Redacción.– El inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, quien dirigió durante décadas el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y fue una de las principales figuras de la respuesta sanitaria de Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19, se acogió este miércoles a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos durante una tensa audiencia en el Senado.
La comparecencia se realizó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por el senador republicano Rand Paul, quien investiga decisiones adoptadas durante la pandemia, incluidos aspectos relacionados con el origen del SARS-CoV-2 y el financiamiento de investigaciones científicas. Fauci declinó responder a numerosas preguntas formuladas por los legisladores, invocando su derecho constitucional a no autoincriminarse.
La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense establece, entre otras garantías, que ninguna persona puede ser obligada a declarar en un procedimiento cuando sus respuestas puedan utilizarse posteriormente para incriminarla penalmente. En la práctica, acogerse a este derecho permite a un testigo negarse a responder determinadas preguntas bajo juramento si considera que hacerlo podría exponerlo a consecuencias legales.
Especialistas en derecho constitucional recuerdan que invocar la Quinta Enmienda no constituye una admisión de culpabilidad ni crea una presunción legal de que la persona haya cometido un delito. Se trata de una protección prevista en la Constitución de Estados Unidos que puede ser ejercida por cualquier ciudadano cuando existe el riesgo de autoincriminación.
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Durante la audiencia, Rand Paul sostuvo que el exfuncionario debía responder a las preguntas del comité y advirtió sobre la posibilidad de impulsar un procedimiento por desacato al Congreso. Por su parte, Fauci afirmó que había seguido el consejo de sus abogados y denunció que la investigación en su contra tiene un trasfondo político.
Fauci se convirtió en una de las figuras públicas más conocidas durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Como principal asesor del Gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, participó en el diseño y comunicación de las medidas de salud pública durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden.
Su gestión recibió reconocimiento por parte de numerosos sectores científicos, pero también fue objeto de fuertes críticas, especialmente entre dirigentes republicanos, por decisiones relacionadas con las restricciones sanitarias, el uso de mascarillas, las vacunas y las investigaciones sobre el origen del coronavirus.
La audiencia se produce en un contexto de renovado escrutinio político sobre la gestión de la pandemia en Estados Unidos, un debate que continúa generando divisiones varios años después del inicio de la crisis sanitaria.
