La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) anunció que las Mipymes pagarán una cuota simbólica de apenas RD$100 pesos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) si el Congreso Nacional no modifica, antes del 30 de junio, los “abusivos” arbitrios de la Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos.
El gremio, que agrupa a dirigentes de las 32 provincias, tomó la medida en un pleno nacional de dirigentes, tras denunciar incrementos desproporcionados en las tarifas, las cuales habrían saltado de RD$30,000 a RD$155,000 y de RD$260,000 a RD$675,000 pesos.
Argumentan que, como la ley no especifica el porcentaje del primer pago, el monto de RD$100 los mantiene en la legalidad mientras el Congreso legisla. A dos semanas del vencimiento, lamentan la falta de soluciones junto a la DGII y el Ministerio de Industria y Comercio.
Crisis por competencia desleal
El sector se declaró en “desesperación” por la inacción de Pro-Competencia ante el avance de comerciantes chinos y grandes cadenas farmacéuticas. Alertaron que la situación tiene operando bajo el punto de equilibrio a sus 5,553 ferreterías afiliadas y amenaza con desaparecer a 3,995 farmacias tradicionales.
Otorgaron un plazo de 15 días antes de iniciar protestas.
Paralelamente a la resistencia fiscal y los plazos otorgados, el equipo jurídico de la FDC evalúa interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y una denuncia formal ante los organismos reguladores.
Los comerciantes aseguran que defenderán la estabilidad del comercio local en todos los escenarios posibles, argumentando que las políticas actuales vulneran el principio constitucional de equidad tributaria y libre competencia.
García advirtió que de mantenerse la inercia gubernamental ante estos reclamos, los costos operativos acumulados inevitablemente se transferirán al consumidor final, encareciendo los productos de primera necesidad.
El dirigente comercial enfatizó que el sector no resiste más presión financiera.
Frontera y comisión por uso tarjetas de créditos
Finalmente, rechazaron el decreto de “puertos secos” en la frontera por otorgar un monopolio a una sola empresa, lo que afecta a miles de familias.
Asimismo, exigieron al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos regular a Visanet y Cardnet, denunciando comisiones elevadas de entre 4% y 8% en pagos con tarjeta.
