Luego de la crisis enfrentada en la Cámara de Cuentas, la Contraloría tiene rol protagónico en fiscalización
Luego de la crisis que enfrentó la Cámara de Cuentas por el conflicto entre los miembros del pleno de este órgano que llegó hasta el Congreso Nacional para que a estos se les hiciera juicio político, la Contraloría General de la República ha tomado un rol protagónico en lo que respecta a las auditorías realizadas en las instituciones, las cuales se están haciendo públicas desde mediados de este año.
Desde junio pasado, el Gobierno decidió publicar todas las auditorías de control interno que realiza la Contraloría General a las entidades y, mientras esto ha estado en curso durante estos meses, esta ha tomado mucha notoriedad en lo que respecta al control y a la fiscalización de los recursos del Estado.
Aunque la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas tienen atribuciones específicas distintas porque la primera es de control interno y la segunda de control externo, ambas tienen la función de fiscalizar y velar por la buena ejecución de los recursos.
El 26 de junio, cuando ya la Cámara de Cuentas se encontraba en crisis, el presidente Luis Abinader anunció que por primera vez en sus 94 años de existencia la Contraloría General de la República daría a conocer los resultados de todas las auditorías con el objetivo de que la población supiera en qué “se están invirtiendo los recursos” que pagan en impuestos. En ese momento, Abinader dejó claro que el Gobierno daba esa autorización en cumplimiento a una promesa de campaña y un compromiso personal que tenía con el país. No obstante a esto, desde entonces, la Contraloría General de la República ha liderado en la publicación de hallazgos en las instituciones.
37 auditorías en tres meses
El primer paquete de auditorías fue publicado a finales de junio de este año. Se trató de 18 informes que mostraron irregularidades administrativas en igual número de dependencias estatales, entre ellas seis ministerios, algunas direcciones generales, con temas vinculados a compras, nóminas y gastos de combustibles.
El pasado 13 de septiembre, la Contraloría publicó un último paquete de investigaciones que contenía otros 19 informes de auditorías correspondientes a la actual gestión.
Félix Santana García, contralor general, dijo que estas auditorías se publicaban para potenciar el régimen de transparencia en la gestión pública. Al momento de anunciar la salida de los últimos informes, el contralor general dijo que a pesar de las facultades y competencias de la Contraloría General de la República, estas nunca se aplicaron y su rol institucional había quedado en un segundo plano respecto a las auditorías en sus diversas modalidades.
Aunque desde el Gobierno central se afirmó que la mayoría de las anomalías que han sido detectadas son “administrativas, procedimentales y subsanables”, han figurado en dichos informes la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Gabinete de Política Social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Ministerio de la Juventud, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).
También el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Fuerza Aérea de República Dominicana, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
De igual forma, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Minería, Ministerio de Deportes y Recreación, el Ministerio de Turismo, Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y la Superintendencia de Electricidad.
Asimismo, al Ministerio de la Presidencia, la Utepda, ProCompetencia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri) y Edenorte.
El prcedimiento utilizado
De acuerdo con la Contraloría, el proceso de fiscalización o auditoría aplicada a las instituciones bajo el ámbito de la Ley del Sistema Nacional del Control Interno y la Contraloría, se inicia con una comunicación dirigida al incumbente de la institución objeto de la auditoría, mediante la cual se le informa el inicio del proceso de la Auditoría Interna de Enfoque General, que abarca el levantamiento y evaluación de las informaciones financieras y de gestión operacional. A través de la misma comunicación se presenta el equipo de auditores acreditados que intervendrán en la realización de la auditoría.
Días después, se remite otra comunicación, en la que se le informa a la misma institución a ser auditada, que, para facilitar la experticia, se le requieren todas las informaciones correspondientes al período a ser auditado.
