PUBLICIDAD X
CONTINUAR A ELCARIBE.COM.DO

Consecuencias económicas del caso Odebrecht

El caso Odebrecht está sacudiendo los cimientos del sistema político dominicano. ¡Enhorabuena! La evidencia de lo que era largamente sospechado, que la corrupción estaba ampliamente extendida y que alcanzaba las más altas instancias del poder…

El caso Odebrecht está sacudiendo los cimientos del sistema político dominicano. ¡Enhorabuena! La evidencia de lo que era largamente sospechado, que la corrupción estaba ampliamente extendida y que alcanzaba las más altas instancias del poder político, está emergiendo con una fuerza indetenible.

Este caso se suma otros de muy alto perfil como los del senador Félix Bautista y del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, en los cuales se percibe que la justicia no fue servida por obra y gracia del poder político que condicionó a los tribunales. Más recientemente, Diandino Peña, funcionario a cargo de un enorme proyecto de infraestructura desde 2004, fue vergonzosamente “desnudado” por la periodista Alicia Ortega al increparle por serias evidencias de posible falseo en su declaración jurada, algo penado por la ley.

Hechos poco controvertidos

En el caso Odebrecht, hay al menos cuatro hechos poco controvertidos. Primero, hubo un robo descomunal al Estado por la vía de la sobrevaluación de contratos para construcción de obras de infraestructura, que se hizo posible gracias al soborno a funcionarios de la administración pública y a legisladores. No conocemos la dimensión del drenaje de recursos que eso implicó para que esa empresa y los sobornados recibieran ganancias extraordinarias, pero está claro que comprometió y continuará comprometiendo por algunos años la capacidad del Estado de proveer servicios públicos indispensables. Eso va a tener un impacto directo en cómo vive la gente, en los barrios y en los campos. Va a prolongar su vida en inseguridad, con una educación de baja calidad, con servicios de salud muchas veces vergonzosos, y con una infraestructura y un hábitat precarios.

Segundo, esos recursos crearon fortunas espurias sobre la base de esquilmar al Estado y a las personas de este país. Seguramente varias de ellas financiaron la creación de empresas y/o fortalecieron, de forma desleal, empresas y grupos económicos existentes, en especial aquellas asociadas a los proyectos obtenidos de forma delictuosa. Esto puso una desventaja a otras empresas que no cometieron ese delito, reduciendo las riquezas producidas por estas últimas, y desestimulando la producción legítima.

Tercero, esos recursos también financiaron campañas electorales, por lo que influyeron en los procesos políticos en el país. Dieron un impulso a candidatos y candidatas quienes, desde puestos de mando, favorecerían a Odebrecht y sus socios locales con contratos lesivos para el Estado. Quienes no se comprometieron con el delito, quedaron en desventaja. Aunque está lejos de ser un pecado exclusivo de Odebrecht y compartes, una vez más, la democracia y la competencia política equitativa quedaron desvirtuadas.
Cuarto, el conocimiento del caso ha dado un impulso sin precedentes a la movilización de la ciudadanía contra la corrupción, y ha elevado el nivel de intolerancia de ésta frente a hechos delictivos contra el Estado.

Las consecuencias económicas

Por las dimensiones del escándalo, por el enorme peso que tenían y tienen los contratos con esa empresa en el presupuesto de inversión pública, y por el alto perfil político de los supuestos involucrados en el caso, las implicaciones económicas son inevitables. Se puede pensar en al menos cuatro.

La primera es que, junto con muchos países de la región, la reputación del país se ve severamente lastimada. La percepción de corrupción generalizada y de la existencia de alto riesgo se expande, y con ello los indicadores del clima de negocios se deterioran. El resultado es que se alejan inversiones, en especial las de más calidad, las más comprometidas y que apuestan al largo plazo. Las que no se alejan son las inversiones rapiña, las que no se comprometen sino que buscan altos beneficios de corto plazo, y que a veces corrompen para lograr sus objetivos.

Para contrarrestar ese efecto, puede crecer la tentación de las autoridades por ofrecer más incentivos y hasta subsidios a la inversión extranjera, debilitando la base tributaria. También, en vez de enfrentar el problema de raíz, crece el incentivo para crearle a la inversión, especialmente a la extranjera, regímenes de excepción institucional, como el caso de las zonas francas, para aislarlas de ese entorno problemático, lo cual fractura aún más la economía al crear islas económicas desconectadas del resto.

La segunda es que, al quedar develada la participación directa de figuras prominentes de los dos principales partidos, y además, al quedar comprometida la reputación del liderazgo político nacional en general, la incertidumbre política crece. Las finanzas pueden reaccionar buscando protección en el dólar, por ejemplo, produciéndose presiones devaluatorias por encima de las normales. Lo esperable es que la autoridad monetaria reaccione apretando la política monetaria para que la tasa de interés suba, el incentivo a mantener depósitos en pesos se mantenga y la gente no corra al dólar. Lo malo es que el costo de tomar prestado e invertir también crece, afectando el crecimiento y el empleo. También crecería el costo de la deuda pública denominada en pesos, lastimando las finanzas públicas y dejando menos dinero para las cosas importantes.

La tercera es que a medida que la credibilidad y la legitimidad del gobierno se erosionan, porque el caso salpica cada vez más cerca (p.e. sobornos para el financiamiento de Punta Catalina, su proyecto estrella, y admisión de financiamiento de campañas electorales) y porque se acrecientan las dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público, políticamente subordinado al presidente de la República, éste se ve crecientemente imposibilitado de liderar reformas urgentes como la fiscal y la del sector eléctrico. Esto supone una posposición de la solución a esos problemas, mayores costos de enfrentarlos y mayores probabilidades de que se resuelvan de forma dolorosa.

La cuarta es que con el conocimiento del caso y el inicio del proceso judicial, se empieza a desmontar la estructura mafiosa que tenía capturada una porción muy elevada de los contratos de infraestructura pública. Esto abre la posibilidad de que nuevos entrantes participen en las licitaciones, con mejores ofertas, contribuyendo potencialmente a hacer la inversión pública más eficiente y efectiva.

El reto, sin embargo, es evitar que se reproduzcan esas prácticas, y que sea un “quítate tú para ponerme yo”. Aunque lo llevó a niveles impensables, Odebrecht no se inventó los sobornos para obtener contratos. De hecho, parece que ha sido una práctica regular. De allí que el riesgo de que ésta se mantenga vital sigue estando presente.

Estas consecuencias serían de corto y mediano plazo. Las de más largo plazo dependen de la capacidad que tenga la sociedad de forzar la renovación del sistema de partidos, de forjar nuevos liderazgos políticos, y de contribuir a transformar la política desde un negocio por y para el poder y el enriquecimiento a uno que procure atender los asuntos colectivos.

Si esto sucede, los costos de hoy serán una inversión de alto rédito.

Posted in Edición Impresa, Panorama
agency orquidea