitucionales relacionadas con su tratamiento médico en prisión.
Peralta, arrestado en Colombia en 2019 y extraditado a EE.UU. en 2021, enfrenta cargos por liderar una organización de narcotráfico transnacional desde 1997. El FBI lo clasificó en 2017 como un “CPOT” (Objetivo de Control Prioritario), equiparándolo a figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán, debido al impacto de su organización en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En 2022, el acusado se declaró culpable en varios cargos relacionados con tráfico de cocaína. Desde entonces, su sentencia ha sido pospuesta en repetidas ocasiones, en medio de controversias sobre el proceso de descubrimiento de evidencia y alegaciones sobre su estado de salud.
Según documentos judiciales, Peralta alega que no ha recibido atención médica adecuada desde su ingreso al MDC y que sus múltiples reclamos verbales y escritos han sido ignorados. La demanda incluye acusaciones de “indiferencia deliberada” por parte del exalcaide del MDC y otros oficiales, además de la supuesta obstrucción del proceso administrativo de quejas.
No obstante, la jueza federal Camille Vélez Rivé denegó una solicitud de medida cautelar urgente, señalando que Peralta no presentó evidencia concreta que respaldara sus acusaciones, ni identificó con claridad a los oficiales involucrados. Además, destacó que el demandante no agotó el proceso administrativo interno requerido antes de llevar el caso a los tribunales.
“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante, pero esto no equivale a una negación de tratamiento adecuado”, escribió Vélez Rivé en su dictamen. Añadió que, como persona bajo custodia federal, Peralta no tiene derecho a elegir su médico ni su tratamiento.
Tras la negativa judicial, el abogado de Peralta apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, buscando revertir el fallo sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder a dicha moción.
Peralta continúa bajo custodia del Negociado Federal de Prisiones a la espera de su sentencia en el Tribunal Federal de San Juan.
