Brasilia. El Gobierno de Brasil expresó que “deplora y rechaza, una vez más las manifestaciones indebidas” de Estados Unidos sobre el proceso por golpismo que cursa en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro.
La cancillería brasileña, en una nota oficial, sostuvo que “tales manifestaciones no coinciden con los 200 años de respeto y amistad entre los dos países”, después de que funcionarios de la Embajada estadounidense en Brasil y del Departamento de Estado reiteraran sus críticas al proceso contra el líder de la ultraderecha.
El comunicado critica “la politización” por parte del gobierno de Donald Trump de cuestiones comerciales bilaterales, después de que el líder republicano amenazara a Brasil con aplicar aranceles del 50 % a todos los productos brasileños por lo que ha considerado una “caza de brujas” contra Bolsonaro.
“Brasil está negociando con las autoridades estadounidenses, desde marzo, cuestiones relativas a los aranceles”, un asunto “de interés mutuo” y que debe ser tratado de forma que beneficie a “ambas economías”, dice la nota.
También reitera, como ha dicho el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que Brasil es “un país democrático, cuya soberanía no está ni estará jamás en una mesa de negociación”.
La semana pasada, la cancillería ya había convocado al encargado de negocios de EE.UU. en el país, Gabriel Escobar, para protestar por una nota de esa delegación en apoyo a Bolsonaro, publicada luego de que Trump dijo que el expresidente era tratado de forma “muy injusta” por la Justicia brasileña.
Horas después, el mismo día, Escobar fue convocado nuevamente, pero para protestar por una carta difundida por Trump, en la que amenazaba gravar a los productos brasileños precisamente por el proceso judicial contra el líder ultraderechista.
Acusaciones: delitos de “golpe de Estado”
Según la Fiscalía, Bolsonaro y otros siete reos en un juicio que tramita en la Corte Suprema incurrieron en los delitos de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza”. El fiscal general, Paulo Gonet, entregó este lunes al tribunal sus alegatos finales.
