Ley Contrataciones redefine el vínculo Estado-industria

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas abre un escenario de oportunidades y desafíos para el sector industrial.

Viene a redefinir la relación entre el Estado y sus proveedores, fortalecer la producción nacional y elevar las exigencias de transparencia, eficiencia y valor en el uso de los recursos públicos.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) celebró ayer su primer Encuentro Industrial del año, dedicado al análisis de los alcances, oportunidades y retos que plantea la nueva Ley de Contrataciones Públicas desde la perspectiva del sector industrial.

Durante la apertura del encuentro, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, señaló que la nueva normativa constituye un hito en el proceso de modernización del Estado dominicano, al redefinir la relación entre el sector público y sus proveedores y fortalecer la contratación pública como instrumento de desarrollo, eficiencia y creación de valor para la sociedad.

La actividad contó con la participación central del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, así como de autoridades y representantes del sector industrial, y se desarrolló como un espacio de intercambio técnico orientado a fortalecer la comprensión y aplicación efectiva de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas en la República Dominicana.

En su disertación, Carlos Pimentel reafirmó el compromiso del órgano rector con la implementación firme, ordenada y transparente del nuevo marco normativo, que favorece la producción nacional y promueve una participación más activa del sector industrial en las compras del Estado.

Indicó que en esta etapa la DGCP busca brindar claridad, generar confianza y acompañar a los proveedores industriales para que puedan integrarse de manera competitiva y conforme a la normativa, para contribuir al desarrollo económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de la industria nacional.

De su lado, Brache valoró de manera positiva la incorporación de principios como la planificación, la transparencia, la libre competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Destacó especialmente el criterio de “valor por dinero”, que permite evaluar no solo el precio, sino también la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental de las ofertas, lo que abre nuevas oportunidades para una industria formal, innovadora y responsable.

Reiteró la disposición de la AIRD de colaborar activamente en la fase de implementación de la ley.

Tiene más exigencias, es un reto para la industria

Brache indicó que la nueva normativa plantea desafíos para el sector industrial, en particular en materia de mayores exigencias técnicas, administrativas y de cumplimiento, por lo que consideró clave acompañar su implementación con procesos de capacitación, orientación y diálogo permanente entre las autoridades y el sector productivo. Resaltó los avances vinculados al uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

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