Buenos Aires.- Amnistía Internacional (AI) pidió este martes que Argentina no expulse a la dominicana Liz Moreta, madre de tres menores de edad, después de que la Justicia le denegara a la mujer presentar un recurso ante la Corte Suprema.
Moreta, quien llegó al país hace más de 15 años procedente de República Dominicana, fue condenada en 2006 a cuatro años de prisión por contrabando de estupefacientes, una pena de la que cumplió el 75 %, según establece la ley.
Un año después, en 2007, la Dirección Nacional de Migraciones (DNE) ordenó su expulsión, que no llegó a producirse por el recurso que interpuso en el que manifestó su voluntad de permanecer en el país.
En 2016 la DNE rechazó su petición, ante lo que Moreta continuó presentando recursos que quedaron truncados tras la decisión del pasado viernes de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
«Ahora el Estado reactiva el proceso de expulsión y finalmente el viernes pasado tuvo denegado por la Justicia su recurso extraordinario a la Corte Suprema. Con eso ya el Estado podría emitir una orden de retención y expulsarla del país», señaló a Efe la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Marques.
Moreta tiene en el país a su esposo y a tres hijos menores de edad, de los que tendría que separarse si es expulsada, lo que para AI supone la vulneración de la normativa del Comité de los Derechos del Niño, dependiente de las Naciones Unidas (ONU), que establece protecciones al «interés superior del niño» y a la unidad familiar.
Desde la organización internacional aseguran que este caso es «uno de tantos» que se han dado en el país desde que en 2017 el Gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley de Migraciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por el cual se estableció, entre otras cosas, un proceso abreviado para expulsar a un extranjero en tres días.
Este DNU supuso, para AI, un hecho «regresivo» en la política migratoria del país.
«Uno de los patrones que estamos empezando a ver, que no nos constaba antes, es la expulsión de personas migrantes que llevan muchos años en el país, que crearon una arraigo y que tienen hijos. Son expulsadas de un momento a otro, separándose de su familia y sin siquiera el tiempo de preparar este cambio dramático en sus vidas», agregó Marques.
Además apuntó no solo a las autoridades migratorias, sino también a una Justicia que con fallos como el de la ciudadana dominicana está «reconociendo» los principios del DNU que atentan contra tratados internacionales.
«Lo que está haciendo la Justicia es reconocer como válida la discrecionalidad del DNU en no aplicar estos principios de interés superior del niño y unidad familiar como dispensas a una eventual expulsión», concluyó.
El DNU de 2017 sigue vigente a pesar de que el año pasado fue declarado inconstitucional por la Justicia del país y al rechazo mostrado por varios organismos internacionales.
