La Unión Nacional de Empresarios (UNE) presentó ayer jueves una propuesta de cinco ejes estructurales para guiar la modificación de la Ley número 42-08 sobre Defensa de la Competencia.
La entidad gremial exigió al Congreso Nacional abrir un espacio de consulta efectiva con el sector productivo formal antes de sancionar el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, pieza que derogaría la legislación vigente.
El posicionamiento fue fijado por el presidente de la UNE, Julio García, durante un encuentro empresarial que contó con la participación de María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
García advirtió que, si bien el gremio respalda la fiscalización de los mercados, las nuevas regulaciones no pueden convertirse en un freno para la inversión ni en un castigo para el sector formal que cumple con sus obligaciones impositivas.
“Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó el dirigente empresarial, quien vinculó directamente la sostenibilidad económica del país a la existencia de reglas previsibles y a la proporcionalidad regulatoria.
Como primer eje del plan, el gremio empresarial plantea que la reforma garantice la libre competencia sin lesionar el desarrollo legítimo de las empresas locales.
La propuesta hace especial énfasis en blindar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), bajo el argumento de que el nuevo marco legal debe protegerlas frente a la informalidad agresiva y los abusos de posición dominante en el mercado.
Asimismo, el plan establece que toda actuación de la autoridad reguladora debe fundamentarse en criterios técnicos que sean objetivos, públicos y revisables. Para el empresariado formal, este principio debe ir de la mano con la preservación estricta de la confidencialidad de la información estratégica y los secretos comerciales, especialmente durante las fases de investigación, análisis de mercado y revisión de operaciones.
Para mitigar el impacto de las nuevas normativas, la UNE propone la implementación de un periodo de transición razonable tras la aprobación de la ley.
Esta prórroga técnica deberá estar acompañada de programas públicos de capacitación dirigidos a que el tejido empresarial conozca a fondo sus obligaciones.
Proponen agenda de trabajo tripartita
El gremio subraya que ninguna política pública con impacto directo en el mercado puede diseñarse al margen de los sectores que producen, invierten y generan el empleo en la República Dominicana.
Bajo este enfoque, la UNE planteó que ProCompetencia trascienda su rol estrictamente sancionador y funcione como un aliado del desarrollo que identifique y desmonte barreras burocráticas .
