El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, cuestionó duramente la decisión del Gobierno dominicano de aprobar 15,000 permisos de trabajo para migrantes haitianos. Afirmó que esta medida representa un “grave obstáculo” para el proceso de repatriación y una violación directa a la Constitución.
Gómez Ramírez advirtió que esta acción, anunciada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, transgrede el artículo 3 de la Carta Magna. “Se trata de una medida que atenta contra la soberanía nacional. Además, documentar ciudadanos de otro país sin la debida legalidad es intervenir en asuntos internos ajenos, algo prohibido por nuestra Constitución”, declaró en un comunicado de prensa.
El dirigente nacionalista también criticó que el ministro Cruz admitiera registrar directamente a trabajadores haitianos indocumentados, señalando que incluso algunos de ellos están vinculados a su empresa privada. “Eso compromete aún más la legitimidad del proceso”, puntualizó.
Gobierno defiende la medida
Por su parte, el ministro Limber Cruz defendió la entrega de permisos al asegurar que responde a una necesidad urgente del sector agropecuario, en especial del rubro bananero. Explicó que los beneficiarios son haitianos que llevan tiempo laborando en el país y que ya han iniciado un proceso de regularización.
Cruz afirmó que esta medida fue solicitada por productores nacionales de banano ante la falta de mano de obra local. “Estamos dando respuesta a una necesidad del campo dominicano. Estos permisos son transitorios y benefician a trabajadores que ya están registrados”, expresó.
Mientras tanto, el debate continúa. Para unos, se trata de una solución práctica a un problema estructural; para otros, una amenaza directa a los principios constitucionales y a la soberanía nacional.
