Santo Domingo, RD – La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia una reforma profunda del Código Penal del país. Una comisión especial presentó este miércoles un informe que incluye modificaciones clave, buscando sancionar a los agentes policiales o militares que restrinjan los derechos ciudadanos durante sus intervenciones. Estas propuestas, que cuentan con el consenso de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Defensoría Pública, prometen transformar la interacción entre autoridades y civiles en la República Dominicana.
Grabar Arrestos Ahora es un Derecho Protegido
Una de las adiciones más destacadas al Código Penal es la propuesta de modificar el artículo 286. Este artículo no permitiría que ningún miembro militar o policial detenga la grabación o filmación de un «arresto, registro o allanamiento» que se practique contra un ciudadano o un tercero.
La ley sancionará con quince días a un año de prisión menor y una multa de una a dos veces su salario a los agentes que infrinjan esta disposición.No obstante, los diputados aclaran que esta norma no aplicaría si la grabación «interfiere con la labor del agente o pone en riesgo su integridad». Además, para proteger la privacidad de la persona intervenida, solo se podrá publicar la grabación si esta da su consentimiento.
Fin a las Revisiones Vehiculares Arbitrarias: Nuevas Sanciones para Agentes
El informe de la Cámara de Diputados también aborda la práctica de las revisiones injustificadas de vehículos de motor. El nuevo artículo propuesto sancionará a los agentes policiales, militares o funcionarios que ordenen o realicen la revisión de un vehículo sin causa probable de una infracción penal o fuera de los casos autorizados por la ley.
Las penas para esta infracción incluyen quince días a un año de prisión menor y una multa de uno a dos salarios mínimos del sector público. Si la acción del agente involucra el «uso de la fuerza injustificada, daño al vehículo, intimidación o daño personal», la pena se agravaría, aumentando de uno a dos años de prisión menor y elevando la multa de tres a seis salarios mínimos. Los representantes de las principales bancadas políticas —el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)— firmaron el documento que contiene estas variaciones.
Amplia Reforma al Código Penal: Otras Tipificaciones Clave
Más allá de la conducta policial, el proyecto de ley propone una extensa lista de nuevas tipificaciones penales. Entre ellas, se encuentran la acumulación de penas, el terrorismo, el sicariato y el genocidio.
La reforma también introduce infracciones muy graves de guerra e infracciones de lesa humanidad, así como la desaparición forzada de personas. Se tipifican diversas formas de feminicidio –feminicidio agravado, feminicidio conexo, y violencia conexa en escenario feminicida–, la inducción y cooperación al suicidio, y los daños con sustancias químicas como el conocido «ácido del diablo».
Asimismo, el proyecto contempla el trato cruel, inhumano o degradante; el robo de identidad (simple y agravado); la perturbación telefónica; la difusión de audio e imágenes sin consentimiento; y la divulgación de información secreta. En el ámbito tecnológico y genético, se incluyen la captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distintos a la procreación y reproducción asistida no consentida.
Finalmente, la ley aborda la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, la negligencia o imprudencia en el control de subordinados, el atentado imprudente contra la vida, la responsabilidad de personas jurídicas por atentados culposos contra la vida, el bullying (simple y agravado), y las operaciones comerciales con niños y adolescentes. También se consideran responsabilidades de personas jurídicas que provocan incapacidades de más de 60 días, entre otras.
El informe aún debe ser acogido y aprobado en segunda discusión por los diputados antes de ser enviado al Senado de la República para finalizar el procedimiento legislativo. De ser favorecido, la decisión de su promulgación recaería sobre el Poder Ejecutivo.
