La empresa de inteligencia artificial Anthropic, desarrolladora del modelo Claude, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump luego que el Pentágono la clasificara como un “riesgo para la cadena de suministro”. La compañía sostiene que la medida es ilegal y responde a su negativa a permitir que su tecnología se utilice en armas autónomas o vigilancia masiva.
Según reportó Associated Press, Anthropic presentó dos acciones judiciales: una ante un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. y otra ante un tribunal federal en California. El objetivo es impugnar la decisión del Departamento de Defensa que, en la práctica, podría limitar su participación en contratos vinculados con el gobierno estadounidense.
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Choque entre ética tecnológica y seguridad nacional
El conflicto comenzó cuando Anthropic estableció límites claros sobre el uso de su inteligencia artificial en aplicaciones militares. La compañía afirmó que Claude no debe emplearse para sistemas de armas autónomas ni para vigilancia masiva, una posición que ha defendido públicamente su director ejecutivo, Dario Amodei.
Las autoridades estadounidenses, sin embargo, exigieron autorización amplia para utilizar la tecnología en cualquier escenario legal relacionado con operaciones militares. La empresa se negó a conceder ese permiso general, lo que derivó en tensiones con el Pentágono.
De acuerdo con los reportes, herramientas de Anthropic fueron utilizadas dentro del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) para tareas de inteligencia y localización de objetivos durante operaciones militares en Oriente Medio, incluso en el contexto del reciente ataque estadounidense contra Irán.
La respuesta de la Casa Blanca y el argumento legal
El presidente Donald Trump criticó a la empresa y la calificó como una “compañía progresista de izquierda radical”, argumentando que ninguna empresa privada debería imponer límites a la forma en que las fuerzas armadas conducen operaciones militares.
Como resultado, la administración decidió clasificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una designación que históricamente se ha aplicado a empresas extranjeras sospechosas de espionaje, particularmente compañías tecnológicas chinas.
La empresa sostiene que la medida constituye una represalia política. En su demanda, Anthropic afirma que la Constitución de Estados Unidos no permite al gobierno castigar a una empresa por ejercer su libertad de expresión ni por establecer límites éticos sobre el uso de su tecnología.
El propio Amodei señaló en una carta reciente que la compañía considera que la acción del gobierno “no es legalmente sólida” y que recurrir a los tribunales era la única alternativa disponible.
