La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en un trabajo conjunto con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), ha revelado la detección de diversas violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) durante el año 2024. Ante la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo ya fue remitido a la Procuraduría General de la República para las acciones legales correspondientes.
Los análisis detallados de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, todos destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyeron entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales.
Hallazgos Preocupantes: Vínculos y Omisiones
El informe conjunto de la Unidad Antifraude y la DGCP identificó indicios relevantes de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre los oferentes. Estos indicios surgieron del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, sugiriendo una coordinación previa para influir indebidamente en los resultados de los procesos de contratación.
Entre las principales violaciones destacadas se encuentran la flexibilización indebida de criterios de evaluación y la omisión de firmas y documentos obligatorios. Además, se aplicaron medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
El informe también señala una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones. Asimismo, se encontraron insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.
Confabulación de Funcionarios y Expertos bajo Investigación
La investigación arrojó indicios de una posible confabulación entre funcionarios del Inabie y determinados proveedores. Esto se evidenció en patrones de comportamiento que sugieren una coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante las licitaciones.
Las prácticas observadas incluyen la flexibilización de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles documentales, y la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.
Además, se detectó un comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores y de los coordinadores responsables, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada, e incluso informes alterados. También se identificaron inconsistencias notables entre los informes preliminares y definitivos sin justificación, así como indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales.
Medidas Urgentes y Futuras Acciones Legales
Debido a estas acciones, que comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia en las contrataciones públicas, los hallazgos también serán remitidos a otras autoridades competentes para investigación especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recordó que ya había recomendado suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos vinculados a ellos, hasta la conclusión de las investigaciones en curso. Estas recomendaciones buscan proteger los fondos públicos de posibles erogaciones indebidas.
La DGCP continúa con tres investigaciones de oficio sobre la legalidad de los procedimientos INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos). Los resultados preliminares ya emitidos para los contratos de mochilas y zapatos indican irregularidades que vician la adjudicación de 98 contratos de zapatos y 103 de mochilas. Los resultados para polos y pantalones, así como las decisiones finales sobre los tres procedimientos, están aún pendientes
